Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el término abuso corresponde a la acción o el efecto de abusar y, líneas seguidas, indica que hay seis variantes. Está el abuso de autoridad, de confianza, de derecho, de posición dominante, de superioridad y sexual. Lo consignado allí no está alejado de la realidad capitalina y, en especial, de los entornos escolares. Y si bien el abuso no es novedad en estos espacios, sí se viene denunciando con más frecuencia en el último año.
Incluso, pareciera que a medida que las denuncias se posicionan en la agenda pública, otras víctimas sienten respaldo y motivación para sumarse, como se ha visto en lo corrido del año en la ciudad. Es como un efecto de “bola de nieve”, que saca a la luz hechos desconocidos y, a su paso, prende las alarmas de las instituciones encargadas de la protección de menores de edad.
En medio del llamado de las víctimas a las entidades veedoras, han quedado al descubierto ciertas falencias en la reacción, pues pese a que hay alternativas y estrategias para atender los casos, siguen existiendo brechas entre el momento de la denuncia y la investigación.
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El problema, ahora, no solo es enfrentar los hechos de abuso, sino darles el manejo adecuado. En algunos casos se ha llegado a desestimar el relato de las víctimas, lo que evidenciaría el desconocimiento de estas violencias que, a su vez, generan denuncias tardías, falta de apoyo profesional e impunidad.
Si bien, luego de conocer algunos de los recientes episodios de posible abuso sexual en los colegios de Bogotá, la Secretaría de Educación confirmó que se intensificará el trabajo para atender las denuncias y seguirán los talleres de prevención. No obstante, esta acción ha sido calificada por expertos y los afectados como tardía, pues, dicen, son acciones que se deben ejecutar con anterioridad para prevenir y orientar, y no para reaccionar tras la comisión de los delitos.
La psicóloga Károl Vásquez, decana de la Facultad de Terapias Psicosociales de la Universidad Antonio Nariño (UAN), establece que ese sería el problema en el que se debe trabajar, debido a que en la prevención estaría parte de la solución. Incluso, señala que a pesar de que existen normas, estas no están en contexto con la necesidad actual.
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“Tenemos desde 2016 la Ley 1620, que en teoría regula todo lo relacionado con convivencia escolar, formación para el ejercicio de derechos humanos y lo referente a la educación para la sexualidad. Todo, en el marco de la prevención y la mitigación de la violencia escolar. Sin embargo, no es suficiente, pues al igual que con muchas políticas públicas, se empiezan a gestionar, pero se quedan cortas a la hora de aplicarse”, indica.
Y agrega que las medidas con las que cuenta la ley no estarían impactando de forma positiva la realidad. “Se trata de un trabajo multidimensional, que implica involucrar a diversos sectores y actores para actuar, por un lado, de manera preventiva y, por el otro, siendo proactivos y asertivos con las realidades y necesidades vigentes, que requieren un trato inmediato”.
Las diferentes caras del abuso
Un joven golpeado por un compañero en un centro educativo de Soacha (Cundinamarca), presiones psicológicas reportadas por una estudiante en un colegio privado al norte de Bogotá y una niña, de 11 años, tocada y abusada por sus compañeros en Ciudad Bolívar son algunos de los casos que han sido noticia en las últimas dos semanas.
Situaciones que se suman a los escándalos que abrieron el debate sobre la seguridad de los menores en las instituciones: el abuso sexual que sufrieron varias estudiantes de los colegios Marymount y Colsubsidio, o el de un niño, de cinco años, en una institución en Bosa, procesos legales que apenas han dejado una detención preventiva.
Cifras de la Secretaría de Educación establecen que hay 163 casos activos contra servidores públicos de la entidad, por la “presunta comisión de violencia sexual contra menores”, los cuales ya están en conocimiento de la Fiscalía y corresponden a hechos que ocurrieron entre 2017 y el pasado 18 de marzo. Otros datos indican que el año pasado se dictaron 47 fallos en primera instancia (11 destituciones, 31 suspensiones, una multa y cuatro absoluciones).
Estos 163 son los que han avanzado a instancias judiciales, de un total de 7.190 alertas radicadas entre 2019 y 2022. Solo en 2021 fueron 962 (845 en colegios oficiales y 117 en colegios privados). Las estadísticas también revelan que Bosa, en lo corrido de este año, ha sido la localidad donde más se han presentado denuncias. Justo fue en dicha localidad donde ocurrió uno de los más recientes casos, que terminó en plantones y disturbios. Según la madre de la víctima, de cinco años, a principios del mes pasado un educador la habría sometido a tocamientos. La situación escaló al punto de que los manifestantes intentaron quemar la institución educativa.
