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Cuatro años después del crimen que estremeció a Bogotá y al país, el caso de Mauricio Leal vuelve a escena con un capítulo nuevo. Recientemente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó detalles actualizados sobre el estado de los bienes del fallecido estilista y los procesos que siguen abiertos alrededor de su patrimonio.
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La SAE viene adelantando revisiones jurídicas y administrativas para determinar cuáles propiedades pueden ser recuperadas, cuáles deben liquidarse y qué activos continúan en disputa en el marco del proceso penal.
Lo anterior, dado que Leal tiene a dos familiares vivos: Jhonier, condenado por el homicidio de él y su mamá, y Carlos Andrés García, su medio hermano, y quien también se encuentra purgando una condena en un centro penitenciario.
Bajo esta misma línea, parte de los bienes están en etapa de verificación para definir si pueden permanecer productivos o si deben pasar a administración directa de la entidad.
Este nuevo movimiento ocurre mientras el expediente principal ya tiene un culpable: Jhonier Leal, hermano de Mauricio, fue condenado por el doble homicidio del estilista y de su madre, Marleny Hernández a 55 años de prisión.
Como lo ha documentado El Espectador, este crimen estuvo marcado por motivaciones personales relacionadas con celos y ambición, según determinó la justicia.
A pesar de que la sentencia cerró la parte penal principal, la historia nunca se apagó. En estos cuatro años han surgido controversias paralelas: desde denuncias de Jhonier por presuntos malos tratos en La Picota –planteadas a través de una carta que divulgó desde su celda– hasta declaraciones de familiares, como el primo de Mauricio, quien sostiene que Jhonier “no actuó solo” y que aún habría cabos por investigar.
Sin embargo, la parte que hoy toma protagonismo es la patrimonial: la SAE asegura que continúa revisando de manera técnica el estado de los bienes, su trazabilidad y las rutas para recuperar o administrar los activos vinculados al caso.
Esto incluye verificar documentos, evaluar si las propiedades presentan fallas legales y establecer qué debe entrar a liquidación.
Con estos avances, el caso cumple cuatro años mezclando justicia, controversias familiares y un rompecabezas patrimonial que apenas ahora comienza a tomar forma. Lo penal ya tuvo sentencia; lo administrativo y económico, en cambio, sigue escribiéndose.
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Por Redacción Bogotá
