En los últimos tres años, una problemática empezó a preocupar aún más a científicos, organizaciones y gobiernos: el comercio ilegal de jaguar (panthera onca). La problemática que afecta al mayor felino nativo de América y el tercero del mundo, después del tigre y el león, ha aumentado en Sudamérica, de acuerdo con un estudio publicado a principios de este año por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
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Sus colmillos, pieles, extremidades e incluso los cachorros son comercializados ilegalmente a diferentes países, principalmente a los asiáticos, donde se venden “como sustitutos de partes de tigre en la medicina tradicional oriental”, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo global que regula y controla el comercio de más de 37,000 especies para asegurar que no amenace su supervivencia.
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Pero este no es el único uso. La organización explica que, por ejemplo, los colmillos, los más buscados en el comercio ilegal, se utilizan principalmente con fines decorativos en piezas de joyería. La piel del jaguar también la usan para fabricar abrigos, mientras que los cachorros son comercializados como mascotas o atracciones para colecciones privadas de vida silvestre. En Guatemala, por ejemplo, hubo al menos seis informes en 2021 de jaguares vivos extraídos del medio silvestre y vendidos ilegalmente a coleccionistas privados o a personas interesadas en utilizarlos como atracción turística, según un informe de la CITES.
Aunque el anuncio parece reciente, la problemática viene de años atrás. En 2021, la CITES publicó un informe en el que detallaba que desde el 2000, hasta 2020 más o menos, cerca de 4.000 jaguares fueron cazados furtivamente, aunque la cifra no estaba relacionada directamente con el comercio ilegal, sino con la matanza de estos animales, que se distribuyen desde el suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina.
Los países que registraban más casos para ese momento eran Bolivia (con una media de 61 jaguares cazados furtivamente al año), Brasil (54), Venezuela (31), Surinam (17) y Panamá (12).
Si bien parece que la información sobre esta problemática es clara, en realidad hacen falta datos para poder atenderla, según Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia. La información de la CITES, por ejemplo, se consiguió a través de fuentes no oficiales y no exhaustivas, lo que da cuenta del vacío que hay en esta área.
“Según los procesos de cumplimiento de la ley, –las incautaciones–, se ha visto que estos casos se dan principalmente en las zonas de frontera de los países amazónicos, en donde se está detectando este fenómeno”, sostiene Herrera.
Debido a esta situación, y en vista de que el comercio ilegal sigue creciendo, a finales de noviembre, cerca de 180 países adoptaron la primera resolución específica sobre la conservación y el comercio del jaguar, en el marco de la COP20 de la CITES, que terminó el 5 de diciembre en Uzbekistán. Con esta iniciativa, buscan fortalecer la cooperación internacional para asegurar la conservación de la especie en todo el continente americano.
La adopción de la resolución fue el resultado de un proceso que inició en septiembre de este año en la Segunda Reunión de Estados del Área de Distribución del Jaguar, celebrada en Ciudad de México. En ese momento, los 18 países donde habita la especie acordaron cinco puntos clave para su conservación, que fueron los que se presentaron recientemente en la COP de la CITES.
Para María José Villanueva, directora general de WWF México, la adopción de esta resolución “envía un mensaje contundente: existe una visión compartida y un compromiso firme para proteger al jaguar y los ecosistemas que lo sostienen”.
¿Cómo funciona la estrategia?
Todo gira en torno a un Plan de Acción Regional que establece seis objetivos estratégicos enfocados en la conservación del hábitat del jaguar, la recuperación de poblaciones y sus presas, la coexistencia con las comunidades, combate a la matanza y comercio ilegal, así como mecanismos para cooperación, financiamiento y políticas públicas.
Partiendo de esto, la Resolución adoptada por las Partes de la CITES, insta a los países a “reforzar sus legislaciones, mejorar sus medidas de vigilancia y control, y a atender ese llamado a la urgencia de combatir la matanza ilegal y el tráfico. Eso implica elementos como la mejora de capacidad forense, la revisión y vigilancia de todo lo que pueda pasar en el comercio en línea”, explica Herrera, de WWF.
Para que esto sea posible, la resolución establece la conformación de una estructura de gobernanza continental, encabezada por los países del área de distribución, y que también deberá contar con la participación de las Secretarías de CITES, la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y agencias de la ONU; organizaciones de conservación; representantes de pueblos indígenas y comunidades locales. Estas organizaciones, a través de sus representantes, deberán coordinar la implementación del Plan de Acción.
“Esta plataforma tiene algo importantísimo y es que incluye a los representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, quienes por su puesto, están haciendo un ejercicio de conservación del territorio del jaguar, que tienen una relación con la especie, y que son los primeros que pueden detectar cualquier signo de afectación sobre ellos”, sostiene Herrera de WWF.
Además, como parte de la estrategia, la COP20 adoptó el desarrollo de un sistema continental de monitoreo que integra datos forenses —es decir, de donde se ha registrado una matanza—, reportes comunitarios, decomisos y análisis de inteligencia para establecer una base de datos sólida, que hoy en día hace falta. Este sistema se alineará con los reportes anuales de comercio ilegal de CITES, y de esta manera se espera realizar un análisis en tiempo real para orientar acciones de aplicación de la ley.
Para Herrera, esta decisión ayuda a visibilizar la problemática y la pérdida que está ocasionando en los países donde se distribuye la especie. Pero además, concreta acciones de coordinación en elementos legislativos, de control de vigilancia, así como en intercambio de información para la protección tanto de la especie, como de sus ecosistemas y las poblaciones humanas que también habitan allí, algo que, “no se había logrado antes”, como sostiene Herrera.
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