En Bogotá y varios municipios de la Sabana aprendimos a la fuerza que el agua no es un recurso infinito. El racionamiento que marcó el 2024 y terminó en los primeros días de abril de 2025 dejó una lección que, aunque evidente, nos ha costado asimilar: reaccionar tarde cuesta caro. Y en ese sentido hoy, cuando aún no empieza formalmente la temporada seca, e incluso cuando en la capital hemos visto caer largos aguaceros, la Corporación Autónoma Regional (CAR), autoridad ambiental de Cundinamarca, vuelve a encender las alarmas por el estrés hídrico que enfrenta la Sabana de Bogotá y advierte que los primeros meses de 2026 podrían traer un escenario crítico si no se actúa de inmediato.
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En contexto: El nuevo plan que busca saldar una deuda histórica con el río Bogotá
Las actuales señales de alerta son dicientes. Los ríos muestran caudales bajos, los embalses del centro del país siguen en descenso y, según la CAR, ya hay déficit de agua antes de que llegue el periodo de menor lluvia. Con corte al 6 de enero de 2026, de acuerdo con la Corporación, el estado de los embalses es el siguiente:
- Agregado norte: Neusa 83% (tendencia estable), Sisga 68,5% (tendencia descendente) y Tominé 58,4% (tendencia descendiente). Total agregado norte: 62,3%.
- Agregado sur: Chisacá, 78% (descendente) La Regadera, 103%, con tendencia ascendente. Total agregado sur, 86,6%.
- Sistema Chingaza: Chuza 69% (descendente) San Rafael 61% (ascendente). Total sistema Chingaza: 67,7% con tendencia descendiente.
- Finalmente, el embalse El Hato cuenta con un 71% de su capacidad y se encuentra, como la mayoría, en una tendencia descendiente.
Con dicho panorama encima, la CAR citó una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de empresas y sectores empresariales para tomar decisiones antes de que el problema escale. El mensaje es directo: no habrá margen para aumentar captaciones y el consumo humano tendrá prioridad absoluta. “Sin haber empezado la temporada seca ya presentamos déficit de agua”, advirtió el director de la CAR, Alfred Ballesteros, ante mandatarios locales y representantes del sector productivo de municipios como Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá, varios de los municipios que deben ajustar sus planes de ahorro para no sufrir una nueva contingencia.
Para la profesora Melizza Ordóñez, directora del programa de Ingeniería Ambiental de Uniagraria, el escenario no solo es previsible, sino reiterativo. “Es muy probable que volvamos a vivir una escasez hídrica tan pronunciada como la de 2024 y 2025. No es un evento aislado: es una situación que vamos a ver con frecuencia”, advierte.
¿Aprendimos?
Señala que el racionamiento en Bogotá dejó lecciones que hoy no pueden ignorarse. La primera es que los planes de contingencia no sirven si se quedan en el papel y se dotan con dientes para poner en cintura a quienes se los pasen por la faja. Y en ese sentido la CAR recordó que desde finales de 2025 pidió a alcaldes y empresas de servicios públicos activarlos, pero la realidad muestra que varios municipios ya enfrentan restricciones, incluso en condiciones climáticas que el Ideam califica como “neutrales”.
La segunda lección es más estructural: la crisis del agua no es solo climática, también es consecuencia de decisiones políticas y económicas y a una herencia cultural de descuido con el medioambiente. “La urbanización acelerada sin un norte más allá del lucro y la pérdida de cobertura natural en páramos, humedales y cerros orientales nos han puesto en una situación de vulnerabilidad muy alta”, explica Ordóñez. A eso se suma una dependencia riesgosa de pocas fuentes: “Bogotá depende en gran medida de sistemas de alta montaña como Chingaza, cuya recuperación depende 100 % de la lluvia, algo cada vez más incierto con el cambio climático”.
Con ese panorama, la CAR puso sobre la mesa un mensaje incómodo y fundamental: el crecimiento urbano e industrial sin respaldo hídrico es insostenible. La autoridad ambiental insistió en la necesidad de revisar los planes de ordenamiento territorial para frenar la suburbanización desbordada que multiplica la demanda de agua en la Sabana y amenaza, incluso, la permanencia de las industrias en la región. Un problema de años, resultado de planeaciones municipales que se quedaron cortas y que si bien no supone una novedad sigue siendo parte fundamental de la discusión.
Los anuncios de la CAR apuntan a decisiones concretas. No se autorizarán nuevos aumentos en las concesiones de agua para empresas ubicadas en la Sabana y se revisarán en detalle las concesiones vigentes. Además, habrá un seguimiento estricto a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). “Las medidas frente al cambio climático ya no son opcionales”, recalcó Ballesteros.
Desde la academia, el llamado va en la misma dirección, pero con un énfasis adicional en la prevención. “Necesitamos una gestión integral de cuencas y soluciones basadas en la naturaleza: restaurar páramos, humedales y bosques altoandinos que funcionan como esponjas naturales, capturan el agua en épocas de lluvia y la liberan gradualmente en los periodos secos”, señala Ordóñez.
