Desde que tengo uso de razón, he visto en televisión a presidentes de Colombia sobrevolando en helicóptero la zona de La Mojana mostrando las severas inundaciones en los territorios de los departamentos que la componen Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia.
En esta temporada, en la que las imágenes vuelven a repetirse, hay más de 200.000 hectáreas afectadas. Pasan las décadas, pasan los gobiernos, y seguimos atrapados en la reacción. No logramos dar el salto hacia una prevención estructural que reconozca que, aunque existen zonas naturalmente inundables, hemos intervenido el funcionamiento de humedales y cuencas que podrían amortiguar las crecientes. Peor aún, hemos permitido la expansión de asentamientos en territorios cuyo riesgo es conocido y creciente.
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La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres promueve, desde su creación, un enfoque preventivo por encima del reactivo. Los estudios son claros: cada dólar invertido en reducción del riesgo puede generar retornos promedio de hasta 15 dólares.
Sin embargo, hoy sólo 50 centavos de cada 100 dólares de la asistencia internacional para desastres se destinan a prevención. Seguimos financiando la atención de la emergencia más que la anticipación. Las ayudas humanitarias son indispensables, pero no transforman la raíz del problema en un contexto de variabilidad climática donde cada vez llueve más en menos tiempo, o menos en períodos más prolongados.
La verdadera resiliencia depende del estado de nuestros ecosistemas. Humedales, meandros y manglares son esenciales: son infraestructura natural. Del estado de la naturaleza —que ayuda a absorber y almacenar el agua de lluvia en tiempos de exceso, reduciendo el riesgo de inundación, y que la libera gradualmente en tiempos de sequía— depende nuestra resiliencia frente a eventos climáticos extremos.
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También importan las decisiones humanas. Las dinámicas urbanas que toleran asentamientos en zonas de alto riesgo y las prácticas agrícolas que transforman ecosistemas reguladores en áreas de ganadería o cultivos extensivos perpetúan el ciclo de vulnerabilidad.
Finalmente, la prevención exige algo más que discursos: requiere transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. En Colombia, entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han estado rodeadas de escándalos de corrupción. Cuando la corrupción captura la prevención, e incluso la reacción que brinda ayudas esenciales en situaciones de emergencia, el desastre se amplifica y perpetúa. El rigor de las entidades de control es esencial para garantizar la protección y el buen uso de estos recursos, dado el estrecho vínculo que existe entre su adecuada gestión y la protección de vidas humanas.
En un mundo inestable y cambiante, planificar con enfoque preventivo es más que un asunto técnico, es una obligación ética. Lo previsible no debería sorprendernos. Y lo prevenible no debería seguir costándonos vidas, territorios y décadas de aprendizaje ignorado.
*Divulgador científico y autor del libro «El ABC Visual del Cambio Climático».
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Por Santiago Aparicio*
