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Con el mensaje “yo como queso, no como carbón” estampado en camisetas y carteleras, más de 200 habitantes de San Juan del Cesar ingresaron a la sede del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) del municipio el pasado 14 de junio. La mayoría acudieron para “defender el territorio” de un proyecto de minería de carbón a cielo abierto, para el que la empresa Best Coal Company (BCC) solicitó una licencia ambiental a finales de 2024.
Muchos de ellos, miembros del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales — el centro poblado más cercano a donde se abriría la mina —, se inscribieron en una larga lista para intervenir durante tres minutos en la Audiencia Pública Ambiental citada por Corpoguajira. Algunos, fieles a la tradición compositora del sur de La Guajira, hicieron sus declaraciones cantando. “Dejen quieto el Manantial, con toditos sus paisajes. Que lo que Dios nos ha de dar, no nos lo quite nadie”, se oyó en polideportivo, acompañado de una guitarra, tras casi tres horas de reunión.
En el centro del lugar, Los Negros de Cañaverales habían puesto yuca, plátano y otros productos de su cosecha, pues temen que la vocación agrícola de su territorio y su relación con el agua que nace en el Manantial de Cañaverales se pierda si se permite la minería.
Unas cinco personas, de las más de 100 que intervinieron, también quisieron participar para mostrar su apoyo al proyecto minero y el impulso que podría traer a su economía. “No vamos a vivir de yuca toda la vida”, decía José Camacho, habitante del municipio.
Pero, la audiencia pública no solo tenía el objetivo de escuchar a los habitantes de San Juan. Best Coal Company presentó algunos detalles del estudio de impacto ambiental (EIA) que entregó a Corpoguajira para solicitar la licencia de explotación de carbón. Un área de más de 400 hectáreas, cerca de 400 empleos generados y 750.000 toneladas de mineral extraído anualmente durante 10 años, fueron algunos de los aspectos que destacaron.
A su vez, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), las tres organizaciones que solicitaron la audiencia, entregaron sus conceptos frente a la solicitud de la compañía. De acuerdo con las organizaciones, hay “deficiencias técnicas sustanciales” en el estudio de impacto ambiental entregado por la empresa. Aseguran que podría resultar en omisiones de impactos ambientales y sociales. Por esto, solicitaron a Corpoguajira que se niegue la licencia ambiental.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) también expuso una evaluación de más de 100 páginas en la que aseguran que la solicitud “contiene serias falencias, incompletitudes e incoherencia en lo que se refiere a los temas ambientales relacionados con las geociencias que se encuentran desarrollados en la línea base ambiental”. Para la entidad, aunque Best Coal Company sostiene que no habrá impactos sobre las fuentes de agua subterráneas de las que depende el Manantial de Cañaverales, “no hay evidencia” que soporte esa afirmación.
Jaime Álvarez, gerente de sostenibilidad de la empresa, dice que estos argumentos lo tomaron sorpresa durante la audiencia, pero que, tras una revisión por parte de su equipo, encontraron que “no se ajustan a lo que exigen los términos de referencia emitidos por el Ministerio de Ambiente en el año 2016, que es el que nos rige a nosotros para elaborar el estudio de impacto ambiental”. Según él, la información sí cumple con los requisitos necesarios para obtener la licencia ambiental.
Los posibles impactos en el agua
En la información que Best Coal Company entregó a Corpoguajira, la empresa afirma que su proyecto minero tendrá 38 impactos moderados. Esto quiere decir que pueden mitigarse o compensarse. Por ejemplo, el proyecto minero buscará desviar el cauce de dos acequias, unos pequeños cuerpos de agua que la población de Cañaverales utiliza para el riego de cultivos, en tramos de más de un kilómetro. También harán un vertimiento de aguas tratadas al arroyo Conejo, otra de las fuentes de agua de la región, y aseguran que cumplirán con los estándares de calidad para no afectarlo. Por otra parte, removerán 77 millones de metros cúbicos de tierras que se encuentran sobre el carbón para poder alcanzarlo.
Ninguno de estos impactos, explica Best Coal Company en el estudio, afectaría el Manantial de Cañaverales, que se encuentra a menos de dos kilómetros de donde sería la mina, debido a la existencia de una falla geológica llamada Falla Cerrejón. “La falla se desempeña como una barrera al flujo (...) y ocasiona finalmente las condiciones para la generación del manantial de Cañaverales”, se lee en uno de los muchos documentos que entregó la empresa.
En otras palabras, esa falla divide la zona en la que se planea el proyecto y el área protegida en la que se encuentra el Manantial. Además, BCC explica que se trata de una formación geológica “prácticamente impermeable”, por lo que las aguas no pasarían de un lado a otro, haciendo que sean sistemas hídricos independientes.
