En 2018, San Lorenzo, un municipio de más de 16 mil habitantes ubicado en Nariño, sentó un precedente en la lucha de las comunidades para salvaguardar sus territorios de los megaproyectos y evitar los riesgos ambientales. El domingo 25 de noviembre de ese año, en las calles de este departamento se instalaron mesas de votación, cada una contó con la presencia de jurados que se encargaron de entregar los tarjetones en los que los pobladores señalaban si estaban de acuerdo o no con la explotación minera en su territorio. De este proceso hizo parte Ana Castillo, lideresa campesina de la Red Social de Familias Lorenceñas Las Gaviotas.
A pesar de que los resultados de la votación fueron vigilados por la Misión de Observación Electoral (MOE), las Personerías municipales, la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Nariño, la Javeriana y la Nacional, no fueron legales al no contar con el apoyo económico de la Registraduría. “Cuatro días antes de la votación, ellos, por medio de un comunicado, dijeron que no había presupuesto”, comenta la lideresa de 24 años. Al igual que San Lorenzo, otros 11 municipios tenían este mismo problema. Finalmente las elecciones se realizaron. “Fueron legítimas: 6.600 personas mayores de edad decimos que no estábamos de acuerdo”, apunta. (Puede leer: La lideresa que lucha porque el Chocó no se “ahogue” en el mercurio)
Esta consulta, recuerda Ana, fue la primera que tuvo en cuenta la opinión de los niños y niñas desde los cinco años. “Llevamos la consulta popular legítima a los colegios. La mayoría de ellos no estaban de acuerdo con que hubiese proyectos mineros dentro del territorio. Decían que eso representaba deterioro para el territorio y muerte”, añade. Ana, quien es estudiante de ingeniería agroforestal en la Universidad de Nariño, comenzó su interés en los temas ambientales por su mamá, Raquel Minda. “Ella es defensora del territorio, especialmente del agua, hacemos parte de diferentes movimientos” apunta.
El principal movimiento es la Red Social de Familias Lorenceñas Las Gaviotas, liderado completamente por mujeres. Surgió hace más de 20 años bajo la dirección de siete mujeres campesinas. “En San Lorenzo se presentaba mucho machismo y se creía que la mujer solamente servía para estar en la casa y de estar al cuidado de la familia y de su marido”, dice Ana, mientras pasa algunas de las fotos de las mujeres que han hecho parte de este proceso y del que, por supuesto, hace parte su mamá. A lo largo de los años, se unieron algunos hombres y jóvenes de la región. Hoy son más de 200 familias. (Le puede interesar: En caza autorizada por Botsuana matan a uno de los elefantes más grandes de África)
Una de esas luchas que han liderado es la de preservar el agua. Por eso, el lema que acompaña su trabajo es “el agua vale más que el oro”. Una pugna que incrementó cuando el gobierno entregó títulos mineros a algunas empresas extranjeras. En 2011, por ejemplo, inició exploraciones Mazamorras Gold, uno de los seis proyectos colombianos de Gran Colombia Gold, empresa canadiense que tiene 43.000 hectáreas concesionadas en Colombia. En 2017 llegó AngloGold Ashanti a extraer minerales, principalmente de oro, lo que trajo algunas afectaciones ambientales, como la contaminación de las fuentes hídricas.
San Lorenzo, el segundo productor de café de Nariño, es un municipio que vive de la agricultura y el daño que estaba provocando la extracción del oro a la tierra y el agua llevó a concientizar a los pobladores de la problemática ambiental por la que estaban atravesando. “La gente se da cuenta y nos organizamos para defender el territorio”, apunta Ana, “de ahí fue que surgió la consulta popular. Fuimos los primeros a nivel nacional en realizarla”, añade. El municipio se convirtió en ejemplo para otros territorios en el Cauca que estaban atravesando la misma situación, como Mercaderes, donde en 2019 se hizo la consulta. (También puede leer: Día de la Tierra: ¿por qué deberíamos cambiar nuestra relación con la naturaleza?)
El liderazgo ambiental y juvenil de Ana fueron reconocidos para conformar el proyecto de Mujeres por la Justicia Climática, una iniciativa de la fundación Barranquilla +20, que busca la inclusión de género en las políticas de cambio climático y en su implementación en Colombia. “La idea es tener una red consolidada de mujeres para la justicia climática y establecer un documento con recomendaciones para el país”, señaló Xiomara Acevedo, directora de la fundación durante la presentación del plan. Esta iniciativa fue elegida para contar con el apoyo económico de la Fundación Bill & Melinda Gates.
Al igual que Ana, fueron escogidas otras 15 mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, principalmente, menores de 30 años de 16 departamentos que están aportando acciones para combatir al cambio climático desde sus territorios. Esta experiencia, dice Ana, le ha servido para adquirir nuevos conocimientos y llevarlos a su comunidad. “Para mí seguir con este liderazgo significa una vocación, algo que a uno le nace. No solo lucho por lo mío, también lo hago por las generaciones futuras para que puedan disfrutar de lo que nosotros tenemos, de esos recursos naturales y de esa biodiversidad está en peligro”, apunta. (Puede interesarle: Dantas y armadillos, entre las 223 especies que se cazan en Colombia para subsistir)
Ahora, dice Ana, después de lograr ganar la consulta y de retirar, por un tiempo, la megaminería de su territorio, señala que el reto es seguir pendiente de los proyectos que van a adelantar las multinacionales en la zona. “Ganar la consulta no quiere decir que los títulos se pierdan. Siguen vigente”, advierte. De hecho, dice, en Colón Génova, también en Nariño, más del 90% está concesionado. “El municipio se perdería totalmente. Y sí se desarrolla no solo va a afectar a nuestro municipio, sino que el impacto es a nivel regional”, puntualiza. Para San Lorenzo y para Ana el agua es la prioridad y lo más valioso que encuentra en su territorio.