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En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los municipios de la Zona Bananera y Ciénaga, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) llevó a cabo un operativo contra la minería ilegal, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.
Durante la intervención, las autoridades desmantelaron un complejo de extracción ilícita de oro a cielo abierto, de tipo aluvial. Según comunicó la corporación, mediante un sistema altamente mecanizado, allí se empleaba maquinaria pesada como retroexcavadoras sobre orugas, estructuras modulares para la clasificación de material y equipos industriales de bombeo para captar agua de manera ilegal.
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El complejo funcionaba sin título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) ni licencia ambiental otorgada por Corpamag, lo cual representa una grave infracción a la normatividad vigente. La infraestructura, además, “causó un grave daño a los recursos naturales del sector, evidenciándose un nivel crítico de degradación ambiental, en un área de intervención directa de aproximadamente cinco hectáreas”, señaló la autoridad ambiental.
El equipo técnico de la corporación identificó que se arrasó totalmente con la cobertura vegetal nativa (bosques riparios) y que se alteraron severamente los suelos a través de profundas excavaciones y zanjas. También hubo una afectación directa a la dinámica hídrica de la zona, pues los cuerpos de agua sufrieron vertimientos continuos de lodos y sedimentos, y se presentó un riesgo inminente de contaminación química por los combustibles que caen sobre el suelo.
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Gustavo Valdés Pertuz, subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag, dijo que esta ha sido el área de actividad minera más grande encontrada hasta ahora en el departamento del Magdalena. “La Corporación impondrá una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades en el área intervenida”, aseguró Valdés.
La entidad recordó que prácticas como el aprovechamiento ilegal de recursos naturales renovables, la explotación ilícita de yacimientos mineros, daños en recursos naturales y el ecocidio, entre otros delitos, tienen implicaciones legales contempladas en la Ley 599 del 2000.
“Instamos a la opinión pública a denunciar de manera oportuna ante las autoridades competentes (Corpamag, Policía Nacional, Ejército Nacional o Fiscalía) cualquier actividad sospechosa relacionada con el ingreso de maquinaria pesada a zonas rurales, la tala indiscriminada o la contaminación inusual de nuestros ríos”, apuntó la corporación. “Combatir este flagelo y detener la degradación de nuestros ecosistemas es un deber compartido que requiere el apoyo activo de todos los ciudadanos”.
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