En medio de un panorama crítico de seguridad, tras semanas en las que resuenan hechos delictivos en Bogotá, la administración distrital convocó una reunión con las Altas Cortes para discutir los vacíos en justicia que, a los ojos del alcalde Galán, son causantes de muchos de los eventos delictivos de las últimas semanas.
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La constante captura de delincuentes con antecedentes o incluso con medidas vigentes de casa por cárcel, ha hecho que la alcaldía impulse la discusión por la efectividad de las medidas correctivas y el control de personas con brazaletes del Inpec.
De esta manera, la Alcaldía informó que sostuvo un desayuno de trabajo con los presidentes y vicepresidentes de las altas cortes, en el que participaron representantes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.
Durante el encuentro, el mandatario expresó su respaldo a la rama judicial y reiteró el compromiso de su administración de cumplir la ley, al tiempo que expuso preocupaciones sobre vacíos en el sistema judicial y los retos para garantizar la seguridad en las ciudades.
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Asimismo, planteó la necesidad de impulsar reformas legales que permitan sanciones más efectivas contra la delincuencia. Galán estuvo acompañado por su equipo jurídico y de seguridad.
Uno de los hechos que puso como ejemplo el mandatario es uno de los delincuentes de la banda ‘Los Kamaleones’, responsables del atroz crimen el profesor universitario Neill Felipe Cubides en enero de este año.
Me duele decirlo, pero este hecho del profesor Cubides se pudo haber evitado”, señaló el mandatario en la rueda de prensa. “Uno de los hoy judicializados había sido detenido por paseo millonario en diciembre del año pasado, un mes antes de participar en el asesinato del profesor”, señaló Galán. Añadió que “la Policía ha capturado a 12 personas con brazalete este año ¿Cuál es el control que ejerce el Inpec?”
Propuestas de la Alcaldía
Aunque Galán se refirió a la reforma de justicia desde el inicio de su Gobierno, fue después de las pasadas elecciones que el mandatario pretende afianzar relaciones con los congresistas electos y, en una reunión en el Palacio Liévano, expuso los tres puntos que desea se incluyan en la agenda. Uno de ellos tiene que ver con el “acceso inmediato de la Policía a las imágenes grabadas por cámaras privadas de seguridad que miran a la calle”.
A esto se suma la iniciativa de impulsar una agenda común entre Alcaldía, Policía, Rama Judicial y Congreso “para contar con más herramientas para capturar y sancionar a los delincuentes”, y finalmente abogar por “sanciones efectivas” en delitos como el de hurto de celulares, ya que una de las principales quejas es lo complejo que es para las autoridades capturar a un delincuente y lo fácil que queda en libertad, lo que aumenta la sensación de impunidad.
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Concejo de Bogotá pide ampliar la mirada
Desde el Concejo de Bogotá, la lectura es más crítica en torno a las razones que motivan al alcalde a buscar las reformas. El cabildante Julián Uscátegui (Centro Democrático) sostiene que “él tiene a disposición múltiples herramientas para fortalecer la seguridad de Bogotá y la lucha contra el crimen organizado. Facultades legales, constitucionales y herramientas que le hemos dado desde el Concejo”. Más allá de reformar la ley, él “debe aumentar los recursos para seguridad, que hoy no supera el 3 % del presupuesto de la ciudad”.
Sobre sanciones más duras para delincuentes y una reforma a la ley para asegurar que delincuentes comunes paguen cárcel en lugar de quedar libres, señaló: “hay que fortalecer la capacidad de custodia y para hacerlo debe contratar la construcción de cárceles para sindicados a través de alianzas público-privadas, algo que ya contempla la Ley de Seguridad Ciudadana”.
A lo anterior suma la necesidad fortalecer el parque automotor, pues “el 30 % está fuera de servicio”, y considerar la integración de 160.000 vigilantes de seguridad privada que hay en la ciudad. “Esto no se ha hecho. Por eso insisto en que el alcalde tiene herramientas, facultades, formas de actuar frente a esta crisis de seguridad que no ha utilizado. Antes de buscar reformar la ley o buscar otros actores, debería asumir su responsabilidad y hacer lo que le corresponde”.
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Por Redacción Bogotá
