A través de sus redes sociales, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, confirmó su intención de acabar con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, un instrumento financiero creado en el gobierno anterior para articular, focalizar y financiar planes, programas y proyectos ambientales tanto locales como nacionales.
La iniciativa quedó en firme en 2023 cuando se expidió el Decreto 1648. En ese documento se especificó que las fuentes de financiación de ese fondo serían cuatro: la principal, el 80 % del impuesto al carbono; el presupuesto general de la nación, la cooperación nacional e internacional y las donaciones.
Desde entonces, el fondo ha sido el principal mecanismo financiero del Sistema Nacional Ambiental. Aunque en 2025 dejó de recibir el dinero del presupuesto por la crisis fiscal, siguió manteniendo el flujo de recursos por el impuesto al carbono.
Sin embargo, recientemente Arjona presentó una propuesta para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el restablecimiento de la exención del impuesto al carbono de hasta el 100 %, un beneficio que, tras una reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro en 2022, quedó limitado al 50 %.
En otras palabras, la propuesta busca que las empresas puedan destinar hasta el 100 % del impuesto al carbono a financiar proyectos ambientales y, a cambio, quedar exentas de pagar ese impuesto.
El anuncio lo hizo en el marco de la Feria de Sostenibilidad de AmCham Colombia, donde afirmó que le interesa “mucho que la gente invierta en proyectos forestales, ARR, de restauración, que el sector privado lo haga y las mismas comunidades también”.
En respuesta, la exministra de ambiente, Irene Vélez, escribió en sus redes sociales: “Muere de esta manera el Fondo Vida, dedicado a financiar proyectos de revitalización de nuestra selva en la Amazonía y el Pacífico. Nace de esta manera la privatización de los negocios verdes, favoreciendo a los amigos y a los amigos-de-los-amigos”.
Después de este pronunciamiento, el ahora ministro confirmó que “a ese fondo para la vida (alegre) hay que darle cristiana sepultura”. Según Arjona, el nuevo gobierno quiere “impulsar mecanismos que puedan generar ingresos directos en las comunidades y que estas no tengan que depender del Estado para hacer conservación”.
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