Pero, las científicas del Servicio Geológico no creen que la empresa cuente con la información suficiente para llegar a esa conclusión. “El papel de las fallas como límites de baja permeabilidad o barreras para el flujo no está soportado en ninguna evidencia más allá del ‘criterio experto’ de quiénes elaboran el estudio de impacto ambiental. Ni en la caracterización estructural, ni en la caracterización hidráulica de los materiales geológicos se ofrece evidencia alguna del comportamiento hidráulico de dichas fallas”, explican en el concepto técnico.
Además de esto, la entidad afirma que el estudio tiene información que se contradice, algunos puntos en los que está incompleta y otros en los que no se utilizan fuentes de información adecuadas. No tener claros los impactos del proyecto sobre las fuentes de agua, complementan, “puede llevar a su vez a la desecación permanente de cuerpos de agua superficial que tienen carácter de intermitentes, con lo cual todo el sistema hídrico puede colapsar regionalmente”.
Jenny Ortiz, investigadora del CINEP y una de las autoras del concepto técnico de esa organización, coincide en su análisis con el Servicio Geológico. Al definir el área de influencia del proyecto, apunta, la empresa “minimizó algunos de los impactos asociados al agua, la crisis climática y la contaminación del aire”. También cree que hay una omisión importante al tener como base de la evaluación de los impactos el área de influencia directa de la mina (donde se va a explotar el carbón) y no el área de influencia total, que incluiría gran parte de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar.
A pesar de estos argumentos, Álvarez, de Best Coal Company, sostiene que “todo lo que se ha hecho durante la fase de consultoría y de elaboración de nuestro estudio de impacto ambiental cumple a cabalidad con las normativas”. No descarta, sin embargo, que Corpoguajira tenga en cuenta estos conceptos dentro de su análisis y solicite información adicional a la empresa, una instancia que está contemplada en el proceso de licenciamiento ambiental. La corporación sostiene que considerará toda la información que se entregó durante la audiencia pública y que está recibiendo apoyo por parte del Ministerio de Ambiente para la evaluación de esta solicitud.
El bosque tropical y Cañaverales
Uno de los aspectos que la compañía destacó en su presentación durante la audiencia pública es que de las 470 hectáreas que intervendría el proyecto, la mayoría corresponden a una mezcla de pastos y cultivos. Además, unas 170 hectáreas son de bosque seco tropical, un ecosistema “en estado crítico de fragmentación y degradación en Colombia”, según el Instituto Humboldt.
Cañaverales, sostiene Luisa Fernanda Pedraza, investigadora de conflictos mineros de Censat, es “una de las últimas despensas semilleras” de La Guajira, que podría ser clave para la restauración de ese ecosistema. Conservar este relicto de bosque seco tropical en una región en la que se ha explotado carbón durante 40 años (cerca de allí se encuentra la mina Cerrejón) “es una oportunidad muy importante y sensible”, dice, pues de allí salen parte de las semillas que Corpoguajira utiliza en sus viveros de conservación agrícola y forestal. Desde CINEP y Censat temen que, por esa vulnerabilidad del ecosistema, los impactos puedan terminar afectando las costumbres agrícolas de Los Negros de Cañaverales, poniéndolos en riesgo de desplazamiento.
Ante esto, Álvarez resalta que “nuestro proyecto ya está completamente definido, tenemos unas áreas de explotación y unas áreas de botadero que están distantes de las comunidades. No vamos a desarrollar ningún tipo de efecto sobre la comunidad que lo lleve a un traslado involuntario”. Sobre el impacto en el bosque seco tropical, asegura que, a partir del año siete, de los 10 que duraría la mina, empezarán a rellenar las perforaciones de explotación con el mismo material que se extrajo en los primeros años. Por otra parte, dice que “va a haber una compensación mucho más elevada de lo que es la afectación”, refiriéndose a que restaurarían un área varias veces más grande que la de la mina al final del proyecto.
Sin embargo, hay otros aspectos que preocupan al Servicio Geológico. “Hay dudas sobre la ubicación y profundidad de los suelos de la zona, la profundidad máxima que se alcanzará con las excavaciones a cielo abierto y la altura máxima de los botaderos, entre otras características del proyecto que influyen en los potenciales impactos generados”. Por ejemplo, la entidad asegura que no hay una caracterización de los componentes químicos en el material que irá a los botaderos ni cómo estos podrían impactar el suelo en el que se dispongan ni las aguas subterráneas que allí se encuentren.
Mientras esta entidad y las ONG que hacen presencia en San Juan del Cesar advierten varios riesgos de darle luz verde a esta mina de carbón, Best Coal Company se mantiene en que su estudio de impacto ambiental es completo y cumple con los requisitos que establecen las normas en Colombia. Corpoguajira determinará si otorga o no la licencia ambiental a la explotación de Cañaverales, un proceso que podría tardar varios meses más. Por su parte, los habitantes del Consejo Comunitario dicen que no darán su brazo a torcer y que de su territorio, como dijo uno de los participantes en la audiencia, “no saldrá una sola tonelada de carbón”.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
