Se enreda la consulta popular de Granada por falta de plata

En Granada, Meta, se esperaba que más de 16 mil votantes asistieran a las urnas este domingo 22 de octubre, que votaran "si estaban o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio" y que, además, esa consulta popular se convirtiera en la décima del país. Eso esperaba el alcalde del municipio Juan Carlos Mendoza hasta ayer cuando la Registraduría Nacional le envió una carta negando la realización de las votaciones por falta de plata. (Lea: “En ningún momento hemos dicho que no se financian consultas”: Minhacienda) 

En la carta, el registrador delegado en lo electoral Jaime Hernando Suárez, le explicaba que el Ministerio de Hacienda (cartera que financia los mecanismos de participación ciudadana) no costearía el evento. ¿La razón? Porque este tipo de jornadas "deben ser financiadas por las alcaldías y gobernaciones respectivas". 

Pero el argumento resulta incoherente. Las nueve consultas populares que se han hecho en el país, incluso la de Cumaral, también en el Meta, han sido financiadas por la Registraduría Nacional con recursos de Minhacienda y un aporte del presupuesto municipal. El concejal Alexis Montoya, uno de los promotores de ésta consulta en Granada, indicó que en el municipio ya habían estimado un aporte de $20 millones en logística, organización de mesas, refrigerios, etc. 

 “Pero a nivel nacional, el Consejo Electoral pidió aproximadamente $182 millones. Una cifra de la que no teníamos conocimiento y que no entendemos porque nosotros ya tenemos los jurados y la fuerza pública ya lista. Necesitamos que desglosen ese costo que, según ellos, se va en los funcionarios que se desplazan y la papelería oficial, los tarjetones", concluyó Montoya. 

Por otro lado, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas aseguró que en ningún momento la cartera ha dicho "que no financiamos consultas o ningún proceso que implique un trabajo electoral por parte de la Registraduría”. Así lo anunció al salir de la plenaria de la Cámara de Representantes en la noche del miércoles.

Aunque pareciera ser un malentendido entre el Ministerio y la Registraduría, el abogado Luis Arturo Ramírez, quien ha asesorado algunas consultas populares del país, asegura que el hecho es “una forma de torpedear este proceso democrático, dado que el Gobierno no han podido hacerlo a través de otros mecanismos”. Según él, la petición del registrador al alcalde Mendoza, de suspender por decreto la jornada del domingo, es inconcebible. Porque desde hace más de un mes el presupuesto ya estaba definido y las entidades del Gobierno con sus calendarios electorales, ya deben estar preparadas. 

Por ahora, los 16 comités promotores por el No, liderados por el alcalde de Granada, se reunirán este jueves a las 2:00 p.m. para tomar una decisión. El mandatario municipal afirmó que no suspenderá la jornada y que los granadinos asistirán el domingo a las urnas. El problema está en que, si la Registraduría no proporciona el dinero, ni los delegados, ni los tarjetones; los ciudadanos podrán asistir a las urnas pero no tendrán un papel oficial dónde votar.

En Granada, Meta, se esperaba que más de 16 mil votantes asistieran a las urnas este domingo 22 de octubre, que votaran "si estaban o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio" y que, además, esa consulta popular se convirtiera en la décima del país. Eso esperaba el alcalde del municipio Juan Carlos Mendoza hasta ayer cuando la Registraduría Nacional le envió una carta negando la realización de las votaciones por falta de plata. (Lea: “En ningún momento hemos dicho que no se financian consultas”: Minhacienda) 

En la carta, el registrador delegado en lo electoral Jaime Hernando Suárez, le explicaba que el Ministerio de Hacienda (cartera que financia los mecanismos de participación ciudadana) no costearía el evento. ¿La razón? Porque este tipo de jornadas "deben ser financiadas por las alcaldías y gobernaciones respectivas". 

Pero el argumento resulta incoherente. Las nueve consultas populares que se han hecho en el país, incluso la de Cumaral, también en el Meta, han sido financiadas por la Registraduría Nacional con recursos de Minhacienda y un aporte del presupuesto municipal. El concejal Alexis Montoya, uno de los promotores de ésta consulta en Granada, indicó que en el municipio ya habían estimado un aporte de $20 millones en logística, organización de mesas, refrigerios, etc. 

 “Pero a nivel nacional, el Consejo Electoral pidió aproximadamente $182 millones. Una cifra de la que no teníamos conocimiento y que no entendemos porque nosotros ya tenemos los jurados y la fuerza pública ya lista. Necesitamos que desglosen ese costo que, según ellos, se va en los funcionarios que se desplazan y la papelería oficial, los tarjetones", concluyó Montoya. 

Por otro lado, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas aseguró que en ningún momento la cartera ha dicho "que no financiamos consultas o ningún proceso que implique un trabajo electoral por parte de la Registraduría”. Así lo anunció al salir de la plenaria de la Cámara de Representantes en la noche del miércoles.

Aunque pareciera ser un malentendido entre el Ministerio y la Registraduría, el abogado Luis Arturo Ramírez, quien ha asesorado algunas consultas populares del país, asegura que el hecho es “una forma de torpedear este proceso democrático, dado que el Gobierno no han podido hacerlo a través de otros mecanismos”. Según él, la petición del registrador al alcalde Mendoza, de suspender por decreto la jornada del domingo, es inconcebible. Porque desde hace más de un mes el presupuesto ya estaba definido y las entidades del Gobierno con sus calendarios electorales, ya deben estar preparadas. 

Por ahora, los 16 comités promotores por el No, liderados por el alcalde de Granada, se reunirán este jueves a las 2:00 p.m. para tomar una decisión. El mandatario municipal afirmó que no suspenderá la jornada y que los granadinos asistirán el domingo a las urnas. El problema está en que, si la Registraduría no proporciona el dinero, ni los delegados, ni los tarjetones; los ciudadanos podrán asistir a las urnas pero no tendrán un papel oficial dónde votar.