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23 Oct 2022 - 10:47 p. m.

Lo que se podría mejorar de la política de pagos por servicios ambientales

Sofía López Cubillos, una de las autoras de un estudio publicado sobre este tema, resume los hallazgos de la investigación. “Esta política ha ignorado las áreas de mayor provisión de ambos servicios ecosistémicos”, señalan en el documento. Opinión.

Sofía López Cubillos *

Los pagos por servicios ambientales son un instrumento que pueden estimular que los propietarios, poseedores y ocupantes conserven o restauren sus tierras.
Los pagos por servicios ambientales son un instrumento que pueden estimular que los propietarios, poseedores y ocupantes conserven o restauren sus tierras.
Foto: Mauricio Alvarado

El gobierno del presidente Petro ha dicho que Colombia debe convertirse en una potencia mundial en la producción de alimentos, lo cual es un objetivo imprescindible para combatir el alza de precios de la comida y disminuir la dependencia del sector de hidrocarburos. No obstante, hay que ser cautelosos en cuanto a la expansión de la frontera agrícola porque la puede llevar a fatales impactos sobre el medio ambiente y la sociedad. (Puede leer: Así custodia el pueblo Awá uno de los rincones más biodiversos de Colombia)

Por ejemplo, la expansión del aguacate se ha duplicado desde el 2016 al 2020, pasando de 40 mil a 80 mil hectáreas. Esto puede ser preocupante, pues no solo es un cultivo que requiere una sobreextracción de recursos hídricos como tal, sino al cierre de carreteras terciarias por parte de multinacionales que limitan el acceso a estos recursos a las comunidades locales.

Uno de los mecanismos para favorecer el crecimiento sostenible de la frontera agrícola consiste en los pagos por servicios ambientales, pues es un instrumento que pueden estimular que los propietarios, poseedores y ocupantes conserven o restauren sus tierras. Es imprescindible que estos pagos se hagan en zonas con alta biodiversidad, alta provisión de servicios ambientales y poca idoneidad de los suelos para la producción agrícola, pues de esta manera se disminuyen los conflictos socio-ambientales.

Desde el 2017, la resolución CONPES 3886 ha delineado la política para pagos por servicios ambientales a nivel nacional. El objetivo de esta política es crear lineamientos para la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de iniciativas de pago por servicios ambientales. Dicha política selecciona municipios que hagan parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para la protección o restauración de ecosistemas estratégicos (ej. páramos) donde se capture de carbono y se mantenga el suministro de agua. (Le puede interesar: Por pesca ilegal, Armada Nacional decomisó 6.000 kilos de pescado a barco extranjero)

No obstante, un estudio liderado por la doctora Sofía López Cubillos, de la Universidad de Queensland, en conjunto la profesora Dolors Armenteras de la Universidad Nacional y los doctores Andrés Suárez Castro y José Manuel Ochoa del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, muestran que esta política ha ignorado las áreas de mayor provisión de ambos servicios ecosistémicos.

Adicionalmente, no calcula los beneficios económicos que los campesinos podrían dejar de recibir por la producción agrícola al conservar o restaurar áreas, lo cual podría llevar una implementación poco costo-efectiva si se centran en áreas idóneas para la producción agrícola.

El estudio liderado por López Cubillos utilizó una herramienta de planeación sistemática, la cual es una metodología que permite maximizar varios objetivos pero que al mismo tiempo se tengan restricciones para alcanzar dichos objetivos. En este caso, el pago por servicios ambientales tendría como objetivo maximizar la equidad social, la protección de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales; y como restricción se tiene el presupuesto destinado para cumplir con los pagos por servicios ambientales para el año 2030.

Para ello, López-Cubillos combinó información sobre las áreas con el mayor potencial para capturar carbono y suministro de agua a nivel nacional, así como municipios PDET y los ecosistemas estratégicos. El estudio plantea que las áreas seleccionadas en la CONPES son subóptimas. En el mapa se observa el área seleccionada dentro del CONPES para la implementación de los pagos (gris oscuro) y las áreas más óptimas encontradas por la herramienta de planeación sistemática (en rojo). (También puede leer: Nueva Zelanda intentará ponerle precio a los gases que producen las vacas)

Aunque se puede observar que hay varias zonas en común entre el CONPES y el estudio (como es en Chocó y Cauca), se observa que hay unas zonas fuera del CONPES (círculos azules), las cuales son vitales tanto para el secuestro de carbono, la provisión de agua, la conservación de la biodiversidad y la equidad social.

Por ejemplo, en Putumayo, Valle del Cauca y Tolima hay varias áreas importantes para la equidad social y secuestro de carbono, las cuales no han sido priorizadas por el CONPES. Se observa en general que las áreas escogidas por el gobierno muestran una reducción del 34% de la captura de carbono en comparación a la planeación sistemática. Adicionalmente al tomar en cuenta la oferta y demanda hídrica, la planeación sistemática muestra que se debe priorizar principalmente en áreas más centrales del país y no tanto hacia las periferias.

Los resultados subóptimos del gobierno pueden haberse dado porque no se tomó en cuenta de manera explícita la provisión de servicios ecosistémicos y el costo de oportunidad. Por lo tanto, una planeación más estratégica para pagos por servicios ambientales puede hacer que los recursos que se van a usar para esta política maximicen varios beneficios. (Puede interesarle: Deforestación en el Meta, la lucha por salvar los bosques amazónicos)

El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Jorge Iván González, ha expresado la necesidad de usar herramientas desarrolladas en estudios académicos para un desarrollo sostenible a largo plazo en el país. Institutos como el Humboldt ha incorporado la planeación sistemática como una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano.

Por lo tanto, la política debería realizarse en zonas con bajos costos de oportunidad y que maximice el mantenimiento de servicios ecosistémicos. No tomar en cuenta dichos cálculos puede hacer que se entre en conflicto con la política y el desarrollo agrícola. López Cubillos muestra que es posible ubicar los pagos en zonas que se maximice la provisión de servicios ambientales, la conservación de ecosistemas estratégicos y que sobre todo les lleguen los beneficio a comunidades vulnerables (como las PDET). Esto se puede alcanzar a través del trabajo transversal entre estas instituciones con ONGs e instituciones de distintos territorios usando la planeación sistemática es primordial.

En este sentido, el trabajo mancomunado entre entidades la fundación Natura que va a implementar varios proyectos de pago por servicios ambientales, y la Agencia de Renovación del Territorio que trabaja en territorios PDET, puede hacer el uso efectivo de estas herramientas.

* Centre for Biodiversity and Conservation Science y Universidad de Queensland

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