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A 30 kilómetros al sur de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, un nuevo proyecto identificó más de 680 millones de toneladas de este mineral. La idea de Best Coal Company (BCC), una filial de la multinacional turca Yildirim Holding, es abrir tres puntos de extracción minera entre San Juan del Cesar y Barrancas, y construir una línea férrea de 150 kilómetros que transporte el carbón hasta Dibulla, todo en territorio guajiro.
Una de las minas, la más pequeña, está cerca de cumplir el proceso para iniciar su construcción y empezar a extraer carbón. Queda en Cañaverales, un corregimiento de San Juan del Cesar, y se estima que tiene reservas de más de 11 millones de toneladas, de las cuales extraería 7,5 millones de toneladas en un período de 10 años, según información de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad que otorgó el título minero a la compañía.
En el territorio habita el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, la única población con la que no se concluyó el proceso de consulta previa realizado por Best Coal Company. El punto de excavación y el botadero de estéril, como se conoce al material que se remueve para alcanzar el carbón, se ubicarían a una distancia de entre uno y dos kilómetros del casco urbano de Cañaverales. Además, limitan con la Reserva Forestal Protectora del Manantial de Cañaverales, una zona clave para la protección del río que lleva el mismo nombre y que abastece de agua a varias comunidades de la región.
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) ya está evaluando la solicitud de licencia ambiental presentada por Best Coal Company, el último paso necesario para iniciar la explotación de carbón. Sin embargo, Los Negros de Cañaverales han reclamado en varias ocasiones que no han recibido información completa sobre los impactos del proyecto y que no se ha garantizado su derecho a la consulta previa antes de presentar la solicitud de licenciamiento. La empresa, por su parte, ha calificado de “dilatorias” las acciones presentadas por la comunidad durante la consulta previa.
Todo esto ocurre durante el proceso de transición energética en el que, según el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, La Guajira sería el departamento impulsor de las energías renovables para abandonar progresivamente la explotación de carbón térmico, uno de los combustibles que más gases de efecto invernadero —los que aceleran el cambio climático— genera en el mundo.
Varios intentos para explotar carbón
La mina de Cañaverales empezó a planearse desde 2008, cuando se entregó título del área a MPX (que luego pasaría a llamarse CCX), una empresa de capital brasileño. En 2011, tras ser declarado un proyecto de interés nacional por el potencial de exportación de carbón y la importancia de este combustible durante esos años, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó una licencia ambiental con la que podría empezar a explotar el mineral. En ese momento, como explica un informe publicado en 2024 por el Centro de Investigación y Educación Popular - Programa por la Paz (CINEP), el Ministerio de Interior respondió a una solicitud de la empresa, asegurando que en el territorio no había presencia de comunidades étnicas, por lo que no se hizo consulta previa.
A pesar de contar con la licencia, el proyecto nunca se construyó y MPX decidió venderlo a Best Coal Company, que hoy es propietaria del título minero. Las intenciones de explotar se retomaron en 2018, cuando empezó a actualizarse el estudio ambiental, pues un año antes la ANLA había declarado la pérdida de vigencia para los permisos que se habían entregado en 2011.
En 2018 también se presentaron los primeros reclamos por parte de las comunidades de la región, dentro de las que estaban Los Negros de Cañaverales. Por orden judicial, el Ministerio del Interior debió corregir el error de 2011 y reconocer que en el área del proyecto, entre San Juan del Cesar y Fonseca, había cinco consejos comunitarios afros que tenían derecho a la consulta previa antes de entregar una licencia ambiental. Como consecuencia de esa decisión, la empresa empezó a organizar las primeras reuniones de la consulta previa entre 2019 y 2020, justo antes de la pandemia.
Jenny Ortiz, investigadora del CINEP y una de las autoras del informe, ha seguido de cerca el proceso desde que se organizaron las primeras reuniones. Best Coal Company, cuenta, “utilizaba una presentación de PowerPoint para socializar el proyecto con las comunidades, pero en Cañaverales pedían que se les diera a conocer el proyecto completo, incluyendo sus anexos técnicos y de impacto ambiental, para tomar una decisión informada”. Durante esas reuniones, el objetivo era aprobar la primera etapa, conocida como pre-consulta, y acordar una ruta metodológica para el resto del proceso.
Sin embargo, y como consta en una decisión de un juzgado administrativo de Riohacha, La Guajira, la empresa alegó una “continua reticencia, negativa y numerosas actitudes dilatorias por parte de dicha comunidad y de su Junta Directiva para adelantar la Consulta Previa”. Con este argumento, solicitaron al Ministerio del Interior que se aprobara una medida conocida como Test de Proporcionalidad, un “mecanismo aplicado posterior al cierre del proceso de consulta previa cuando no se lograron acuerdos entre el ejecutor del proyecto y las comunidades étnicas”, según una directiva presidencial de 2020.
