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5 Jun 2022 - 2:00 a. m.

Una gran minera en Cesar renuncia a sus títulos. Inicia un gran debate

La Agencia Nacional Minera aceptó que Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore, devuelva al Estado las minas de Calenturitas y La Jagua, en Cesar, donde se extraen más de 15 millones de toneladas de carbón al año. Esa decisión ha creado preguntas que aún no tienen respuestas claras: ¿quién responderá en el futuro por los impactos ambientales? ¿Qué sucederá con los habitantes que desde 2010 esperan ser reasentados?
María Mónica Monsalve

María Mónica Monsalve

Periodista Vivir
El río Calenturitas fue desviado con autorización del Ministerio de Ambiente.
El río Calenturitas fue desviado con autorización del Ministerio de Ambiente.
Foto: Alejandra Ortiz

En 1994, cuando las empresas extranjeras mineras empezaron a llegar al departamento del Cesar, en Colombia, El Espectador entrevistó al entonces presidente de Drummond, Augusto Jiménez, sobre sus planes en el país. “¿Y después de treinta años, qué pasará con la mina y el resto de carbón?”, le preguntaba el periódico sobre el proyecto de minería de carbón La Loma, ubicado en esta región. “Todo se revertirá al Estado”, respondió cortante.

Esa pregunta que hizo el periodista hace 28 años, hoy vuelve a cobrar vigencia. Primero, porque científicos del clima, incluyendo los del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), han advertido que si se quiere limitar el aumento del calentamiento global a 1,5 °C para finales del siglo, el uso del carbón deberá caer entre un 67 % y un 82 % para 2030 a nivel mundial. Y, segundo, porque empresas como Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore y responsable de producir aproximadamente el 21 % del carbón nacional, según la Asociación Colombiana de Minería, ya renunció a tres títulos mineros, dos en el proyecto Calenturitas y uno en la mina La Jagua, ambas en Cesar. (Le puede interesar: Eliminar subsidio a combustibles fósiles reduciría emisiones hasta en 10% para 2030)

La razón para devolver estos títulos al Estado, asegura Prodeco, tiene que ver con la caída de los precios internacionales del carbón, la incertidumbre de que estos se recuperen a largo plazo, los altos costos de la operación minera, “así como el no otorgamiento de permisos ambientales en desarrollo de decisiones administrativas y judiciales”. De hecho, desde marzo de 2020, Prodeco solicitó a la Agencia Nacional Minera (ANM) permitirle suspender las actividades, lo que le fue negado. Pero después de un largo proceso de nuevas y diferentes peticiones, en septiembre de 2021 la empresa presentó la solicitud de renuncia de cinco títulos mineros; tres fueron aceptados.

Sin embargo, y a pesar de que informes como el del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático, de la Universidad de Manchester, han señalado que para cumplir con las metas climáticas globales países como Colombia deben dejar de producir combustibles fósiles a 2050, la imprevista salida de Prodeco muestra que se avecina una compleja conversación sobre transición energética en la que, hasta el momento, hay más incertidumbre que certeza. (Le sugerimos: Países como Colombia deben dejar de producir petróleo y gas antes de 2050)

Lo que hará Prodeco, en términos prácticos, es devolverle las minas al Estado para que este las vuelva a asignar a otras empresas, figura que, además, no se ha usado mucho en Colombia. Pero algunos expertos temen que las reglas del juego sobre cómo hacerlo responsablemente no estén claras. Les preocupa que, una vez se liquiden los contratos entre el Estado y la empresa, Prodeco no cumpla con varias obligaciones que tienen.

Por ejemplo, compensar los pasivos ambientales, asegurar estabilidad para quienes trabajaban en estas minas e, incluso, responder por una orden del Ministerio de Ambiente que, en 2010, los obligó, junto a otras dos compañías mineras, a reasentar a la comunidad de El Hatillo (Cesar), debido a que se encontraba en una zona de alta contaminación de aire por la presencia de la explotación de carbón. Orden que hoy no se ha cumplido.

