La directora de la ANLA y ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, dio a conocer este martes 24 de febrero, durante el consejo de ministros del Gobierno de Gustavo Petro, una de las formas en las que se financiarán las acciones para la recuperación de territorios afectados por las emergencias a causa de las lluvias atípicas en Colombia.
“La decisión que hemos tomado para financiar estas medidas es ir a los sectores de mayor capacidad económica, que en este caso son los generadores de energía. Lo que se propone es que se adicione el 2 % de las ventas brutas de la energía para este sector”, precisó Vélez.
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Para realizar esto, el Ministerio de Ambiente firmará un decreto en el que se adiciona un párrafo transitorio al artículo 45 de la Ley 99 de 1993, que rige la política ambiental del país.
De acuerdo con Minambiente, en este se establece que “las empresas generadoras hidroeléctricas y centrales térmicas ubicadas u operando en cuencas afectadas transferirán un 2 % adicional de las ventas brutas de energía por generación propia durante seis meses”.
De acuerdo con la ministra Vélez, “esto aplicaría solamente para aquellas áreas que están afectadas por las emergencias, y solamente para estos proyectos que claramente se deriven de la recuperación de la emergencia”.
¿Cómo se utilizarán estos recursos? Según la cartera de Ambiente, estos recursos se destinarán exclusivamente a implementar las medidas del decreto de emergencia, se priorizarán para territorios con mayor afectación y, entre otros, se ejecutarán proporcionalmente según costos y prioridades.
Entre las medidas que incluye el decreto de emergencia está la modificación de las herramientas de monitoreo de las hidroeléctricas y, entre otras, acciones de reconexión y restauración de ecosistemas hidrológicos.
La ministra Vélez también indicó que una de las principales preocupaciones que se tiene en este momento “tiene que ver con la saturación del suelo cuenca abajo del río Sinú y la pérdida de la capacidad de amortiguación que tiene la represa, toda vez que está en un porcentaje muy alto respecto a su volumen”, afirmó.
En las últimas semanas, las lluvias atípicas en Colombia han dejado, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), más de 115.000 familias afectadas en 161 municipios en el país. En Córdoba, una de las zonas más afectadas, se registran cerca de 78.000 damnificados.
Precisamente, este martes se anunció que la Central Hidroeléctrica Urra I destinará recursos propios para ejecutar medidas de mitigación y apoyo humanitario. En particular, se invertirá en albergues temporales para las comunidades.
Como explicó la UNGRD, a través de un comunicado, esto incluirá la “implementación de un sistema de monitoreo con participación comunitaria, la intervención en puntos críticos y en las bocas del río Sinú donde se registraron rompimientos, la instalación de alojamientos temporales para las familias afectadas y la operación con control de inundaciones y manejo técnico de descargas”.
Como contamos en esta nota, a la par de esta tragedia, empezó la cacería de culpables. En el caso de Córdoba, la atención ha girado en torno a la Central Hidroeléctrica Urra I, en el extremo sur del departamento, que, por cuenta de unas lluvias nunca antes vistas, rebasaron el embalse, ocasionando inundaciones cientos de kilómetros aguas abajo de la represa.
Para el presidente Gustavo Petro, la culpa la tienen quienes están al frente de la hidroeléctrica pues, a su parecer, dejaron llenar el embalse “por simple codicia” y “deben asumir responsabilidades penales”. De hecho, Juan Acevedo Rocha, presidente de la central hidroeléctrica, renunció en la noche de este lunes, horas después de que Petro pidiera que se apartara del cargo.
En contraste, Juan Acevedo Rocha, entonces presidente de la hidroeléctrica, explicó que la la central Urrá se guía por la Curva Guía Máxima (el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un volumen vacío en caso de que ocurra una creciente) y que no los habían sobrepasado, en contravía de lo que señaló Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Y precisamente, en medio de estos cuestionamientos, la ministra Vélez aseguró en las últimas semanas que los albergues son responsabilidad de la empresa y que estos no contarían con las condiciones adecuadas de seguridad sanitaria.
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