La captura de un hombre de 30 años, señalado de abusar sexualmente de una estudiante de 12 años dentro de un colegio de la localidad de Bosa pone, una vez más, en el centro del debate, la seguridad de niños, niñas y adolescente en entornos educativos y las fallas estructurales en los mecanismos de prevención y control al interior de estas instituciones.
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De acuerdo con la investigación judicial, los hechos habrían ocurrido el pasado 5 de diciembre de 2025. El presunto agresor se desempeñaba como responsable del área financiera del colegio y, según las autoridades, habría aprovechado esa posición para acceder a espacios internos sin levantar sospechas. Fue así como en uno de esos lugares, destinado originalmente a funciones de seguridad, adecuó un sitio en el que, mediante engaños, condujo a la menor y cometió el abuso.
La víctima, además, habría sido intimidada tras el ataque. El hombre la amenazó con hacerle daño a sus familiares si contaba lo ocurrido, una estrategia recurrente en los delitos sexuales contra menores que busca prolongar el silencio y dificultar la denuncia.
Así se descubrió el caso
El caso salió a la luz cuando un familiar de la niña notó que presentaba dolores en su zona íntima. Ante la alerta, la menor fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, donde recibió atención médica y se activó el llamado “código blanco”, es decir, el protocolo de atención integral, inmediata y prioritaria para víctimas de violencia sexual. A partir de ese momento se dio inicio al proceso judicial.
La investigación fue asumida por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del CTI y de unidades especializadas de la Policía Judicial en delitos contra niños, niñas y adolescentes. Durante varias semanas, el señalado permaneció oculto, evadiendo a las autoridades, hasta que finalmente fue ubicado y capturado en el municipio de Soacha mediante orden judicial.
Tras su captura, un juez de la República le imputó el delito de acceso carnal violento agravado con acceso carnal abusivo contra menor de 14 años y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El hecho reabre cuestionamientos sobre los controles que ejercen las instituciones educativas con presencia de menores sobre su personal administrativo y operativo. Si bien en estos casos la atención y la veeduría suele centrarse en docentes, expertos advierten que otros cargos con acceso a espacios internos también representan posibles riesgos si no existen filtros adecuados, supervisión constante y protocolos claros de prevención.
Las autoridades hicieron un llamado a posibles víctimas de este mismo hombre para que se comuniquen con los canales habilitados por la Fiscalía General de la Nación o se acerquen a una instalación policial a poner el caso en conocimiento de las autoridades y establecer si existen más casos asociados al mismo presunto agresor.
Entre tanto las autoridades investigan los vacíos que llevaron a que la respuesta institucional llegara después del abuso y las condiciones que se le exigieron al capturado para poder ejercer ese cargo en un entorno en el que debe primar la seguridad y el bienestar de los menores a cargo de la institución.
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Por Redacción Bogotá
