La elección de Andrés Castro Franco como personero de Bogotá estaba cantada desde el 5 de marzo, cuando terminó su entrevista en el Concejo. Ese día obtuvo una calificación casi perfecta, que llevó a tener una calificación inalcanzable para los otros competidores. No solo fue el primero en el examen de conocimiento, con 92,5 puntos, y obtuvo 10 de 10 en experiencia y estudios, sino que en la entrevista arrasó. Hoy, tras ser el primero en el concurso de méritos, rindió juramento como nuevo jefe del ministerio público distrital.
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Castro es natural de Pereira (Risaralda), abogado y profesional en ciencias políticas, con especialización en instituciones jurídico-procesales y maestría en derecho procesal penal. Fue contralor auxiliar de Juan Carlos Granados, cargo al que llegó tras perder en su aspiración por ser personero de Bogotá en 2015. Además, ha laborado en el Fondo de Estupefacientes, la Cámara de Representantes, la Personería de Bogotá y el Ministerio de Justicia. Fue jefe de control interno en la Auditoría General de la Nación; Contralor de Bogotá en 2021, y luego aspiró a ser Contralor General. En todos los concursos que ha participado ha obtenido la mejor calificación.
Castro Franco estará frente a la entidad por cuatro años. En su entrevista con el Concejo, el pasado 5 de marzo, no solo habló de su experiencia y estudios, sino de su plan de trabajo, que apunta a tener una Personería resolutiva, oportuna y humana, que garantice el goce de los derechos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta de los funcionarios públicos, la igualdad ante la ley y el control administrativo de la ciudad.
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“Hay que recuperar y fortalecer el liderazgo institucional, que se garantice el goce de estos derechos a los ciudadanos y empoderarlos en este ejercicio”, explicó, para luego complementar que hará una revisión institucional para tener más celeridad en los procesos disciplinarios, garantizando el debido proceso, y generar un sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo, crear alianzas con entidades regionales, nacionales de derecho humanos y, finalmente, buscar una recuperación de la confianza por parte de la administración y la ciudadanía”.
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Por Alexánder Marín Correa
