Una acción judicial presentada ante tribunales de Países Bajos, en Europa, busca que JBS, la empresa de producción de carne más grande del mundo, rinda cuentas sobre varios de sus compromisos ambientales.
La acción, que fue presentada por la ONG ambientalista Greenpeace, se concentra principalmente en un plan de expansión mundial anunciado por la empresa hace pocos meses y que proyecta una inversión de USD 6.000 millones.
Lo que deberá evaluar el tribunal de Países Bajos es la pertinencia de solicitar información a la empresa sobre el cumplimiento de una obligación clave en la Unión Europea: el deber de debida diligencia.
Este plantea, en palabras simples, que las empresas que comercien dentro de la Unión Europea tienen prohibido ofertar productos que tengan su origen en zonas deforestadas. Además, tienen la obligación de garantizar que la información que reciben de sus proveedores en otras regiones, como América Latina, es verídica.
En países como Colombia, como hemos contado en El Espectador, la expansión de la frontera agrícola y el uso de tierras para la ganadería extensiva hacen parte de los principales motores de deforestación.
Esto es particularmente problemático porque el Estado no ha tenido formas de garantizar que el ganado que proviene de predios deforestados sea vendido legalmente. Desde hace varios años se ha impulsado en Colombia una ley que busca que la carne del país esté libre de deforestación, creando mecanismos de vigilancia para solucionar este problema.
“El objetivo principal es cuestionar el modelo de negocio y el modelo de expansión de JBS. Sospechamos que están actuando a ciegas y que no están recopilando la información necesaria para comprender las repercusiones”, dijo Richard Brown, asesor legal de Greenpeace Internacional, a The Guardian.
Por lo pronto, el tribunal de Países Bajos deberá determinar si JBS tiene la obligación de responder a la solicitud de información que radicó Greenpeace. En caso de que el tribunal determine que sí deben brindar la información, y si allí se identifican incumplimientos de la ley, el caso podría escalar a una demanda por parte de la ONG.
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