Más de 40 organizaciones piden a Petro suspender cierre parcial de minas de Prodeco

Mina La Jagua, vista desde Google Earth.

Foto: Google Earth

A finales del año pasado, la Agencia Nacional de Minería (ANM) aceptó que Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore y responsable de producir aproximadamente el 21 % del carbón nacional, renunciara a tres títulos mineros en el Cesar: dos en el proyecto Calenturitas y uno en la mina La Jagua. En la práctica, esto significa que, después de ajustar cuentas, Prodeco le devolverá las minas al Estado para que este se las otorgue a otra empresa que seguirá explotando el carbón. (Le puede interesar: Prodeco: una gran minera en Cesar renuncia a sus títulos. Inicia un gran debate)

Sin embargo, y a pesar de que el proceso de subasta para otorgar esas minas a otra empresa quedó recientemente suspendido, han sido varias las dudas que han existido sobre esta renuncia a las minas. Por ejemplo, a expertos les preocupado que la empresa salga de Colombia sin compensar los pasivos ambientales, asegurar estabilidad para quienes trabajaban en estas minas e, incluso, responder por una orden del Ministerio de Ambiente que, en 2010, los obligó, junto a otras dos compañías mineras, a reasentar a la comunidad de El Hatillo (Cesar), debido a que se encontraba en una zona de alta contaminación de aire por la presencia de la explotación de carbón. Orden que hoy no se ha cumplido. (Lea también: Regular los pasivos ambientales, una deuda histórica de Colombia)

Ante este panorama, hoy 27 de julio, un grupo de 42 organizaciones, entre las que se encuentra la comunidad de la zona, sindicatos y centros de pensamiento nacionales e internacionales, le enviaron una carta al próximo Gobierno, el de Petro, solicitando la suspensión de la aprobación del documento de plan de cierre parcial de Prodeco hasta que no se cumplan dos puntos: exista participación comunitaria y se revisen posibles irregularidades.

“Hoy todavía no se conoce ni por las comunidades, sindicatos, víctimas y autoridades de control regional y nacional este documento de plan de cierre parcial de las obligaciones sociales y ambientales como lo afirmó y corroboró la Contraloría General de la República en su auditoría realizada en Junio de 2022; siendo improcedente su aprobación por parte del actual gobierno dado que no se ha surtido el proceso de consulta y participación efectiva y oportunidad para ser aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA”, señala la carta.

Además, afirman, desde abril de este año, estas mismas comunidades le han advertido al actual gobierno de Duque que la minería en Cesar ha dejado, “de forma sistemática, graves impactos y daños ambientales, sociales, laborales y en derechos humanos” por 25 años. Pero que, hasta la fecha, no han sido escuchados.

Bernando Ospino, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Boquerón, una de las organizaciones firmantes y de las comunidades más cercanas a los proyectos de Prodeco, le explicó a El Espectador que durante años han vivido varios impactos debido a esa cercanía. “Somos desafortunadamente sus vecinos, por eso recibimos el impacto de la contaminación atmosférica, de las ondas expansivas, averiado nuestras viviendas”, señaló. “En la ambición de una alta producción, nos dañaron el río Tucuy, que fue impactado por la minería, y ahora solo tiene agua en invierno”. Ese río, agrega, fue el que les permitió ser una dispensa agrícola antes de que llegara la minería.

“Hacemos un llamado a que si el gobierno de Iván Duque aprueba el documento de plan de cierre parcial que debió ser entregado a la ANLA en Junio de 2022 y deja el proceso de participación efectiva y consulta para después de su aprobación, como nos lo ha manifestado esta entidad en varias oportunidades como respuesta a nuestras denuncias, afectará y violará los derechos de las comunidades, sindicatos y víctimas del corredor minero a una participación efectiva y consulta previa por falta de oportunidad legal de la consulta”, dice en el documento enviado a Petro.

