Bogotá

18 Feb 2018 - 2:00 a. m.

Adictos: ¿sin kits gratuitos de inyección?

Acción Técnica Social, uno de los proyectos de atención para personas que se inyectan drogas en el país, pasará a manos del Estado. Aunque la transición está en trámite, consumidores de Bogotá señalan que siguen sin atención.

Yorley Ruiz M / yorley.ruizm@gmail.com

Los 270 consumidores de drogas inyectadas en Bogotá, que se beneficiaban del proyecto de reducción de daños dirigido por la organización Atención Técnica Social (ATS), se enfrentaron este año a una transición que los tomó por sorpresa. Así lo relató Julián Mesa, consumidor de heroína, quien desde hace tres años recibía de manos de la fundación un kit gratuito de inyección, que contenía cuatro jeringas, agua estéril, una cazoleta, un torniquete y un condón. Lo reclamaba en un local en La Candelaria, para no reutilizar las jeringas o usar alguna encontrada en la calle y así evitar alguna enfermedad.

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No obstante, este año encontró cerradas las puertas del local y él, así como otros beneficiarios, se quedaron sin jeringas. El programa no sólo les ofrecía este kit, también talleres de fotografía, serigrafía y de prevención de daños por el consumo. La situación, según Mesa, es grave, pues los consumidores, al no tener dinero para comprar más de una jeringa, podrían retomar malas prácticas. Pero la preocupación va más allá. Mesa advierte que la recolección segura de estos objetos quedó a la deriva. “Más de uno las tira por ahí creyendo que es un desecho común. Y si el que las usó tenía VIH podría exponer, por ejemplo, a quienes recogen la basura. El programa regulaba cuántas jeringas entregaban y cuántas recibían de vuelta, las cuales depositaban en canecas rojas, llamadas guardianes, para luego botarlas en sitios seguros”.

¿Qué sucedió? El programa ATS, financiado durante cuatro años por una organización internacional, se quedó sin recursos el pasado 31 de diciembre. Aunque en el último año le giraron el dinero a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), ya no seguirán al frente del programa. Según la entidad gubernamental, a partir de este año el Estado asumirá el proyecto a través de los hospitales públicos. Aunque la decisión cumple más de un mes, a la fecha los beneficiados dicen que siguen sin atención.

El impacto, al menos en Bogotá, no es menor. A los voceros de ATS les preocupa el futuro de sus beneficiarios, entre los que había habitantes de calle y universitarios, con los que habían acumulado experiencias y lazos de confianza, no solo en Bogotá sino en Cali, Dosquebradas y Pereira, ciudades en las que alcanzaron a atender a 2.000 personas, de las cuales 18 abandonaron el consumo. “Las personas que atendíamos no están pensando en salir a protestar. Seguramente se dedicarán a conseguir plata sólo para ‘chutarse’ y no para comprar material higiénico de inyección. Terminarán comprando una jeringa para cuatro personas”, advierte Julián Quintero, director de ATS.

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Ante esta queja, Andrés Hoyola, gerente de proyectos de Fonade y encargado de la reactivación del programa, hizo un llamado a la calma e indicó que la atención no desaparecerá. En el caso de Bogotá, aclaró, el programa pasará a manos de las cuatro subredes de salud, que se encargarán, a partir de este año, de entregar los kits de inyección. Agregó que, hasta donde tiene entendido, ya se han hecho las primeras entregas en la Subred Norte, integrada por los hospitales Chapinero, Simón Bolívar, Suba, Engativá y la Clínica Fray Bartolomé. Eso sí, dijo que no hay horario definido y que todo depende de cada centro de salud. “Por el momento la Subred está adelantando reconocimiento en terreno y caracterización de los usuarios”, indicó.

La Secretaría de Salud, por su parte, fue más cautelosa. Reconoció que las subredes se encargarán de entregar el material higiénico y ofrecer atención a esta población, pero ultiman detalles para empezar en forma. “Los programas están funcionando, los centros de acogida, la realización de pruebas rápidas, la entrega de preservativos. Ya están los contratos con las subredes y se adelantan planes para reanudar la entrega de los kits”, dijo Manuel González, subdirector de Determinantes en Salud del Distrito.

¿Se interrumpen los procesos?

Pese al anuncio oficial, los consumidores de drogas inyectadas insisten en que nadie los ha tenido en cuenta ni les han dado información sobre el futuro del proyecto. “No nos han dicho nada. Nadie se ha pronunciado”, señaló Julián Mesa, quien más que un beneficiado se convirtió en enlace de ATS con la comunidad consumidora. Su duda no es infundada y dice tener un recuerdo fresco: el cierre de los Centros de Atención a Drogodependientes (Camad), creados a mediados de 2012 y que se acabaron con el cambio de administración. Allí no sólo les prestaban atención a los consumidores de heroína, sino de otras sustancias. “Esos centros los veían como una alcahuetería, pero no era así. Por el contrario, lo que se hacía era evitar propagación de virus”, manifestó Mesa.

Detrás de la reducción de daños también está la lucha contra el VIH y la adicción. Julián Quintero, director de ATS, señala que, más allá de si ellos siguen o no al frente del programa, el problema es que mientras se hace el empalme con los entes territoriales, los beneficiarios del programa están expuestos a un contagio , ya que la necesidad de consumo es tan alta, que el intercambio de jeringas es inevitable.

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“La diferencia entre los empleados de nuestra ONG con los funcionarios de un hospital es que estos últimos no saben cómo se trabaja con esta población. Las entidades gubernamentales no construyen sobre lo construido, sino que harán lo mismo que ya veníamos haciendo. Tenemos la mejor caracterización de los consumidores de Bogotá, pero ellos iniciarán una nueva, frenando los servicios de jeringas”, argumenta Quintero. Con la transición, otro discusión es el anonimato de los beneficiarios pues, según parámetros internacionales, por ser una población vulnerable, esto es fundamental.

