Alcaldesa de La Calera radica tutela para suspender su revocatoria

A pesar de que la Registraduría dio vía libre al proceso de revocatoria contra Ana Lucía Escobar, alcaldesa del municipio de La Calera (Cundinamarca), la mandataria expresó su rechazo a la determinación y, en un intento por frenar la votación, interpuso una acción de tutela por posibles irregularidades del proceso.

Según Escobar, hubo "manifiestas" irregularidades en el trámite de la revocatoria, por lo que instó a suspender el proceso mientras se resuelven los recursos de reposición y apelación contra la determinación. Para ello, pide además medidas provisionales al juez Constitucional.

Lea: Revocatorias: de la euforia al naufragio

Aunque en su decisión la Registraduría certificó el cumplimiento de los apoyos mínimos requeridos y de los requisitos exigidos para convocar a los ciudadanos a las urnas, para la alcaldesa se habrían cometido delitos durante la recolección de firmas por parte del comité promotor, sumado a presuntas inconsistencias frente a la forma de notificación de los actos administrativos e inconsistencias aritméticas que inducen a error. 

“Como alcaldesa me he limitado a lo que me corresponde, que no es otra cosa que a trabajar por los intereses comunitarios y del desarrollo municipal, como se demuestra en las obras inauguradas, las acciones de beneficio social, y la gestión que se adelanta en favor de las comunidades beneficiarias, las cuales, en su momento, deberán expedir sus respectivos pronunciamientos”, indicó Escobar en el texto.

Por otro lado, señaló que convocar a unas elecciones, faltando 14 meses para las próximas en el país, no beneficiarían a la comunidad sino a “un grupo político determinado y con claros intereses en las mismas”.

Así mismo, ratificó su disposición durante el proceso de investigación a entregar la información que se le habría solicitado en su momento “sin ninguna dilación u ocultamiento”, y que hasta ahora “no han reportado hallazgos de irregularidades en el manejo del erario, del presupuesto, ni de la cosa pública”. Por ello, insistió en que este proceso “no prospere”.  

Previamente, a través de una resolución, la Registraduría avaló 2.967 apoyos de 1.668 requeridos para convocar a los ciudadanos a las urnas. Según Germán Guevara, delegado de la Registraduría para Cundinamarca, el paso a seguir es que el gobernador, Jorge Rey, fije la fecha en la que se llevará a cabo la votación, la cual se podría definir esta semana. “Lo más probable es que se convoque el domingo 9 de septiembre, de acuerdo con los plazos que se piden para poder realizar el evento”, explicó el funcionario, precisando que los gastos serán asumidos por la Registraduría.

En este caso, para alcanzar el umbral mínimo se requiere la participación de al menos 5.202 ciudadanos, que corresponden al 40 % de los votos validados en las pasadas elecciones (13.006). Si se cumple este requisito, la decisión será la que adopten las mayorías.

Si al menos la mitad más uno apoya la salida de la alcaldesa del cargo, no se convocará a nuevas elecciones para elegir su reemplazo, teniendo en cuenta que falta menos de año y medio para que concluya su período. Por el contrario, si la decisión resulta a favor de Escobar, la norma indica que los ciudadanos ya no podrán apostar por este mecanismo en lo que resta de su período.

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A pesar de que la Registraduría dio vía libre al proceso de revocatoria contra Ana Lucía Escobar, alcaldesa del municipio de La Calera (Cundinamarca), la mandataria expresó su rechazo a la determinación y, en un intento por frenar la votación, interpuso una acción de tutela por posibles irregularidades del proceso.

Según Escobar, hubo "manifiestas" irregularidades en el trámite de la revocatoria, por lo que instó a suspender el proceso mientras se resuelven los recursos de reposición y apelación contra la determinación. Para ello, pide además medidas provisionales al juez Constitucional.

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Aunque en su decisión la Registraduría certificó el cumplimiento de los apoyos mínimos requeridos y de los requisitos exigidos para convocar a los ciudadanos a las urnas, para la alcaldesa se habrían cometido delitos durante la recolección de firmas por parte del comité promotor, sumado a presuntas inconsistencias frente a la forma de notificación de los actos administrativos e inconsistencias aritméticas que inducen a error. 

“Como alcaldesa me he limitado a lo que me corresponde, que no es otra cosa que a trabajar por los intereses comunitarios y del desarrollo municipal, como se demuestra en las obras inauguradas, las acciones de beneficio social, y la gestión que se adelanta en favor de las comunidades beneficiarias, las cuales, en su momento, deberán expedir sus respectivos pronunciamientos”, indicó Escobar en el texto.

Por otro lado, señaló que convocar a unas elecciones, faltando 14 meses para las próximas en el país, no beneficiarían a la comunidad sino a “un grupo político determinado y con claros intereses en las mismas”.

Así mismo, ratificó su disposición durante el proceso de investigación a entregar la información que se le habría solicitado en su momento “sin ninguna dilación u ocultamiento”, y que hasta ahora “no han reportado hallazgos de irregularidades en el manejo del erario, del presupuesto, ni de la cosa pública”. Por ello, insistió en que este proceso “no prospere”.  

Previamente, a través de una resolución, la Registraduría avaló 2.967 apoyos de 1.668 requeridos para convocar a los ciudadanos a las urnas. Según Germán Guevara, delegado de la Registraduría para Cundinamarca, el paso a seguir es que el gobernador, Jorge Rey, fije la fecha en la que se llevará a cabo la votación, la cual se podría definir esta semana. “Lo más probable es que se convoque el domingo 9 de septiembre, de acuerdo con los plazos que se piden para poder realizar el evento”, explicó el funcionario, precisando que los gastos serán asumidos por la Registraduría.

En este caso, para alcanzar el umbral mínimo se requiere la participación de al menos 5.202 ciudadanos, que corresponden al 40 % de los votos validados en las pasadas elecciones (13.006). Si se cumple este requisito, la decisión será la que adopten las mayorías.

Si al menos la mitad más uno apoya la salida de la alcaldesa del cargo, no se convocará a nuevas elecciones para elegir su reemplazo, teniendo en cuenta que falta menos de año y medio para que concluya su período. Por el contrario, si la decisión resulta a favor de Escobar, la norma indica que los ciudadanos ya no podrán apostar por este mecanismo en lo que resta de su período.

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