Para Ortiz, las “actitudes dilatorias” a las que hace referencia la empresa “no son otra cosa que pedir que se les garantice el derecho al acceso a la información”. Además, Andrea Díaz, ingeniera ambiental y parte del equipo del CINEP que ha acompañado el proceso, explica que el proceso de consulta previa con el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales “llegó hasta la fase de la definición de la ruta metodológica tras siete reuniones”. En ese punto, y sin haber llegado a la etapa de definición de acuerdos sobre la mitigación de impactos del proyecto, la empresa solicitó que se aplicara el test de proporcionalidad, que se aplicó en 2024, cuando la compañía solicitó la licencia ambiental a Corpoguajira, que empezó a evaluarla en octubre y, hasta ahora, sigue en ese proceso.
El Espectador intentó contactar a Best Coal Company por medio de su cuenta de Instagram, que figura como canal de contacto en el visor de proyectos de la Agencia Nacional de Minería, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
La nueva solicitud de licencia ambiental
La Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales, como explica un documento de Corpoguajira, alberga fuentes de agua que provienen de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. También, es el hábitat de especies de árboles y plantas como “carreto (Aspidosperma polyneuron), guayacan (Bulnesia arbórea), ébano (Libidibia ebano) y palma grata (Bactris guineensis), las cuales están en peligro por una evidente reducción en el tamaño de sus poblaciones”.
Además, la corporación también respondió a un cuestionario enviado por este medio, en donde asegura que “el área de intervención del Proyecto Minero Cañaverales no presenta superposición con la Reserva forestal protectora Manantial de Cañaverales; sin embargo, el área de influencia presentada por la Sociedad sí se observa un traslape con dicha reserva”. Corpoguajira también asegura que su equipo técnico se encuentra evaluando las posibles afectaciones presentadas por la Best Coal Company en el estudio de impacto ambiental, para considerar si otorga o no la licencia.
En 2024, Imelda Daza Cotes, senadora del partido Comunes, citó a la Comisión Accidental Minera en el Senado para hacer seguimiento al proceso de licenciamiento de la mina “para garantizar la protección del manantial, que no solo abastece de agua a las personas, sino que es clave para el riego de cultivos y la economía de la región”. Hubo dos cosas, cuenta, que le llamaron la atención sobre el proceso que ha adelantado la empresa para construir la mina. Una de ellas fue la aplicación del test de proporcionalidad; la otra, la solicitud de la empresa para disminuir la capacidad máxima de extracción de carbón anualmente.
De acuerdo con la senadora, en 2022, la empresa presentó la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA dos veces. La primera, “bajo el expediente VPD 0182-00-2022. Tras una reunión de verificación documental, el 16 de agosto de 2022 se concluyó que la información era ‘No conforme’, por lo que no se dio inicio al trámite de licenciamiento”. En la segunda ocasión, un expediente (VPD0281-00-2022) se habría radicado el 22 de noviembre. “El 15 de septiembre de 2023, tras la etapa de verificación preliminar, el resultado fue nuevamente ‘No conforme’”, cuenta Daza.
Cuatro meses después —el 11 de enero de 2024—, Best Coal Company presentó una solicitud para que el proyecto bajara de una capacidad anual que se acercaba a los 1.2 millones de toneladas de carbón, a 800.000. En uno de los documentos enviados a la Agencia Nacional de Minería, al que accedió El Espectador, la empresa justifica su solicitud en que hay “un posible contrato de operación de mina” en el que la “máxima capacidad operativa del contratista es de 800.000 toneladas de carbón”.
Pero, tanto las investigadoras del CINEP como la senadora Daza creen que hay que tener en consideración un efecto de esa solicitud: los proyectos por debajo de 800.000 toneladas, según la ley en Colombia, se consideran de mediana minería y dejan de ser competencia de la ANLA, entidad que había archivado dos solicitudes de licencia ambiental a Best Coal Company. El cambio en la capacidad de extracción de carbón hizo que el trámite pasara a ser facultad de Corpoguajira, razón por la que en octubre presentaron la nueva solicitud ante esa corporación.
Una audiencia clave
La noche del viernes 9 de mayo, Best Coal Company publicó en sus redes sociales la invitación formal a la Audiencia Pública de socialización del Estudio de Impacto Ambiental presentado a Corpoguajira y que se encuentra en evaluación. Será el 14 de junio en San Juan del Cesar, en donde participarán el CINEP y otras organizaciones reconocidas como terceros intervinientes, como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
En la página web de la corporación se publicarán los documentos presentados por la compañía en su Estudio de Impacto Ambiental. “Nosotras estamos preparando un informe técnico que vamos a presentar durante esa audiencia. Y como CINEP hay más de 15 organizaciones reconocidas como terceros intervinientes”, explica Ortiz.
Mientras tanto, como dijo Geania Gámez, presidenta del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, seguirán haciendo un llamado a “proteger el territorio” de los posibles impactos que tendría la explotación de carbón en su población y en los ecosistemas de los que han vivido durante años, una experiencia que han vivido a pocos kilómetros, en las minas de carbón del sur de La Guajira y el norte del Cesar.
Por Andrés Mauricio Díaz Páez