Además, en la carta las comunidades y organizaciones denuncian que la salida de Prodeco, de la forma como se está haciendo, afecta a más de 5.000 empleos y que, debido a la pandemia y el uso de la virtualidad para comunicar los procesos relacionados a la renuncia de los títulos mineros, las comunidades no se han enterado de los planes. “Nosotros no contamos ni siquiera con el acceso mínimo a los medios digitales suficientes para poder informarnos de forma efectiva y poder expresarnos libremente sobre la realidad de estas ´supuestas ‘inversiones sociales en nuestros territorios”. (Lea en otras noticias de Ambiente: Duque dice que logró que el 31% del territorio continental tenga protección ambiental)

De hecho, Luis Fernando Ramírez, presidente de Sintramienergética, seccional La Jagua, - otra de las organizaciones que firma la carta – recuerda que, desde el punto de vista de los trabajadores, han existido irregularidades en cómo han sido despedidos con la salida de Prodeco. Al principio, cuenta, crearon un plan de retiro voluntario, pero que, a ojos del sindicato, fue un engaño que tuvieron que aceptar algunas personas con tal de tener un ingreso económico inmediato. Después han “existido despidos colectivos pasando por la norma” y, finalmente, se sacó a un grupo de sindicadores.

Ante esto, Prodeco ha señalado a El Espectador en otras ocasiones que el plan de retiro voluntario, además de ayudar a los empleados económicamente “durante su período de transición a otras oportunidades laborales”, también implica que puedan acceder “de forma gratuita a un programa de asesoría y acompañamiento profesional para identificar el proyecto de vida ocupacional que más se ajusta a sus necesidades, bien sea a través de un emprendimiento de negocio o mediante un nuevo empleo. Este programa se desarrolla a través del Centro de Emprendimiento y Empleabilidad (Cemprende)”.

Pero estos no son los únicos problemas. Como lo señala Luis Guillermo Cabrales, miembro del pueblo yukpa, del resguardo indígena Socorpa, asentando en la Serranía del Perijá, desde que se adjudicaron estos títulos mineros, los yukpas no pudieron seguir siendo nómadas. “Somos un pueblo nómada y agricultor itinerante”, asegura. “Practicamos el movimiento cultural y eso implica hacer trabajos tradicionales de armonización a lo ancho y largo de todo el territorio ancestral. Pero al estar instalado el tema minero, se convierten en territorio privados. Las minas tienen miles de áreas en explotación, en botaderos, en concesión, que impide nuestros movimientos”. Además de buscar participación y concertaciones sobre la salida de Prodeco, solicitan que se adelante un proceso de posconsulta sobre la minería de carbón en la Serranía del Perijá.

Por estas razones, le exigen al presidente electo, Gustavo Petro, así como al actual ministro de Ambiente, Carlos Correa, que no se adjudiquen las minas de La Jagua y Calenturitas a nuevas empresas para que antes se verifique el proceso; que se haga público el documento del cierre parcial de las minas; que se cree una mesa de diálogo con las comunidades y que se garanticen nuevos empleos para la región, entre otras.

Sobre la renuncia a los títulos mineros Prodeco le ha aclarado a El Espectador en ocasiones pasadas que, junto a la ANLA, vienen identificando las obligaciones ambientales que deben cumplir, “incluyendo la identificación de áreas que deberán ser rehabilitadas en la medida en que ya fueron objeto de operación minera y las áreas o frentes de operación que deben ser devueltas al Estado en su condición productiva actual, para permitir que se pueda seguir realizando actividades de explotación”. Esto porque, para este caso, su obligación es regresar las minas al Estado en condición productiva y no cerradas.

En cuanto a las comunidades que deben ser reasentadas, la empresa señaló que se estiman que, en tres años, ya habrán cumplido con el 95 % de las medidas que tienen con El Hatillo y Plan Bonito, y “reitera que mantiene su compromiso con la comunidad para el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del proceso de reasentamiento”.