*Director Ejecutivo Patrimonio Natural
En Colombia, el auxilio de transporte permite a una persona con salario mínimo en Bogotá realizar 55 viajes al mes en Transmilenio. Si una decisión política bajara el auxilio a solo la décima parte de la suma actual, con seguridad habría un levantamiento popular y se estimaría justificado hacerlo.
Esa cantidad reducida representaría para quien devenga el salario mínimo cerca del 0.1% de sus gastos, proporción equivalente a cuanto representa el gasto total de los países del mundo en preservar la biodiversidad respecto a la producción anual total de la economía mundial. Ese porcentaje indica que la humanidad no valora la biodiversidad en forma consecuente para conservarla y usarla de manera viable.
Los mercados, es claro, desatienden casi por completo esa necesidad básica de la humanidad de un entorno natural saludable. En Colombia las proporciones de estas cifras (inversión en biodiversidad vs. producción de la economía nacional) son semejantes. En el país y el mundo requerimos un sistema de valores diferente al estrictamente económico, si queremos el manejo viable y la efectiva preservación de esa inestimable riqueza natural.
La convención de la biodiversidad plantea tres objetivos centrales muy básicos y en apariencia simples: conservar esa diversidad, usar sosteniblemente y repartir justa y equitativamente los beneficios del uso de los recursos genéticos. En Colombia hemos avanzado en el primero, con un sistema de áreas protegidas significativo, pero aún distante de estar consolidado y de contar con el debido arraigo en la cultura de la sociedad colombiana.
En los otros dos objetivos, aunque carecemos de evaluaciones rigurosas, se puede presumir que tenemos un rezago sustantivo, a pesar de transcurridos más de 24 años de haber suscrito la convención y de contar con diversos planes, estrategias y proyectos, así como de haber contado con un presupuesto precario pero suficiente para lograr mucho más de lo alcanzado hasta ahora.
Con la expectativa de contar con herramientas concretas, la Convención sobre la Diversidad Biológica ha tenido en el Global Environmental Facility (GEF en inglés), el principal instrumento financiero de la comunidad internacional para contribuir a lograr los tres objetivos generales. En sus 30 años de existencia ese fondo ha invertido un promedio anual menor a US$1.000 millones, en cinco temas (cambio climático, biodiversidad, contaminación con químicos, economía circular y aguas internacionales), con un 30% de ese presupuesto para la biodiversidad.
En complemento, la COP 15 en biodiversidad – en 2023- creó el “Fondo para el Marco Global de la Biodiversidad”, el cual quedó bajo la administración del GEF, con la meta de reunir cifras significativas superiores a las del GEF en conjunto. Por ahora solo se han comprometido cerca de US$220 millones para dicho fondo.
En el contexto de la convención del Cambio Climático, se creó el Global Climate Fund -GCF en inglés o Fondo de Cambio Climático, que hasta ahora aseguró compromisos de financiación por un total de US$33.000 millones para el período 2014-2026, en apoyo a todos los temas relacionados con superar los retos en estos campos en más de 120 países de economías medias o menores (menos de US$22 millones por país al año). La atención de este fondo a la biodiversidad es limitada, lo que fue evidente en el diagnóstico que condujo a la decisión de crear el fondo dedicado a estos temas en el GEF.
Diversos análisis dan un peso dominante a las fuentes privadas como la opción para reducir la brecha de financiación de la biodiversidad que cuenta tan solo con U$1 dólar invertido por cada US$6 dólares requeridos.
Esa interpretación no solo no guarda consistencia con la tendencia existente en los mercados de una aguda desatención a estos temas, sino que además exigiría fuertes compromisos de los gobiernos para incentivar a los privados a involucrarse, siempre bajo la lógica de garantizar utilidades a estos sectores, lo que sesga y limita las áreas de inversión.
En Colombia, el plan nacional de desarrollo propone la meta de 750.000 hectáreas en restauración, un campo de política estratégico con altísimos retos y una historia inestable e incierta de respuestas públicas y privadas durante cuatro décadas de acciones al respecto. Esta meta es deseable, pero significa un fuerte contraste con las ejecuciones de estas tres décadas, con cerca de 500.000 hectáreas intervenidas en total, y exige, según el gobierno nacional, inversiones del orden de $11 billones de pesos en cuatro años, o un promedio anual equivalente a un tercio de todo el presupuesto ambiental del país.
La respuesta a esas escalas y retos implica una visión sustantivamente diferente de la valoración de estas riquezas naturales y de los arreglos sociales, institucionales, económicos y financieros para hacer viable alcanzar la meta en restauración y seguir a ritmos semejantes. Exige superar las lógicas de los mercados y aproximaciones presupuestales ortodoxas que busquen llegar a estos órdenes de magnitud.
Requerimos un urgente cambio de nuestra cultura frente a la conservación y en particular de nuestra cultura de la restauración de la naturaleza. Necesitamos arreglos múltiples, adecuados a la variedad de territorios y de capacidades en todos los niveles de gobierno, así como frente a los esquemas de gobernanza existentes en los territorios, que en efecto involucren a las comunidades y a las organizaciones sociales, además de al conjunto de las entidades que deben concurrir.
La COP 16 de biodiversidad tiene que asegurar compromisos multilaterales y de país mucho más significativos. Igual las ciudades dependientes de esa naturaleza deben asumir compromisos a fondo; en especial ciudades con parques nacionales en sus territorios (Cali, Santa Marta y Bogotá) o con parques con volcanes en áreas protegidas cercanas que generan riesgos (Pasto y Manizales).
Un tema central son los compromisos vinculantes para la estructuración de estrategias financieras en la escala necesaria para preservar la biodiversidad. Sin una transformación a fondo de las estructuras financieras y de arreglos mucho más efectivos en la gestión, es imposible asegurar nuestra continuidad como especie y la viabilidad de miles de especies cada vez más amenazadas.
En este sentido, es inaplazable transformar entidades multilaterales como el GEF, las agencias bilaterales, el sistema de Naciones Unidas en estos temas, los arreglos interinstitucionales e intersectoriales en los países, así como el enfoque y la efectividad de las múltiples iniciativas ciudadanas. Es fundamental entender la sostenibilidad financiera en forma amplia, compleja e integral, más allá de conseguir dinero y distribuirlo. Los sectores privados no asumirán sus responsabilidades de manera voluntaria, menos si no les resulta rentable.
Por lo mismo, todos los niveles de gobierno tienen la misión central de orientar mayores recursos en las escalas requeridas y de manera efectiva, e inducir a los particulares y los empresarios a cumplir sus obligaciones. La ciudadanía debe involucrarse en medida mucho más activa, empezando por demandar estos cambios fundamentales.
Por eso, en una economía de mercados es hora de entender la importancia de aplicar con rigor, a fondo y en forma generalizada el concepto constitucional de la función ecológica de la propiedad. Solo así Colombia asumirá una valoración sustantiva y consecuente de la riqueza natural que tenemos y, en consecuencia, la COP 16 tendría alguna relevancia.
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Por Alberto Galán S.*
