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La audiencia de imputación de cargos contra los tres miembros de la Policía indiciados por la muerte de ocho reclusos en el CAI de San Mateo, en Soacha, estaba programada para este miércoles. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo porque los abogados de dos de los policías no se presentaron a la diligencia y solicitaron aplazarla, argumentando que apenas hasta el martes se comunicaron con los uniformados y que, además, tenían otras audiencias programadas.
El juez acogió la petición de los abogados y programó para el próximo miércoles 17 febrero, a las 9:00 a.m., la continuación de la audiencia en la que la Fiscalía les imputará cargos a los tres policías por homicidio doloso agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con homicidio doloso agravado tentado.
Los uniformados indiciados son Aleida del Pilar González, Jorge Suárez y Gabriel Ruíz, quienes serán juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 4 de septiembre al interior del Centro de Atención Inmediata (CAI) de San Mateo, en los que murieron ochos reclusos tras un incendio.
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Sobre los hechos que rodearon la muerte de los reclusos son varias las dudas de los familiares de las victimas. Dudas que ahora comparte la Fiscalía, que se alista para imputarle cargos gracias a los videos de lo ocurrido ese día y a testimonios que responsabilizarían a por lo menos dos de los acusados de participar en el incendio.
De acuerdo con los relatos de familiares de las víctimas, ese día había visitas. No obstante, a los presos los habrían castigado y al parecer algunos uniformados impidieron el ingreso de los allegados. Según dicen, algunos reclusos incluso gritaban para denunciar malos tratos, entre esos que no les habían llevado comida y los habían golpeado y mojado.
Por esos motivos, parece, los reclusos se desesperaron y uno de ellos prendió fuego a una cobija, dicen versiones de la Policía, que también ha dicho que las restricciones de ingreso se dieron por las condiciones de la pandemia. Pese a eso, las víctimas indican que dictámenes médicos evidenciaron restos de gasolina en los cuerpos.
Previo a la audiencia, Diego Cancino, concejal de Bogotá por Alianza Verde y quien hizo público el caso, pidió a la Fiscalía que evalúe la responsabilidad de mando por lo que denominó una “hoguera humana”. “Nos duele profundamente lo que pasó en la hoguera humana de San Mateo. Lo que ha pasado hoy es que la justicia ha empezado a operar. Gracias a nuestras denuncias abrieron investigación a tres policías que estaban en la estación de San Mateo ese día”, dijo el cabildante, quien pidió que los aplazamientos no sean una constante para dilatar el proceso.
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El concejal agregó que tanto César Castro, comandante de la Policía de Cundinamarca, como el Gobierno nacional, no asumieron su responsabilidad a pesar de que los hechos se podrían catalogar como una violación de los derechos humanos. “Eran personas que estaban bajo custodia policial, o sea que los presos eran responsabilidad de ellos”, manifestó.
Pero desde la Policía y el Ministerio de Defensa se ha contrariado esa versión. El fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo en su momento que la institución no ocultó información sobre el incendio, y que hecho una vez ocurrió los policías actuaron para responder a la emergencia, cuya responsabilidad siempre han achacado a los retenidos.
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