Desde la Contraloría General de la República se emitió advertencia al Ministerio de Vivienda, a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) y a las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., por los riesgos de afectación negativa a los intereses públicos identificados por la CGR en el proyecto de construcción del Acueducto Regional La Mesa – Anapoima, ejecutado mediante Contrato de Obra PAF-ATF-O-012- 2018 y el Contrato de Interventoría PAF-ATF-l-025- 2018.
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Para el ente de control existe un grave riesgo de perder la inversión realizada a la fecha, correspondiente a $71.871 millones, debido a que la culminación y puesta en funcionamiento del proyecto no están aseguradas y dependen de la aprobación de otra reformulación que adicione recursos y prorrogue el término contractual.
“El contrato tenía prevista como fecha de terminación el 20 de marzo de 2023; sin embargo, el día 15 de marzo se suscribió una nueva modificación a los contratos de obra e interventoría por tres meses más, es decir, hasta el 19 de junio. La CGR considera que en ese plazo no sería viable cumplir con el objeto contractual, en otras palabras, la construcción y puesta en marcha de la misma podría no estar terminada”, se lee en el pronunciamiento, en el que además se detallan los siguientes riesgos:
- De no poderse concluir el proyecto, se afectará a cerca de 100.000 habitantes de los municipios que tienen la expectativa de acceder al servicio de agua potable desde el año 2006 como mejora en la calidad de vida.
- Con las variaciones hechas al proyecto, el costo del metro cúbico de agua será superior al inicialmente previsto, impactando con ello la economía de la población.
- El caudal puede ser insuficiente para cubrir el consumo actual de la población que se prevé sea para el presente año de 127,72 litros por segundo, frente a 43,75 litros por segundo que suministraría la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, es decir, solo se cubriría un 34 % de la demanda.
- Impacto ambiental: debido a las obras adelantadas en el sector ‘Chivo Negro’ en el municipio de Bojacá, se realizaron siembras de individuos arbóreos, tratamiento forestal que podría generar un impacto negativo en la línea de base ambiental actual del sector.
- La falta de planeación reflejada en la precariedad de los estudios previos desde el inicio del proyecto y las distintas situaciones de retraso y adiciones en tiempo y recursos, amenazan la puesta en funcionamiento de la obra contratada.
- Incremento en los costos finales por retrasos en la determinación del estado de las tuberías instalada en años anteriores.
- Los atrasos y demoras en la obtención de los permisos, pueden retardar aún más las obras.
“Por otra parte, al ser incierta la fecha de terminación del proyecto, las condiciones de diseño iniciales para la prestación del servicio de acueducto se ven afectadas por factores demográficos, en razón de la densidad poblacional y la esperanza de vida de los habitantes -entre otros- que han cambiado y seguirán variando, con relación a las que originalmente se previeron. Ello seguiría implicando adición de recursos para las adecuaciones del proyecto”, aseveran desde la Contraloría.
En el marco de esta advertencia, se espera que los gestores fiscales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.), en el marco de sus competencias y autonomía, adopten las medidas que consideren procedentes para evitar que los riesgos identificados y los daños al patrimonio público se materialicen.
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