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Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo estarían detrás de más de 200 procedimientos estéticos invasivos en pacientes de Bogotá y Medellín. El riesgo era que esta pareja no tenía ningún tipo de título profesional.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 11 de abril de 2025, Henao radicó ante el Colegio Médico Colombiano la solicitud de expedición de tarjeta profesional e inscripción en la plataforma de Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus). Los soportes, indicaron, eran un acta de grado, diploma y certificación del año rural, todos fraudulentos. En realidad, solo tenía el título de bachiller. El 25 de septiembre de ese mismo año, el trámite fue rechazado. Mientras tanto, Lengua, un año después, intentó también inscribirse a través de documentación falsa.
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A pesar de su falta de experiencia, el ente acusador indicó que realizaron cirugías plásticas sin ningún tipo de habilitación sanitaria. La Fiscalía calcula cerca de 259 víctimas entre el 2023 y mayo de 2026.
“Los procedimientos los hacían entre las 2 o 3 de la mañana y justificaban porque estaban estudiando en el día. (Una de las víctimas) contó cómo el 26 de enero de 2023 se despertó durante la cirugía y empezó a sentir el paso de la cánula por su cuerpo. Sintió que la habían quemado. Como si le tocaran los huesos y empezó a gritar del dolor. En vez de detener el proceso, me sujetaron por la fuerza de las manos y los pies para inmovilizarme y me pusieron un trapo en la boca para que no gritara”, relató la fiscal.
Dentro de las otras irregularidades, el ente acusador conoció que ofrecían servicios con promociones y precios atractivos. De esta manera obtuvieron más de COP 568 millones correspondientes a pagos realizados por 59 personas identificadas en la investigación.
Además, colgaban en las clínicas los falsos diplomas para dar una apariencia de confianza hacia los pacientes.
Henao y Lengua Jaramillo fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar en un inmueble de la localidad de Usaquén. Durante las diligencias se incautaron los diplomas que utilizaban para acreditar una condición profesional que no tendrían, además de dinero en efectivo y artículos empleados en los procedimientos.
Por todo lo anterior, una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público, estas tres conductas agravadas y fraude procesal, cargos que fueron aceptados.
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Según la Secretaría de Gobierno, entre 2024 y 2026 las alcaldías locales inspeccionaron 420 centros estéticos, multaron 74 y suspendieron 81. Por su parte, la Secretaría de Salud en los últimos dos años clausuró 397 sitios ilegales, ubicados en su mayoría en Tunjuelito, Kennedy y Bosa. De estos, 155 eran salones de belleza o centros de estética, y 78 no tenían permisos para realizar intervenciones invasivas.
Los expertos recomiendan verificar el cirujano en el ReTHUS (Registro de Talento Humano en Salud), y en Bogotá con la Secretaría de Salud si los centros están habilitados; aun así, cada persona puede hacer algo adicional: sospechar de recomendaciones de “influencers” o amigos; o de promociones que apuntan a procedimientos “mínimamente invasivos” y económicos, como formas de autocuidado.
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Por Redacción Bogotá