Otro caso similar ocurrió en Tunjuelito, en donde otro docente fue señalado de acciones similares contra una estudiante, mientras que en un colegio de Ciudad Bolívar, varios jóvenes habrían encerrado en los baños a una menor de edad para tocarla. Los números contemplan específicamente situaciones relacionadas con temas sexuales, siendo el irrespeto (en términos verbales) la categoría en la que más se registran denuncias, seguido por el acoso y el acto sexual abusivo (tocamientos). Pero no todas las alertas de los últimos años fueron en los colegios: la administración aclara que de las 7.190 alertas, en el colegio se registraron 1.633, es decir, uno de cada cinco casos. El hogar fue escenario del 60 % de estos.
“Bullying” o el abuso de poder
Pero la situación en los entornos escolares parece ser más preocupante, pues el acoso sexual no es la única amenaza. Los estudiantes también se ven sometidos a violaciones como el bullying o el abuso de poder, por los mismos maestros o compañeros. Así lo dejaron ver varias denuncias, de los últimos meses, en donde un niño y una niña, de no más de siete años, fueron golpeados por los maestros en jardines educativos. Uno de ellos le enterró un lápiz en la cabeza a la niña, porque “no se sabía el siete y el cero, que es el 70”, relató la mamá.
Desde 2019 y hasta el pasado 23 de marzo, el Sistema de Alertas sobre Abuso y Violencia, de la Secretaría de Educación, recibió un total de 24.276 denuncias de estudiantes que dijeron haber sido víctimas de diferentes modalidades de violencia no solo en los colegios, sino en espacios externos. En uno de cada seis casos, el presunto responsable fue un miembro de la comunidad educativa, entre administrativos, docentes, funcionarios y otros estudiantes.
Al hablar específicamente de tipos de violencia, la física, la psicológica y la negligencia son otras realidades, con cifras no tan lejanas a las alertas por violencia sexual. Entre las cuatro modalidades concentran el 97 % de las alertas. Al analizar la edad de la víctima, también hay datos dicientes: 8.524 fueron menores de 10 años; 10.413 tenían entre 10 y 14 años, y 5.160, entre 15 y 17 años. Es decir, los rostros de la violencia afecta casi por igual a alumnos de primaria como de secundaria. Eso sí, vale resaltar que en cuatro de cada seis alertas el presunto responsable fue un familiar.
Ante este panorama, la psicóloga Vásquez señala que la responsabilidad de enfrentar el abuso no solamente recae en las instituciones, sino que debe buscarse, con miras a una solución, un abordaje familiar y social. “Para lograr un cambio estructural en el sistema educativo se debe incluir de manera activa a las familias, y pensar también en una transformación cultural. Lo anterior, debido a que las nuevas generaciones han recibido un país que se ha acostumbrado a violentar y a ser violentado, han perdido la esperanza y han configurado relaciones presenciales y digitales bajo esas dinámicas, que perpetúan la cultura de violencia”, concluyó.
Habla la Secretaría
Tras las constantes denuncias, la Secretaría de Educación señaló que, desde el segundo semestre de 2020, existe un plan de trabajo para gestionar de manera integral los casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el interior de las instituciones educativas. El plan consiste en una estrategia de atención, acompañamiento y “colaboración con las autoridades”, para que la investigación se desarrolle de manera exitosa. También se habla de conversatorios y jornadas de atención y control, que permiten aprender a abordar la problemática.
“Con la implementación del plan hemos logrado agilizar los tiempos procesales de cada caso, de forma tal que en 11 meses la cantidad de casos activos ha pasado de 211 en abril de 2021 a 163 en marzo de 2022”, se lee en un pronunciamiento de la Secretaría.
Los problemas y cómo abordarlos parecen claros. El resultado de justicia que las víctimas esperan no tanto. Desde diferentes áreas, tanto estudiantiles como expertos plantean que con una política adecuada podrán anticipar el abuso, que, pese a que no se podrá erradicar, sí ayudaría a contener el impacto de la bomba de tiempo en la que se convirtió esta situación.