Alegan fallas en capturas por ataque al Andino

Artículos e instrucciones para armar explosivos, una pistola, elementos alusivos al Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), computadores, memorias USB con información clave y hasta interceptaciones telefónicas. Todo hace parte de las evidencias que dicen tener la Fiscalía y la Policía en contra de las nueve personas a las que señalan de ser miembros de la organización ilegal, posibles responsables del atentado en el centro comercial Andino.  (LEA: ¿Universitarios, agitadores o terroristas?)

A pesar de la seguridad con la que hablaron en la noche del pasado sábado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el director de la Policía, general Jorge Nieto, sobre las evidencias con las que cuentan para procesar a los detenidos por concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado, la audiencia de control de garantías no ha sido fácil.  (LEA:Ordenan libertad de uno de los detenidos por bomba en Andino)

Es por esto que la diligencia, que comenzó al mediodía del domingo, aún no culmina. Hasta ayer, luego de casi 20 horas, lo único que se había logrado era la legalización de los allanamientos y de las capturas de ocho indiciados, ya que uno de ellos quedó libre luego de que el juez consideró ilegal su captura. Fuera de esta decisión, las demás han sido apeladas por los abogados de los sospechosos. (LEA: ¿Quién puede estar detrás del Movimiento Revolucionario del Pueblo?)

En el desarrollo de la audiencia, la jueza expresó su molestia con las autoridades y los asistentes, pues, a pesar de haber decidido hacerla a puerta cerrada, en varios medios de comunicación se publicaron fotos y datos concretos de los elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía, incluso antes de ser legalizados.

Por ejemplo, se mostraron los elementos que encontraron en la casa de uno de los detenidos, entre ellos material para armar y activar explosivos, como cordón detonante, baterías, teléfonos celulares, relojes y controles remotos, e incluso dos petardos estaban listos para ser activados.

Además, detalles según los cuales dos de las procesadas estuvieron supuestamente en un café internet, en el sur de la ciudad, descargando un mapa del Andino, para estudiar las entradas y las salidas del centro comercial y las rutas que conducen al baño donde ocurrió el atentado. A esto se suman documentos en los que, al parecer, se mencionan posibles nuevos atentados.

Estos elementos serán algunos de los que usará la Fiscalía para demostrar la posible participación de los detenidos en los ataques. Y aunque se mantiene firme en su intención de imputarles cargos lo antes posible, contrario a lo que informamos en la edición de ayer, el ente investigador no ha logrado que la diligencia llegue a esta instancia. Se espera que la imputación se realice hoy, en el transcurso del día, una vez reinicie la audiencia a las 8:00 a.m.

Dudas

Desde que inició la diligencia de control de garantías, los abogados cuestionaron todos los indicios presentados por las autoridades. Señalaron que en el procedimiento se registraron serias inconsistencias. Por ejemplo, dicen que las órdenes de captura y la legalización se hicieron fuera del tiempo establecido por la ley.

Una de las detenidas, quien envió un mensaje que fue leído por uno de sus familiares, también cuestionó el procedimiento y expresó que, debido a la presión mediática y política, el saldo de las audiencias culminadas no había sido favorable para los indiciados. “Aunque nuestra defensa ha reclamado la no violación de nuestros derechos, las irregularidades en el campo judicial han sido muchas. Legalizaron allanamientos con errores procedimentales y sustantivos, y legalizaron las capturas fuera de tiempo”, indicó.

A estas declaraciones se sumaron las voces de apoyo de compañeros, amigos y familiares de los detenidos, quienes desde el día de la audiencia se agruparon en las afueras de los despachos judiciales para expresar su inconformidad, pedir a las autoridades no estigmatizar a la universidad pública e insistir en la inocencia de los indiciados. Por eso aseguran que no creen en las evidencias de la Fiscalía y recalcan que todo podría ser un montaje para mostrar resultados. Destacan a varios de los procesados como personas con sensibilidad social, pero incapaces de quitarle la vida a nadie.

“Conozco a una de las detenidas desde 2006, cuando estudiamos derecho en la Universidad Nacional. Era una estudiante como cualquiera y tenía sus preocupaciones sociales. Pero de ahí a pensar que puede atentar contra la vida de otros, es imposible”, dijo Edwin Quintero.

Agregó que la joven abogada ejercía su carrera desarrollando convenios de la universidad con el Distrito, trabajando en temas de investigación, justicia en equidad, comunidades indígenas y mecanismos alternativos de solución de conflictos. “Siempre ha sido una persona con sensibilidad social, pero no es una delincuente. Lo único que puedo decir es que las autoridades están buscando chivos expiatorios justo antes de la campaña electoral”.

Por su parte, Miguel Ángel Salas, también abogado de la Universidad Nacional y especialista en derecho ambiental de la Universidad del Rosario, dijo conocer a dos de las procesadas desde hace ocho años, cuando comenzaron a estudiar Derecho: “Todo esto me tiene bastante preocupado, porque las conozco y sé la clase de personas que son. Las están señalando de algo bastante serio y le puedo asegurar que eso no corresponde a lo que ellas son. No lo pudieron haber hecho, porque toda su vida la han dedicado a trabajar por la defensa de la vida y los derechos humanos. Lo grave es que las autoridades se ensañan siempre contra el mismo tipo de personas, buscando culpables en la universidad pública. Siento que es una persecución contra el pensamiento crítico, que estigmatiza a mucha gente, mientras los responsables siguen en la calle”.

Tras la suspensión de la diligencia ayer, a los ocho detenidos los enviaron a la URI de Puente Aranda, donde esperarán el reinicio de la audiencia, la cual se espera siga siendo a puerta cerrada, en la que la Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento.

