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El noveno 17 de junio después de la bomba en el centro Comercial Andino, que marcó la vida de al menos ocho víctimas, llega con una advertencia: el próximo año prescribirá el proceso, dejándolo sumido, como muchos otros, en el pozo oscuro de la impunidad. O al menos eso es lo que teme Francisco Bernate, abogado de once víctimas, entre ellas las tres mujeres que murieron el día de la explosión.
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El atentado y primeras capturas
La tarde del sábado 17 de junio estalló un explosivo en el baño de mujeres del Centro comercial Andino, en el norte de Bogotá, dejando tres mujeres sin vida: las colombianas Ana María Gutiérrez (41 años) y Lady Paola Jaimes Ovalle (31 años) y la francesa Julie Huynh, una joven de 23 años que estaba en la ciudad prestando un servicio social.
El atentado no solo conmocionó a la ciudad, generó dudas sobre la seguridad y puso en jaque tanto al entonces presidente Juan Manuel Santos, quien en ese tiempo prometió llevar a la justicia a los responsables; el hecho también elevó las alertas de la presencia de grupos armados en Bogotá.
De la explosión también resultaron heridos Ingrid Margarita Ramírez (de 21 años), Luis Roberto Velázquez Bernal, de 76 años; Nathalie Nadine, de nacionalidad francesa y de 48 años; Yuri Belly Céspedes Martínez, Jenny Marcela Sepúlveda Gallego y Edila del Pilar Hormiga.
Aunque dos semanas después del atentado, las autoridades locales anunciaron la captura de diez presuntos implicados, el caso nunca tuvo avances significativos. Los procesados siempre defendieron su inocencia y la Fiscalía no ha podido, aún hoy, demostrar su responsabilidad en los hechos.
Fueron ocho los procesados que, uno a uno, quedaron libres entre 2018 y 2020 luego de que la justicia no probara su participación. De hecho, cada uno de ellos insistió en que todo era un montaje de las autoridades. Lina Jiménez, Boris Ernesto Rojas Quijano, Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Bohórquez Florez, Alejandro Méndez Molano, Natalia Trujillo Novoa, César Andrés Barrera Téllez y Juan Camilo Pulido Rivera, a quienes la Fiscalía señaló en su momento de integrar el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y de participar en el atentado en el Centro Comercial Andino.
En junio del 2020, este diario registró la defensa de los procesados: uno de los abogados sostuvo que la investigación de la Fiscalía ha estado marcada por errores y dilaciones, al señalar que el escrito de acusación fue devuelto y que no se entregaron todas las pruebas del caso. Según el abogado, estas fallas han prolongado el juicio mientras los acusados completaron tres años privados de la libertad sin una condena en firme, por lo que consideró que debían recuperar su libertad bajo el principio de presunción de inocencia.
Hechos como la recaptura, al día siguiente de haberlos dejado en libertad, de César Becerra y Christian Sandoval, por delitos de rebelión, quedaron para sus defensas, como maniobras para mantenerlos en prisión, sin pruebas contundentes.
Respecto a la autoría del atentado, Bernate señaló que la hipótesis de la investigación apunta a una “célula de terrorismo urbano con presuntos vínculos con el ELN”.
Adicional, la figura de Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”, otra señalada de participar en el atentado, se hizo el más visible, pues fue la única de quien la Fiscalía dice tener pruebas contundentes.
El balance a nueve años no deja tranquilas a las víctimas: “a nueve años del atentado contra el Centro Comercial Andino, Francisco Bernate, representante de 11 víctimas (entre ellas familiares de tres fallecidas y ocho personas heridas), asegura que el principal proceso judicial está cerca de fracasar por vencimiento de términos.
“La investigación contra los primeros capturados permanece estancada pese a contar con un principio de oportunidad, videos de seguridad y otros elementos probatorios, y podría prescribir en junio de 2027 sin que exista una sentencia”, dijo a El Espectador el abogado.
El abogado también criticó la respuesta del Estado frente a las víctimas, al señalar que durante estos años no recibieron una reparación integral ni el acompañamiento necesario. Afirmó que las secuelas siguen siendo profundas, tanto para los familiares de las tres mujeres que murieron en la explosión como para las personas que quedaron con lesiones permanentes, entre ellas amputaciones y afectaciones auditivas.
Violeta Arango permanece en fuga
La defensa de las víctimas sostiene que el único expediente con posibilidades de avanzar es el que se sigue contra Violeta Arango, sin embargo, cuestionó que haya recuperado la libertad tras ser nombrada gestora de paz del ELN y advirtió que, aunque actualmente tiene una orden de captura vigente, se desconoce su paradero.
Cabe recordar que en 2022, la mujer fue capturada y había sido enviada a la cárcel. Una juez de control de garantías de aquel momento la señaló de haber obtenido por internet los planos del centro comercial días antes del atentado y participar en la movilización de explosivos.
Arango enfrenta cargos por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado y rebelión.
Más allá de los procesos que generan dudas, y las preguntas que dejará la posible prescripción del caso, después de nueve años del atentado, las víctimas aún no tienen certeza de quiénes son los reales responsables de que su vida diera un vuelco dramático. Con una prófuga y el pasar del tiempo, el horizonte se dibuja impune en el caso del Andino.
“Las víctimas no solo cargan con las secuelas físicas del atentado, sino también con una profunda sensación de injusticia y abandono”, concluyó Bernate.
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Por Redacción Bogotá