En ese escenario crítico, la CAR y la RAP-E (Región Administrativa y de Planificación Especial), suscribieron, además, un convenio de COP 60.300 millones, cuyo objetivo fundamental es impulsar la recuperación de las cuencas alta y media del río Bogotá. El anuncio coincide con un debate aún más profundo que ha estado marcado por múltiples tensiones: las reglas que definirán qué se puede construir en la sabana y qué se debe proteger para garantizar un futuro que no repita los errores del pasado. Esa discusión está hoy en manos del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), entidad encargada por el Consejo de Estado de liderar un proceso amplio de concertación sobre estos lineamientos; entre tanto curtiembres, minería, desechos industriales y domésticos siguen enfermando al río.
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El corto plazo
A corto plazo, las acciones urgentes para evitar un nuevo racionamiento en 2026 pasan por diversificar las fuentes de abastecimiento. “No podemos seguir dependiendo solo de Chingaza”, insiste la experta. Embalses como Tominé, Neusa o Sisga requieren mantenimiento, optimización de infraestructura y una recuperación real de su capacidad de almacenamiento.
El sector productivo también está llamado a cambiar su relación con el agua. La CAR pidió a los industriales demostrar su compromiso con inversiones concretas, como la financiación de exploraciones de nuevos pozos subterráneos, la construcción de reservorios y el aprovechamiento de aguas lluvias. Ordóñez va más allá: “Hoy existen tecnologías que permiten el reuso del agua en la industria. Usarla una sola vez y desecharla ya no es viable”.
Aguas subterráneas: la reserva que vuelve a mirarse
Cuando los embalses bajan y los ríos se adelgazan, la discusión vuelve inevitablemente al subsuelo. Las aguas subterráneas —almacenadas en acuíferos que se recargan lentamente con la lluvia— se han convertido en una de las pocas alternativas reales para enfrentar el déficit hídrico en la Sabana de Bogotá. Se trata de un recurso estratégico, poco visible y aún insuficientemente estudiado, cuyo uso exige extremo cuidado: su extracción es costosa y su recuperación puede tardar décadas o incluso siglos.
En enero de 2025, la CAR y la Gobernación de Cundinamarca anunciaron el inicio de estudios para explorar el potencial de estas fuentes en diez municipios de la Sabana, entre ellos Sopó, Chía, Cajicá y Cota. El objetivo es actualizar la información sobre la disponibilidad de agua subterránea, definir dónde es viable perforar pozos profundos y orientar decisiones de ordenamiento territorial y concesiones, en un contexto de crecimiento urbano acelerado y presión creciente sobre el recurso.
El reto, sin embargo, va más allá de perforar. Datos de la CAR muestran que entre 1998 y 2022 el nivel del agua subterránea descendió de forma sostenida, pasando en algunos sectores de 20 o 30 metros de profundidad a más de 100, una señal de sobreexplotación que obliga a la prudencia. A esto se suma la proliferación histórica de pozos ilegales y usos industriales intensivos. “Las aguas subterráneas pueden ser parte de la solución, pero solo si su exploración y aprovechamiento se hacen bajo una premisa clara: no son infinitas y su prioridad debe ser, sin excepciones, el consumo humano”, advierte la profesora Ordoñez.
Otro punto sensible es el consumo doméstico. La académica propone discutir medidas que hasta ahora han sido esquivas en el debate público. “Es necesario pensar en políticas tarifarias o cargos al consumo excesivo del agua. Si no se penaliza el desperdicio, muchas personas simplemente ignoran la gravedad del problema”, añade.
A mediano y largo plazo, la discusión será la inversión. La CAR invitó a las empresas a invertir en la compra de predios estratégicos, la protección de páramos y la restauración de ecosistemas que alimentan las fuentes superficiales y los acuíferos. Sin esa base, coinciden autoridad y academia, cualquier solución técnica será apenas un parche.
“El reto no es solo de las alcaldías o de las autoridades. La gestión del agua empieza en los hogares, en los colegios y en la educación ambiental”, subraya Ordóñez. De cara a 2026, la Sabana de Bogotá todavía tiene cómo responder, pero el margen de error es cada vez menor.
El racionamiento no fue una anomalía ni una tormenta pasajera: fue un aviso. Hoy, con los embalses en descenso, las fuentes naturales presionadas y las decisiones estructurales aún en disputa, la Sabana de Bogotá se mueve otra vez al filo de la escasez. La diferencia es que esta vez no se puede alegar sorpresa. Las advertencias están sobre la mesa, los diagnósticos son claros y las alternativas existen. Lo que está en juego, más que la próxima temporada seca, es la capacidad de la región para asumir que el agua impone límites y que ignorarlos, como ya quedó demostrado, tiene un costo que que día a día es mayor.
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