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La Sierra Nevada de Santa Marta vuelve al centro del debate nacional. Esta vez el foco no está en su fragilidad ecológica, que debería bastarnos, ni en su importancia cultural, que nadie discute. Vuelve por una pregunta que aparece cada vez que el Estado reconoce territorialidades indígenas: ¿Qué pasa con los demás?
La pregunta es legítima. En la Sierra habitan los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Junto a ellos viven también comunidades negras, campesinas, urbanas, ribereñas y pescadoras, además de pueblos indígenas vecinos y actores institucionales y económicos. Cualquier decisión sobre la Sierra exige cuidado, diálogo y garantías. Esa preocupación legítima merece tomarse en serio. Otra cosa es convertirla en argumento para debilitar la Línea Negra o presentar el reconocimiento territorial de unos pueblos como una amenaza contra otros, como ocurre en algunos medios de opinión.
El Decreto 0514 de 2026 precisa el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Lo hace a través del sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, un ámbito tradicional de especial protección espiritual, cultural y ambiental. El decreto se fundamenta en la Ley de Origen, la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT y decisiones constitucionales sobre diversidad étnica, ambiente, patrimonio cultural, autonomía y protección territorial.
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Este decreto responde a una historia larga de reconocimiento, desconocimiento y disputa. La Línea Negra antecede al Decreto 1500 de 2018 y al Decreto 0514 de 2026. Su protección estatal arranca jurídicamente con la Resolución 02 de 1973, que demarcó la Línea Negra o Zona Teológica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada y reconoció el acceso a sitios de pagamento sin afectar derechos de terceros. En la cosmovisión de los cuatro pueblos, la Línea Negra existe desde el origen. Más adelante, la Corte Constitucional reiteró que el territorio indígena va más allá del resguardo titulado: abarca también áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso por fuera de los resguardos.
Reducir la Línea Negra a un polígono administrativo es no entender su sentido. Para los cuatro pueblos de la Sierra, el territorio comprende un sistema vivo de relaciones espirituales, ambientales y materiales, no una suma de predios ni una línea sobre un mapa. El Decreto 0514 recoge esa comprensión cuando habla de conectividad entre espacios sagrados, litoral, aguas continentales, mar, ecosistemas y recursos naturales. Los Cuatro Pueblos lo señalaron en su comunicado del 27 de mayo: la Línea Negra, Jaba Seshizha, es el orden de la Madre establecido desde el origen. Es una línea de pensamiento que conecta los espacios sagrados desde Gonawindúa hasta las lagunas, los ríos, las costas y el mar. En tiempos de crisis climática, esta visión es una advertencia común. La vida depende de relaciones que el derecho occidental suele fragmentar.
La nulidad del Decreto 1500 de 2018 por parte del Consejo de Estado abrió un periodo de incertidumbre. El alto tribunal encontró problemas en la cartografía oficial disponible al momento de expedir la norma y en la ausencia de consulta previa a otras comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas dentro del polígono. Esa decisión generó preocupación: podía leerse como un retroceso frente a la protección de un territorio ancestral y ambientalmente estratégico. También dejó una tarea: corregir los supuestos déficits procedimentales sin sacrificar el núcleo del derecho protegido. El Decreto 0514 responde a ese mandato. Estuvo precedido por un proceso de diálogo interétnico, voluntario y de buena fe en el marco de la consulta previa, tal como lo reconocen los propios Cuatro Pueblos.
Ahí está el punto. La respuesta a la pregunta por “los otros pueblos” pasa por más diálogo, más coordinación intercultural, más garantías y más reconocimiento. El debate no debería ser escoger entre Arhuacos, Kogui, Wiwa, Kankuamos, Wayuu, Ette Ennaka, Taganga, comunidades negras, campesinas o habitantes urbanos. La pregunta es cómo conviven territorialidades distintas en un espacio común que sostiene la vida del Caribe y del país.
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El Decreto 0514 no afecta ni suprime derechos de otros grupos. Su texto señala que el ámbito de aplicación se da “sin perjuicio” de derechos adquiridos, derechos de terceros y derechos de otras comunidades, conforme a la Constitución y la ley. Incorpora como principio el respeto a la propiedad privada, a los derechos adquiridos y a los derechos de otras comunidades. Conviene repetirlo: buena parte del debate público se contamina con miedos que no corresponden al contenido jurídico de la norma.
Reconocer que el decreto preserva derechos de terceros tampoco significa negar las tensiones. Existen. Hay tensiones entre derechos territoriales indígenas, propiedad privada, intereses económicos, ordenamiento ambiental, autoridades locales, comunidades vecinas y expectativas de desarrollo. La pregunta democrática no es si esas tensiones son reales, sino cómo se tramitan. Y el camino está en crear mecanismos efectivos de coordinación, consulta, participación y resolución intercultural de conflictos, no en desconocer la Línea Negra.
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La Sierra Nevada merece una protección mejor comprendida, mejor coordinada y mejor explicada. El país necesita entender que la territorialidad de los cuatro pueblos es una forma histórica de cuidado de un territorio del que dependemos muchos más. La protección de la Línea Negra conviene a los pueblos indígenas de la Sierra. También a quienes vivimos en las ciudades, a quienes dependemos del agua, a quienes cultivan, a quienes pescan, a quienes habitan la parte baja, a quienes defienden la biodiversidad y a quienes ni siquiera conocen la Sierra y reciben sus beneficios ambientales.
La Sierra Nevada es fuente de agua, sistema de conectividad ecológica, archivo cultural vivo y territorio sagrado. En medio de la crisis climática, protegerla es una medida de supervivencia global que nos incumbe a todos. Mientras el país discute si la Línea Negra limita o incomoda, los pueblos de la Sierra llevan décadas recordándonos que no hay futuro posible si se rompe el equilibrio entre montaña, mar, ríos, bosques, sitios sagrados y comunidades.
La invitación es a leer este decreto como un reconocimiento específico dentro de un territorio plural. Reconocer la territorialidad ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo exige también escuchar la voz de los demás pueblos y comunidades. Exige aceptar que la Sierra tiene una historia jurídica, espiritual y ambiental que no puede quedar a merced de coyunturas políticas, presiones económicas o temores infundados.
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La conversación que sigue debería ser sobre quién gana cuando se protege integralmente la Sierra Nevada de Santa Marta. La respuesta es clara: ganan los pueblos indígenas, ganan las comunidades que habitan la Sierra y sus alrededores, gana el Caribe, gana Colombia y gana la posibilidad de imaginar un ordenamiento territorial que integre la cultura con la naturaleza y los derechos con la vida.
*Directora de asuntos estratégicos en Amazon Conservation Team y profesora de la Universidad del Rosario
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Por Juana Hofman*