Artículos e instrucciones para armar explosivos, una pistola, elementos alusivos al Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), computadores, memorias USB con información clave y hasta interceptaciones telefónicas. Todo hace parte de las evidencias que dicen tener la Fiscalía y la Policía en contra de las nueve personas a las que señalan de ser miembros de la organización ilegal, posibles responsables del atentado en el centro comercial Andino.  (LEA: ¿Universitarios, agitadores o terroristas?)

A pesar de la seguridad con la que hablaron en la noche del pasado sábado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el director de la Policía, general Jorge Nieto, sobre las evidencias con las que cuentan para procesar a los detenidos por concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado, la audiencia de control de garantías no ha sido fácil.  (LEA:Ordenan libertad de uno de los detenidos por bomba en Andino)

Es por esto que la diligencia, que comenzó al mediodía del domingo, aún no culmina. Hasta ayer, luego de casi 20 horas, lo único que se había logrado era la legalización de los allanamientos y de las capturas de ocho indiciados, ya que uno de ellos quedó libre luego de que el juez consideró ilegal su captura. Fuera de esta decisión, las demás han sido apeladas por los abogados de los sospechosos. (LEA: ¿Quién puede estar detrás del Movimiento Revolucionario del Pueblo?)

En el desarrollo de la audiencia, la jueza expresó su molestia con las autoridades y los asistentes, pues, a pesar de haber decidido hacerla a puerta cerrada, en varios medios de comunicación se publicaron fotos y datos concretos de los elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía, incluso antes de ser legalizados.

Por ejemplo, se mostraron los elementos que encontraron en la casa de uno de los detenidos, entre ellos material para armar y activar explosivos, como cordón detonante, baterías, teléfonos celulares, relojes y controles remotos, e incluso dos petardos estaban listos para ser activados.

Además, detalles según los cuales dos de las procesadas estuvieron supuestamente en un café internet, en el sur de la ciudad, descargando un mapa del Andino, para estudiar las entradas y las salidas del centro comercial y las rutas que conducen al baño donde ocurrió el atentado. A esto se suman documentos en los que, al parecer, se mencionan posibles nuevos atentados.

Estos elementos serán algunos de los que usará la Fiscalía para demostrar la posible participación de los detenidos en los ataques. Y aunque se mantiene firme en su intención de imputarles cargos lo antes posible, contrario a lo que informamos en la edición de ayer, el ente investigador no ha logrado que la diligencia llegue a esta instancia. Se espera que la imputación se realice hoy, en el transcurso del día, una vez reinicie la audiencia a las 8:00 a.m.

Dudas

Desde que inició la diligencia de control de garantías, los abogados cuestionaron todos los indicios presentados por las autoridades. Señalaron que en el procedimiento se registraron serias inconsistencias. Por ejemplo, dicen que las órdenes de captura y la legalización se hicieron fuera del tiempo establecido por la ley.

Una de las detenidas, quien envió un mensaje que fue leído por uno de sus familiares, también cuestionó el procedimiento y expresó que, debido a la presión mediática y política, el saldo de las audiencias culminadas no había sido favorable para los indiciados. “Aunque nuestra defensa ha reclamado la no violación de nuestros derechos, las irregularidades en el campo judicial han sido muchas. Legalizaron allanamientos con errores procedimentales y sustantivos, y legalizaron las capturas fuera de tiempo”, indicó.

A estas declaraciones se sumaron las voces de apoyo de compañeros, amigos y familiares de los detenidos, quienes desde el día de la audiencia se agruparon en las afueras de los despachos judiciales para expresar su inconformidad, pedir a las autoridades no estigmatizar a la universidad pública e insistir en la inocencia de los indiciados. Por eso aseguran que no creen en las evidencias de la Fiscalía y recalcan que todo podría ser un montaje para mostrar resultados. Destacan a varios de los procesados como personas con sensibilidad social, pero incapaces de quitarle la vida a nadie.

“Conozco a una de las detenidas desde 2006, cuando estudiamos derecho en la Universidad Nacional. Era una estudiante como cualquiera y tenía sus preocupaciones sociales. Pero de ahí a pensar que puede atentar contra la vida de otros, es imposible”, dijo Edwin Quintero.

Agregó que la joven abogada ejercía su carrera desarrollando convenios de la universidad con el Distrito, trabajando en temas de investigación, justicia en equidad, comunidades indígenas y mecanismos alternativos de solución de conflictos. “Siempre ha sido una persona con sensibilidad social, pero no es una delincuente. Lo único que puedo decir es que las autoridades están buscando chivos expiatorios justo antes de la campaña electoral”.

Por su parte, Miguel Ángel Salas, también abogado de la Universidad Nacional y especialista en derecho ambiental de la Universidad del Rosario, dijo conocer a dos de las procesadas desde hace ocho años, cuando comenzaron a estudiar Derecho: “Todo esto me tiene bastante preocupado, porque las conozco y sé la clase de personas que son. Las están señalando de algo bastante serio y le puedo asegurar que eso no corresponde a lo que ellas son. No lo pudieron haber hecho, porque toda su vida la han dedicado a trabajar por la defensa de la vida y los derechos humanos. Lo grave es que las autoridades se ensañan siempre contra el mismo tipo de personas, buscando culpables en la universidad pública. Siento que es una persecución contra el pensamiento crítico, que estigmatiza a mucha gente, mientras los responsables siguen en la calle”.

Tras la suspensión de la diligencia ayer, a los ocho detenidos los enviaron a la URI de Puente Aranda, donde esperarán el reinicio de la audiencia, la cual se espera siga siendo a puerta cerrada, en la que la Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento.