El homicidio del empresario Gustavo Andrés Aponte y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido esta semana en un gimnasio del norte de Bogotá, sigue siendo materia de análisis prioritario para las autoridades. El caso, que desde un inicio fue catalogado como un ataque meticulosamente planeado, ha abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con eventuales riesgos de seguridad que la víctima habría expresado a familiares y amigos meses antes de su muerte.
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En ese contexto, en las últimas horas han cobrado relevancia versiones que indican que Aponte había recibido amenazas previas, particularmente asociadas a la reaparición de estructuras armadas ilegales en zonas donde desarrollaba actividades empresariales. Estas alertas, según se ha conocido, estarían vinculadas a extorsiones y presiones en áreas rurales del Tolima, una región históricamente marcada por la violencia y donde su familia tuvo antecedentes de secuestros y ataques décadas atrás.
De acuerdo con el testimonio entregado posteriormente por el periodista Felipe Arias, amigo cercano del empresario, Aponte le había manifestado su inquietud por llamadas intimidantes recibidas en los últimos meses. Aunque contaba con un esquema de protección, el empresario habría expresado temor a desplazarse fuera de la capital, al considerar que no existían condiciones de seguridad en esos territorios.
Arias, en entrevista con La FM, señaló que Aponte confiaba en que su perfil público, marcado por obras sociales, actividades religiosas y apoyo a comunidades vulnerables, lo mantenía al margen de ese tipo de amenazas. Sin embargo, reconocía que antecedentes de prácticas como la extorsión y la intimidación le generaban preocupación, sobre todo por el impacto que pudiera tener en su familia y en sus hijos.
Alcalde Galán se pronunció
Mientras avanzan las indagaciones, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán informó que se realizó una reunión extraordinaria con la Policía Metropolitana, la Sijín y otras autoridades para revisar el estado del proceso investigativo. El mandatario calificó el crimen como un sicariato cuidadosamente planeado y reiteró el respaldo total del Distrito para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.
Galán advirtió que este tipo de crímenes no solo afectan a las víctimas directas, sino que golpean la confianza de la ciudadanía, y subrayó que todas las capacidades institucionales están orientadas a dar con los autores. En ese escenario, las alertas de seguridad conocidas tras el homicidio se convierten en un insumo clave que las autoridades deberán contrastar para determinar si las amenazas denunciadas guardan relación directa con el ataque.
Mientras avanzan las labores de policía judicial, las autoridades mantienen bajo reserva varias líneas de investigación que buscan establecer el origen de las amenazas y posibles responsables intelectuales del crimen. Por ahora se mantiene el rastreo de la motocicleta negra en la que se movilizaba el sicario, vestido de saco y corbata, y su cómplice, quienes huyeron en dirección sur por la carrera Séptima.
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Por Redacción Bogotá