Frente a este reproche, el Ministerio de Salud y Fonade indicaron que el suministrar los datos personales será opcional y en caso de que una persona se niegue, no se le impedirá el acceso al kit ni a la prueba de tamizaje. Pero en el caso de una persona con VIH o hepatitis, sus datos serán fundamentales para lograr una canalización con los hospitales, que le ofrecerán una ruta de atención.

“Si van a hacer esa transición, lo más importante es no cerrar el círculo de apoyo. Si este servicio lo vuelve a brindar una organización gubernamental, ojalá retomen cosas que hacía Cambie. Yo sé que no será igual, pero la idea es que no quiten ese apoyo y, lo más importante, es que asesoren y sigan con la naloxona, medicamento que evitó muchas muertes por sobredosis”, dice Mesa.

Este cambio en Bogotá es la muestra del plan nacional del Ministerio de Salud que busca garantizar la continuidad, sostenibilidad y la atención integral a la población consumidora. Por ello decidió asignar el control de este servicio a las autoridades territoriales de salud y a los hospitales de Cali, Pereira, Dosquebradas, Cúcuta y Armenia.

En el caso de Pereira, por ejemplo, la administración afirmó que el programa sigue funcionando y no han interrumpido la entrega de kits. “No hay cambios, pues hemos visto la importancia del trabajo de ATS. No obstante, no pudimos continuar con ellos, porque se está buscando cofinanciación para mantenerlo en los tres puntos donde ha operado desde el 2014: dos en Pereira y uno en Dosquebradas”, indicó Bibiana Liscano, gestora de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud del municipio.

En Cali la respuesta fue similar. Los funcionarios de la alcaldía explicaron que el trabajo que se venía realizando con la ONG sí continuó, pero ahora está en cabeza de los entes territoriales. Eso sí, para garantizar su continuidad y eficiencia, actualmente están aprovechando la capacidad instalada que dejó ATS en la ciudad, indicó Maritza Isaza, responsable en salud mental de la Secretaría de Salud de Cali.

Sobre este panorama, el Ministerio de Salud destacó con satisfacción el trabajo de articulación local que viene realizando en esas ciudades, pero indicó que “hay que ponerles el acelerador a los programas en Medellín y Bogotá”. Además, que se debe estudiar la posibilidad de llevar el programa a Pasto (Nariño), para ampliar la estrategia de reducción de riesgo, no sólo al tema de heroína, sino también al consumo de otras sustancias psicoactivas”.

Por su parte, Fonade, entidad que actualmente administra los recursos del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con los que se financia el programa de reducción de daños en el país, explicó que el millón de dólares que entregó esta entidad internacional tendrá una vigencia hasta el 2019 y que el enfoque de dicha inversión será la atención y la prevención del VIH, para lo cual mantendrán la estrategia de entrega de kits de inyección.

Por ello, insiste en la importancia de que sean los entes territoriales quienes lideren los programas: “El nivel institucional tiene alianzas mucho más fuertes que las ONG. Estas no tienen la capacidad de la sostenibilidad en las acciones. Por más que tengan la disponibilidad, el conocimiento y el interés, no tienen los recursos propios para darles continuidad. Entonces, las únicas acciones que podrían realizarse son aquellas que se hacen desde lo público y por eso estamos haciendo este trabajo de articulación con las secretarías de Salud territoriales”, aclaró Carlos González, coordinador técnico del proyecto de Fonade.

Por ahora, mientras se realiza el empalme con las secretarías y avanza la nueva apuesta, Julián Mesa, uno de los consumidores afectados con la transición, intentará seguir ayudando al menos a dos compañeros de consumo con nuevas jeringas, cada vez que el presupuesto de sus trabajos alternos se lo permita. Sin embargo, advierte que los demás consumidores de droga de la capital seguirán inyectándose, aunque sea reutilizando jeringas, sin importar tal vez el contagio de VIH y otras enfermedades que pueden atentar contra sus vidas, sumándose así al subregistro de contagiados que tiene el país.

Una problemática silenciosa

Según el último estudio de consumo de heroína en Colombia, realizado en 2015 por el Ministerio de Justicia, en asocio con el Observatorio de Drogas de Colombia y otras entidades, se estima que en el país existen alrededor de 15.000 personas que consumen drogas inyectadas y que en el territorio nacional se ofrece la heroína con un promedio de pureza muy alto (62,7 %) y a un precio asequible.

Dicho estudio, además, evidenció que el 41 % de las personas encuestadas reconocieron haber usado la jeringa de otra persona por lo menos una vez, mientras que otras indicaron haberla guardado para reutilizarla. El informe identificó que la población más joven, entre los 17 y 26 años, es la que más consume y que la mayoría de ellos son hombres solteros, con media y alta escolaridad, con tendencia al empobrecimiento. Además, que muchos se dedican a actividades informales, se involucran con el tráfico de pequeñas cantidades de droga y con el trabajo sexual.

Una atención más incluyente

Por lo menos una de cada dos personas que consumen heroína y que han buscado tratamiento, ha desertado. Según un estudio del Ministerio de Justicia, son varias las razones. Por un lado, el estigma, la discriminación y el maltrato serían las principales barreras para la permanencia de los usuarios. Además, la falta de preparación de las clínicas ha llevado a las instituciones a aplicar criterios que no necesariamente se ajustan a estándares internacionales. Esto se traduce en que las instituciones “enfrentan pobres resultados, limitada adherencia y altas tasas de deserción en los tratamientos”, agrega el estudio.

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