El Gobierno Nacional aplicó en seis ciudades del país, entre ellas Bogotá, el nuevo decreto que modifica la actuación y los protocolos de la Fuerza Pública en el marco del derecho de la protesta social. Tres jornadas dejaron un contradictorio balance sobre cómo el Gobierno ordenó intervenir la manifestación en la capital, que fue el escenario principal en el que se puso a prueba su relación con la movilización social.
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El 13 de octubre, un día antes de que la oposición marchara en las calles, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 1525, con el que cambió el procedimiento de la ahora Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) —antes llamada Undmo—. Dentro de las principales modificaciones está el acompañamiento permanente de las marchas, a una distancia mínima de cuatro metros; individualizar a personas que empleen explosivos o destruyan la infraestructura pública, así como definir que el diálogo no constituye un requisito previo para actuar en casos de violencia. Y así se ejecutó.
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Inicialmente, ese día, de manera general, “el balance fue positivo”, aseguró el presidente Abelardo de la Espriella, al término de la jornada que convocó a cerca de 62.000 personas en distintas ciudades del país. “Fueron pacíficas en un 98%”, agregó. Sin embargo, hubo seis intervenciones en varias ciudades —dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín—, “por pequeñas revueltas”, dijo el jefe de Estado.
A detalle, el secretario de Seguridad, César Restrepo, contó en entrevista con El Espectador que la orden de intervención se dio desde el PMU, pues hubo “un ataque con bombas incendiarias a policías y al CAI Colseguros, como grafitis a un bus y una estación de Transmilenio”. Oficialmente, agregó que tres personas fueron conducidas a un Centro de Trasladado por Protección (CTP), uno de ellos herido con contusión tras caer al momento de correr. Todos fueron liberados. Ningún uniformado resultó lesionado.
En contraste, Lina Marcela Castillo, defensora de derechos humanos hace ocho años e integrante de la Fundación Tripido, relató a este diario que fueron tres los puntos críticos durante ese 14 de octubre: Plaza de las Américas, Parque Nacional y Parque de los Periodistas, donde hubo un total de ocho personas heridas, dos defensores lesionados y tres traslados a CTP y uno al centro zonal del ICBF, por ser una menor de edad.
En el Portal Américas, Castillo destacó que se logró revertir la orden de intervención y pasar nuevamente a etapa de diálogo, gracias a la aplicación del Decreto 053 distrital. Pero la situación fue distinta en el centro de Bogotá. Desde el PMU, donde se encontraba, afirmó que se dio la orden de desplegar a la Unadi “por recuperación de vía y sin mediación”. Mientras tanto, en el Parque de los Periodistas, hubo un plantón en contra del “fracking” que lideró la exministra de Ambiente Susana Muhammad.
De acuerdo con Castillo, en horas de la noche dispositivos policiales y tanquetas se desplegaron con aturdidoras y gases lacrimógenos. Por este caos, “tuvimos que activar el mecanismo de búsqueda urgente de la Fiscalía por la desaparición de un joven menor de edad, que se separó de su mamá y finalmente fue encontrado”. También acudieron a la línea de emergencias 123 por la afectación a un transeúnte producto de los gases. “La ambulancia nunca llegó”, denunció.
El balance en el Museo Nacional
Tres días después, durante el fin de semana, Bogotá nuevamente acogió la indignación de organizaciones feministas, LGBTIQ+ y algunos sectores culturales, en rechazo a la orden del jefe de Estado de retirar piezas del Museo Nacional relacionadas con estos sectores, así como de campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y símbolos de paz.
Cerca de 1.000 personas de distintas edades acudieron al Museo Nacional el sábado con pancartas y consignas. La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó que gran parte de la jornada fue pacífica. Sin embargo, hacia las 6:33 p. m., una tanqueta comenzó a lanzar chorros de agua para dispersar a los manifestantes. En los siguientes 30 minutos la situación se intensificó con el despliegue de varios agentes, mientras se escuchaban aturdidoras y algunas personas lanzaban piedras.
De acuerdo con la defensora de la Fundación Tripido, la orden de intervención se dio para recuperar la carrera séptima, pero “fue desproporcionada y no evidenciamos ese acompañamiento después de la intervención, como dice el nuevo decreto”. Esta decisión también fue cuestionada por la defensora del Pueblo, respaldada en la Corte Constitucional. “La obstrucción de vías puede ser parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta (…) Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública”, comentó.
De acuerdo con la ONG Temblores, ese día documentaron una persona herida, pero que no aceptó traslado. Y no hubo capturas o traslados a CTP. Para el domingo 18 de octubre la situación no fue distinta. Al menos 300 personas se reunieron frente al Museo Nacional, nuevamente con consignas y pancartas, bloqueando la carrera séptima. Esta vez la intervención fue sobre las 3:00 p. m., y el balance mayor: ONG Temblores reportó a cuatro personas heridas, de las cuales dos aceptaron ser atendidas por la ambulancia sin traslado y una fue llevada al CTP. Esto contrasta con la información oficial, que dio el secretario de Seguridad, quien señaló que no hubo heridos ni se condujo a nadie al Centro, pero sí mencionó que hubo daños con piedras y grafitis a un bus de TM.
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Desde el Gobierno Nacional, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, justificó esta intervención “ante la insistencia de un remanente en mantener el bloqueo total” de la carrera séptima. En total, 14 ciudadanos resultaron heridos durante las tres jornadas de protesta; ningún uniformado quedó lesionado. Asimismo, a siete personas las llevaron a un Centro de Trasladado por Protección. El secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que la actuación de la Fuerza Pública se dio en el marco del cumplimiento del Decreto 053 y del Gobierno Nacional, en “protección de quienes no participan”. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo siguen alertas ante lo que aseguraron fue un uso desproporcionado de la fuerza.
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