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En medio de un periodo preelectoral, el Gobierno impulsa en el Congreso una nueva reforma tributaria. Sin embargo, para el sector transporte persisten dos asuntos sin resolver: la modernización del parque automotor y la definición del comercio bilateral con Brasil, sobre los cuales Aconauto ha advertido posibles implicaciones de fondo si no se abordan antes de avanzar con este proyecto.
El debate actual se concentra en la liberación del mercado de vehículos de carga, una medida que podría contribuir a mejorar la calidad del aire y modernizar la flota de transporte. No obstante, la política oficial pretende mantener el esquema de reposición 1 a 1, que exige la desintegración de un vehículo viejo para matricular uno nuevo. A ello se suma la propuesta de gravar con un tributo del 25 % el valor de los vehículos destinados a financiar el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT).
En entrevista con El Espectador, el presidente ejecutivo de Aconauto, Pedro Nel Quijano, advirtió que la aplicación de este tributo encarecería el acceso a nuevas tecnologías y dificultaría la renovación de los vehículos de carga y pasajeros. Señaló también que el esquema 1 a 1 ha generado en el pasado procesos especulativos alrededor de los vehículos antiguos, lo que distorsiona el mercado y limita la competitividad.
De acuerdo con Quijano, lo que necesitan las ciudades son vehículos posteriores a 2010, con mayores estándares de seguridad y emisiones Euro VI. Además, sostiene que el establecimiento de impuestos adicionales no garantiza una mejora ambiental ni económica y, en cambio, restringe la oferta y encarece la modernización de la flota.
El directivo explicó que, mientras en Colombia solo pueden matricularse vehículos diésel Euro VI, una parte significativa de la flota fabricada antes de 2010 opera con estándar Euro III y más de 15 años de uso. “Este rezago compromete los avances en seguridad vial y sostenibilidad”, enfatizó.
¿Cuál es la propuesta de Aconauto?
La asociación planteó la necesidad de que el Gobierno retome su función de definir políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad y que permitan consolidar un marco adecuado para el desarrollo de los mercados, en este caso el automotor, con un enfoque orientado al bienestar general.
El gremio insistió en la eliminación del esquema de reposición 1 a 1, al considerar que se trata de un mecanismo ineficiente para la renovación del parque automotor. Según los concesionarios, este modelo fomenta una espiral especulativa en torno a los vehículos usados, que terminan convirtiéndose en objeto de alta demanda, con efectos como el incremento de precios, la paralización del mercado automotor y la dilación en los procesos de matrícula por los trámites asociados a la desintegración y documentación.
Aconauto propuso, además, tres acciones concretas:
- Fortalecer la sostenibilidad ambiental del sector transporte mediante planes de reposición atractivos que impulsen la renovación del parque automotor.
- Restablecer la tabla de valores de los fletes en el transporte de carga, con el fin de garantizar un equilibrio entre la rentabilidad del transportador y las condiciones del generador de carga.
- Reforzar el aparato fiscalizador institucional, de manera que se exija y garantice el cumplimiento de la tabla de valores de los fletes.
Denuncia del acuerdo con Brasil
Otro tema que genera preocupación en el sector es la decisión del Gobierno de denunciar el Acuerdo de Complementación Económica 72 (ACE 72) con Mercosur, que regula el comercio bilateral con Brasil y otorga preferencias arancelarias a los productos provenientes de zonas francas.
En 2024, el entonces ministro de Comercio anunció la denuncia del acuerdo, con el argumento de impulsar la reindustrialización nacional, en particular en lo relacionado con el ensamble automotor bajo el esquema CKD (ensamblaje de vehículos a partir de piezas desmontadas). La decisión se dio en un contexto en el que el sector ha migrado progresivamente hacia el modelo CBU (vehículos completamente ensamblados).
Para Quijano, la eliminación de las preferencias arancelarias vigentes con Mercosur representa un riesgo para el comercio binacional. En el caso del sector automotor, advirtió que los consumidores colombianos perderían acceso a una oferta relevante de vehículos provenientes de Brasil, que representan cerca del 30 % del mercado local.
De acuerdo con el directivo, la suspensión del ACE 72 generaría un encarecimiento de los productos importados desde esa región, al punto de volverlos inaccesibles para el consumidor final. Además, por sus características y tipología, estos vehículos no serían fácilmente sustituibles por los de otras procedencias, lo que afectaría directamente la competitividad y la disponibilidad en el mercado interno.
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