“Prodeco está usando una figura del código de minas que es la renuncia, y no el cierre de minas. Así que se está aprovechando de esa situación para irse y, quizás, eximirse de varias responsabilidades ambientales y sociales que tiene”, es como lo ve Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Impactos a perpetuidad, ¿quién responde?

A las investigadoras Paula Andrea Arias, de la Universidad Católica de Colombia, y Feline Gerstenberg, de la Universidad Heinrich-Heine Düsseldorf, de Alemania, les ha interesado conocer cómo las mujeres rurales de Colombia se han visto afectadas por la minería de carbón. En mayo de 2017 viajaron a El Hatillo, donde una mujer les describió cómo era el escenario antes de que llegaran las empresas. “Mucho antes atrás yo tenía un vecino y yo compraba arroz y él pescaba. Entonces yo iba y le ofrecía el arroz para que me diera pescado”. Con la llegada de la minería masiva, cuentan en su publicación en la revista Ambiente y desarrollo, la cosecha disminuyó, el suelo se contaminó y se desviaron algunos ríos. (Le puede interesar: ¿Y si hablamos de Bruno, el arroyo que desvió Cerrejón en La Guajira?)

A pesar de que las minas a las que renunció Prodeco tienen planes de manejo ambiental, puede que sus impactos perduren a largo plazo. En un ejercicio que hizo AIDA, por ejemplo, calculaban que una mina como Calenturitas, en la que se han intervenido más de 2.700 hectáreas y cuyo contrato inicial terminaba a 2035, sus impactos continuarán a perpetuidad, incluso más allá de 2090. Las preguntas que muchos se hacen hoy son: ¿quién responderá por esto? ¿Deberá hacerlo Prodeco cuando esté fuera del país? ¿Deberá hacerlo el Estado o la próxima empresa que se encargue de explotar las minas?

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le explicó a El Espectador que el proceso de renuncia de minas sí ha sido inusual. “Es la primera vez que recibimos un caso de estos”, asegura Ana Mercedes Casas, subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA. Y aclaró que su función, como autoridad ambiental, es trabajar con Prodeco para que se dé cumplimiento a las obligaciones ambientales de las empresas y no se quede ningún impacto sin atender.

“Como entidad, nosotros miramos las licencias ambientales y le debemos informar a la ANM sobre su estado. Desde febrero de este año lo venimos haciendo, particularmente, para que la Agencia lo tenga en cuenta en su proceso interno de recibir las minas”, cuenta. “Si Prodeco quisiera salir del país sin esos cumplimientos, no podrían liquidar la sociedad sin haber cumplido las obligaciones ambientales pendientes. Es una tranquilidad que podemos dar”.

Prodeco, por su parte, confirmó que, junto a la ANLA, están identificando las obligaciones ambientales que deben cumplir, “incluyendo la identificación de áreas que deberán ser rehabilitadas en la medida en que ya fueron objeto de operación minera y las áreas o frentes de operación que deben ser devueltas al Estado en su condición productiva actual, para permitir que se pueda seguir realizando actividades de explotación”. Esto porque, para este caso, su obligación es regresar las minas al Estado en condición productiva y no cerradas.

Más de diez años esperando a ser reasentados

Basta una mirada rápida desde Google Earth a la comunidad de El Hatillo para observar cómo se ha ido rodeando de minas de carbón. Al oriente, a menos de 2.500 metros, está la mina La Francia, de la empresa Colombian Natural Resources (CNR). Y diagonal, un poco más abajo y a la derecha, a 7.000 metros, está Calenturitas, de Prodeco. Hacia el sur, a 8.000 metros, se puede ver el hueco de la mina La Loma, manejada por Drummond. (Vea el video: Las promesas incumplidas de la minería de carbón al Cesar)

Esta situación, sumada a que la toxicidad del aire en la comunidad está por encima de los niveles permitidos debido a la extracción carbonífera, llevó a que El Hatillo, junto a sus vecinos Boquerón y Plan Bonito, fueran declaradas áreas fuente de contaminación. Y desde el 2010, el Ministerio de Ambiente les ordenó a las tres empresas reasentar a estas comunidades.

