El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció que radicará en los próximos días un Proyecto de Acuerdo con el que busca proteger el servicio de transporte público masivo y declararlo como un servicio esencial en la ciudad. La propuesta, según explicó, apunta a que las autoridades estén obligadas a garantizar su continuidad ante bloqueos y manifestaciones violentas, que en los últimos años han paralizado recurrentemente el sistema de movilidad.
Le puede interesar: Aprobada la financiación para 269 buses eléctricos para Bogotá
“La ciudad no puede seguir permitiendo que falsas protestas pacíficas terminen afectando los derechos de millones de personas”, advirtió el concejal.
De acuerdo con cifras presentadas por Quintero, solo en 2025 se han registrado 751 eventos entre protestas, disturbios y contingencias que han impactado directamente la operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y de los servicios troncales de TransMilenio. Esto representa más de 300 incidentes adicionales frente al mismo periodo del año anterior. Se estima que este año 14,5 millones de personas han resultado afectadas hasta la primera semana de octubre.
El proyecto, que será radicado ante el Concejo Distrital, buscará respaldarse en el artículo 365 de la Constitución y la Ley 336 de 1996, que reconocen el transporte masivo como un servicio público esencial. También citaría jurisprudencia de la Corte Constitucional que vincula el acceso al transporte con derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo, la salud y la educación.
“El propósito es que la administración distrital y las autoridades actúen de manera inmediata ante bloqueos violentos, judicialicen a los responsables y protejan los derechos de los ciudadanos que necesitan movilizarse a diario”, señaló Quintero.
Según datos de TransMilenio, este año 259 buses han sido vandalizados y el sistema ha dejado de recibir $12.638 millones por validaciones no realizadas. Entre 2020 y abril de 2023, las pérdidas asociadas al vandalismo se acercaron a los $17.000 millones.
El concejal hizo referencia a antecedentes judiciales, como la sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal la huelga de pilotos de Avianca en 2017 por tratarse de un servicio esencial, y la condena impuesta en 2019 a Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, por actos de vandalismo contra una estación de TransMilenio.
“Nadie está negando el derecho a la protesta, pero bloquear vías y destruir buses no es un acto democrático. Es una agresión directa a los derechos de millones de bogotanos”, concluyó.
Así las cosas, se espera que el proyecto sea tramitado antes de que finalice el actual periodo del Concejo.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
