La transición del transporte público en Bogotá a un sistema de energías limpias dio un paso importante, tras el visto bueno de la Nación para cofinanciar la adquisición de 269 buses eléctricos para Transmilenio, que circularán entre Bogotá y Soacha, los cuales costarán alrededor de COP1,5 billones. Los detalles están en el documento que expidió el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes 4168-, el pasado 17 de octubre, a través del cual se declaró la importancia estratégica del proyecto, al alinearse con “el eje de transformación productiva, internacionalización y acción climática del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”.
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Los detalles
Actualmente, el sistema Transmilenio transporta alrededor de 4 millones de pasajeros al día y, a pesar de varios intentos por renovar la flota diésel a una flota eléctrica, no se ha podido concretar. Ahora, con el apoyo de la nación, se podría adquirir una flota cero emisiones y, de esta manera, reducir su huella ambiental. En total, serán 269 nuevos buses eléctricos, de los cuales 157 serán articulados (para 160 pasajeros) y 112 vehículos biarticulados (para 250 pasajeros cada uno).
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El proyecto incluye la electrificación del patio de operación Calle Sexta, que desarrollará la infraestructura de recarga necesaria para un suministro energético continuo y seguro. Además, el Distrito Capital, de manera complementaria, electrificará el patio El Vínculo ubicado en Soacha. Se espera que el primer lote de 53 buses eléctricos (31 articulados y 22 biarticulados) entre en operación en el primer semestre de 2026, mientras que el proyecto completo de los 269 vehículos esté en funcionamiento de forma progresiva hasta 2027.
Según los estudios previos, que respaldan la iniciativa, esto generará una serie de impactos directos en la calidad de vida de los capitalinos. Por ejemplo, cada bus nuevo reducirá el 78% de emisiones frente a un vehículo de gas natural o diésel. Además, no generarán material particulado (PM). Vale recordar que el sector transporte es responsable de cerca del 15,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia y el 41% de las emisiones de CO2 en Bogotá.
Un dato relevante es cómo esa reducción de GEI podría representar ahorros al año cercanos a los COP 5.000 millones al año. Este monto lo calcularon mediante la monetización de beneficios ambientales, dentro del Análisis Costo-Beneficio (ACB) del proyecto. Se estima que esta nueva flota representa una reducción de 224.074 toneladas de CO2; 5,6 toneladas de óxidos de azufre y 1.421 toneladas de óxido de nitrógeno, entre otros.
“Esta flota mejorará la calidad del transporte público, reducirá emisiones contaminantes que causan problemas a la salud humana y emisiones de gases de efecto de invernadero que causan la crisis climática. Ahora quedan dos pasos: la confirmación por Confis Nacional y la firma del convenio de cofinanciación”, sentenció el docente experto en movilidad, Darío Hidalgo.
A nivel operacional, se tiene que la nueva flota entrará a reforzar la oferta del sistema, con lo que no solo se reducirá en casi un minuto el tiempo de espera en las estaciones; sino los tiempos de viaje, debido a mejores frecuencias y niveles de ocupación más equilibrados, y el sistema podrá movilizar a más pasajeros.
El apoyo de la nación llega en un momento crucial, si se tienen en cuenta los desafíos financieros que enfrenta el SITP, con un déficit que alcanza casi los COP 3 billones, lo que restringe su capacidad para asumir por su cuenta nuevas inversiones en electrificación. Según el documento Conpes, la Nación aportará alrededor de COP 938.000 millones y el Distrito 564.000 millones. Este acuerdo, no solo ayudará a reducir el déficit del sistema, sino que se traducirá en otros ahorros a largo plazo con menores costos operacionales (21% más bajos que los buses de gas natural).
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Para el profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional de Colombia, si bien esta aprobación envía una señal que tanto el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital están unidos en este propósito, es enfático en advertir que se deben cuidar las finanzas de Bogotá. “Hay que empezar a controlar que el componente de transporte y movilidad no supere los demás temas prioritarios de salud, seguridad o educación. Igualmente, los costos de adquisición y operación no debe de ejercer presión en la tarifa al usuario o en el déficit del sector transporte público”, sentenció en diálogo con este diario.
Este apoyo nacional es un paso importante en la hoja de ruta institucional, que apunta al ascenso tecnológico del sistema de transporte de la capital. El Distrito, a través de Transmilenio será el responsable de la gestión, organización y planeación del servicio.
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Por Alexánder Marín Correa
