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En la mañana de este martes, los habitantes del barrio La Cecilia en la localidad de San Cristóbal, asesores jurídicos y miembros de juntas de acción comunal del sector se reunieron con representantes de la Empresa de Acueducto de Bogotá y de la Agencia acional de Licencias Ambientales (ANLA). El encuentro se produjo en la Casa de la Lluvia de Ideas y el objetivo era presentar las razones de su desacuerdo con el proyecto del sendero ecológico Las Mariposas, propuesto por el Distrito y que pretende recorrer la ciudad por los cerros orientales, con una extensión de 160 kilómetos.
>>Lea: Los colectivos en contra del sendero Las Mariposas
Aunque según el Acueducto, entidad encargada de ejecutar las obras, el sendero no pasará por asentamientos o barrios recién legalizados (como La Cecilia), y por lo tanto su situación predial no estaría comprometida, los residentes de la zona reclaman que existen impactos negativos. Los vecinos, que aseguran que el proyecto tendrá un fuerte impacto ambiental, se quejaron por la falta de participación ciudadana y cuestionaron los beneficios que les traería el sendero. Además, dicen que su resistencia es un mecanismo de apoyo para las comunidades que se verán directamente vulneradas.
Por un lado, aseguran que trazar un sendero por todos los cerros orientales no solo implicaría la intervención de espacio que la comunidad ha recuperado en estos últimos 10 años, sino que también sería un factor de contaminación, ya que los cerros son un filtro para la calidad del aire. Además, les preocupa que con el incremento de los caminantes en la zona, aumente la probabilidad de incendios forestales, la acumulación de basura, y la deforestación de las plantas nativas que allí reposan como, según dicen, ha sucedido en los últimos 30 años.
A sus reclamos se suma la evasión de las numerosas solicitudes que han radicado ante el Distrito, como las citadas por Francelías Lancheros, presidente de la junta de acción comunal de La Cecilia, quien dijo que "desde hace un año y medio han presentado derechos de petición e instancias para estudiar la mitigación de riesgos y para conocer de primera mano el manejo que se le dará con este proyecto a las fuentes hídricas que recorren el cerro, desde su cumbre hasta los ríos Fucha, San Francisco, Salitre y Tunjuelo".
Carol Chávez, miembro de la junta de acción comunal de Laureles, manifestó que el Acueducto no los involucró en el proceso, que la socialización con los habitantes fue incompleta, y por lo tanto, desde un inicio no se tomaron en cuenta sus observaciones ni propuestas.
Otro de los argumentos de los ciudadanos es que el proyecto requiere una inversión de capital muy grande que podría ser utilizado de manera prioritaria en factores más urgentes para el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del sector como parques, zonas residenciales, centros educativos, de salud, aumento en la oferta de transporte público y la instalación de servicios públicos. Aún así, dicen ser conscientes de que el sendero no está pensado en beneficio de la comunidad, sino como un atractivo turístico para personas externas. "Más bien serán beneficiados extranjeros y las grandes empresas que seguro tendrán concesiones para vender sus productos en lo que debería ser reserva forestal" reclaman.
También, por medio de una carta presentada a la ANLA, en la que evidencian sus inconformidades, sugirieron una coherencia institucional con respecto a este tipo de obras después de que por muchos años tuvieron que esperar la legalización de sus barrios, porque sus predios eran considerados asentamientos humanos en zona de reserva. "¿Acaso causan más daño 20 casas en la falda de la montaña que 100 kilómetros de vía dividiendo el cerro? Claro, como ahora el proyecto lo plantea la misma administración ya no resulta retrógrado irrespetar el uso de la reserva forestal", cuestiona el documento.
En medio de este panorama, cabe resaltar que apenas el año pasado comenzaron los diálogos con la comunidad y hasta ahora están avanzando. Además, aunque la Corporación Autónoma Regional (CAR) ya dio el permiso de sustracción, el Acueducto se encuentra en la fase de estudio y diseño, mientras la ANLA se encarga de dar las licencias ambientales requeridas para realizar las obras. Por estas razones, el Distrito tendrá que esperar a que los procesos de socialización culminen para así poder tomar decisiones.
La próxima reunión con la ciudadanía está programada para mañana miércoles 6 de febrero en el Parque El Chicó.
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