Desde entonces, la orden ha ido cambiando, pero no se ha cumplido. Casas, de la ANLA, explica que, en 2020, se reclasificó la norma de calidad de aire y Boquerón dejó de estar en el área fuente de contaminación, por lo que se decidió que no debía ser reasentada. En cambio, se les dijo a las empresas que debían implementar un plan de manejo socioeconómico para la comunidad, que ya fue presentado y evaluado por la ANLA. “El plan estará aprobado en una o dos semanas”.

Con Plan Bonito ya se hizo el reasentamiento, pero con El Hatillo el proceso se sigue dilatando. “El reasentamiento se ha prolongado, haciendo que la gente se agote, se divida y los lleve a aceptar el mínimo de estándares”, comenta Christian Mantilla, abogado de la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), quien ha acompañado el proceso.

La salida de Prodeco, asegura, ha generado gran incertidumbre. Lo que se suma a que otra de las empresas involucradas, CNR, está pasando por un proceso de reorganización que congeló las acciones de todas las empresas por casi año y medio. En principio, y para garantizar que existiera plata para realizar el reasentamiento, las tres empresas crearon una fiducia: una bolsa en la que cada una ponía la plata para el reasentamiento. “Pero como CNR entró en insolvencia, en reorganización de la empresa, no podía hacer ninguna transacción, incluyendo mover la plata de ese fondo, por lo que eso quedó en pausa, afectando el proceso”, dice Mantilla.

Por esto, cuenta Casas, de la ANLA, recientemente se tomó la decisión de individualizar el plan de reasentamiento para que cada empresa ejecute una parte del plan y que no todo quede parado mientras las empresas resuelven sus problemas internos. En el caso de las familias de El Hatillo que se quisieron reasentar de manera individual, la ANLA explica que “el plan ya está en ejecución”. Pero en el caso de las personas que quieren hacer el reasentamiento colectivo —unas 50 familias que quieren crear un “nuevo Hatillo” y seguir viviendo con las mismas dinámicas y con sus vecinos de siempre— el tema aún está sin resolver.

Como Prodeco renunció a sus títulos, las empresas le presentaron a la ANLA dos planes para el reasentamiento que, se suponía, se articulaban entre ellos. Uno por parte de Prodeco y otro entre CNR y Drummond. “Ya lo evaluamos y la semana pasada les dijimos que no es un documento que se articule, así que les pedimos que nos remitan un nuevo plan, uno solo, con estrategias individualizadas y coordinadas”, explica Casas.

Pero, según Mantilla, esto podría demostrar que Prodeco quiere salir del tema rápidamente. “Pareciera que la empresa quiere estar a paz y salvo con la autoridad ambiental, pero el reasentamiento debe ser un tema de resultado. No es solo trasladar a la comunidad, sino garantizar que sus condiciones de vida sean mejoradas y que los daños sean reparados”.

Prodeco, por su parte, explicó que estiman que, en tres años, ya habrán cumplido con el 95 % de las medidas que tienen con El Hatillo y Plan Bonito, y “reitera que mantiene su compromiso con la comunidad para el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del proceso de reasentamiento”.

¿Qué hacer cuando no hay minería?

Luis Fernando Ramírez, trabajador de La Jagua, de Prodeco, lleva más de dos años sin entrar a la mina, aunque continúa recibiendo su salario. Primero fue por la pandemia del coronavirus y, después, “porque nos enteramos, antes de que la empresa nos notificara, que renunciaron a tres títulos mineros”, comenta. “Antes de salir, en marzo de 2020, nos habíamos reunido con la gerencia de la empresa porque escuchábamos que se hablaba del Acuerdo de París, sobre el cambio climático y la transición energética, y queríamos saber qué iba a pasar. Pero nos dijeron que no existían riesgos, que la operación iba a durar por muchos años más”. En septiembre de 2021, sin embargo, Prodeco renunció a las minas.

Y es que la salida de la empresa implica una incertidumbre más: ¿qué pasará con los trabajadores y con la economía del departamento, donde la contribución del carbón representa alrededor del 44 % del PIB del Cesar? En ese departamento, además, el índice de necesidades básicas insatisfechas es superior al 20 %.

Según explica Igor Díaz, presidente de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, de los casi 1.200 trabajadores que trabajan directamente con Prodeco, solo 147 siguen vinculados. “Permanecen los que tienen fuero sindical o problemas de salud relacionados a su labor”, comenta.

El resto de empleados ha ido saliendo por dos modalidades: el despido masivo autorizado por el Ministerio de Trabajo del 5 % de la nómina, que se ha dado dos veces, y el plan de retiro voluntario que ha diseñado Prodeco. “Pero sentimos que eso fue una trampa, porque a quienes salieran voluntariamente se les dio una liquidación que estaba un 30 % por encima de la liquidación legal, entonces la gente la toma, pero eso no le da ninguna estabilidad financiera a futuro”.

Prodeco explicó a El Espectador que este plan de retiro voluntario, además de ayudar a los empleados económicamente “durante su período de transición a otras oportunidades laborales”, también implica que puedan acceder “de forma gratuita a un programa de asesoría y acompañamiento profesional para identificar el proyecto de vida ocupacional que más se ajusta a sus necesidades, bien sea a través de un emprendimiento de negocio o mediante un nuevo empleo. Este programa se desarrolla a través del Centro de Emprendimiento y Empleabilidad (Cemprende)”.

Pero para el sindicato siguen existiendo algunas incoherencias. En una carta que le enviaron al Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, el 21 de mayo, señalan que mientras la empresa renuncia a sus títulos, Glencore, dueña de Prodeco, también compró el 66 % que le faltaba para ser dueño total de El Cerrejón, en La Guajira (antes lo compartía con BHP y AngloAmerican).

“Es claro que la devolución de títulos y el cese de actividades productivas en las minas del Cesar no es más que una jugada financiera y estratégica para presionar la oferta y los precios, sin importarle si con ello se llevan por delante divisas, regalías, beneficios a la comunidad y puestos de trabajo”, dice la carta. Aunque El Espectador intentó comunicarse con el Ministerio de Trabajo, no recibió respuesta. Mientras tanto, Prodeco solo señaló que la continuidad de Glencore en Colombia reafirmaba su participación “en la estrategia global de Glencore de reducción de emisiones del 15 % de su huella de carbono en 2026, del 50 % en 2035, y alcanzar emisiones netas cero en 2050″.

Para Álvaro Pardo, analista del sector minero, no queda claro por qué la empresa apela a la baja del precio del carbón para renunciar a las minas, pero sí sigue con la trituradora, con la participación (del 39 %) de Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), para el transporte del carbón, y parte de Puerto Nuevo, ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en donde los barcos se cargan de carbón. “Ha sido un proceso muy confuso. Por ejemplo, ¿entrarán los títulos que dejó Prodeco a subasta? Si así sucede, ¿cómo garantizar que solo se ofrezcan cuando todo está en orden a nivel minero y ambiental? ¿En qué condiciones se van a devolver las minas al Estado?”, son algunas de las preguntas que se hace Pardo.

Aunque El Espectador buscó a la Agencia Nacional Minera (ANM) para resolver estas dudas, así como para saber los detalles de cómo se está dando esta devolución, al cierre de esta edición tampoco había recibido respuesta. Sin embargo, en un comunicado, la ANM explica que estos títulos sí estarían dentro de Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM). Si todo sale como está previsto, en julio ya estarán en manos de otra empresa.

De play para ver cómo ha sido la apertura de la mina Calenturitas, en Cesar:

De play para ver cómo se ha transformado el paisaje con la mina La Jagua, en Cesar:

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