Luego de conocerse las órdenes dictadas por la Corte Constitucional, encaminadas a encontrar soluciones la crisis de derechos humanos y hacinamiento en los centros penitenciarios que vive el país, el alto tribunal generó una alerta en las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI). Sin embargo, la decisión deja un panorama incierto en los centros de detención en Bogotá, donde la ocupación en algunas partes sobrepasa el 500 %.
Dentro de las órdenes dictadas por la Corte, se establece el análisis por parte de las autoridades de los casos de las personas que aún están sin condenar, establecer si es necesario enviar al procesado a un centro carcelario, destinar espacios de condiciones dignas para los detenidos, garantizar la custodia por personal de Inpec y, en el caso que las condiciones no mejoren, la Fiscalía y la Policía deberán disponer de nuevos espacios para albergar a estas personas.
Para el abogado Daniel Cardona, esta situación presiona al Distrito a proveer fuentes de financiación para lograr un aumento de cupos para las personas detenidas preventivamente. Además, indicó que esto es un llamado al Congreso de la República para que “deje de aprobar leyes tendientes a aumentar penas y prohibir beneficios: ello solo genera mayor congestión judicial, más hacinamiento y, en últimas, menor posibilidad de una justicia pronta. En resumen, debe evitarse el populismo punitivo”.
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¿Cómo está la ocupación en las Estaciones de Policía en Bogotá?
Realidades como la que enfrentan las 109 personas que conviven en un limitado espacio donde la ropa, las hamacas y los artículos de primera necesidad cuelgan de los techos y las paredes de la estación de Policía de la localidad Fontibón, fomentó las decisiones tomadas por la Corte constitucional, pues ese lugar tiene una capacidad que total para 30 personas, lo que indica que un hacinamiento del 263 %.
Este caso hace parte de las 19 estaciones que, según el último reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, presentan hacinamiento desbordado, ya que el cupo que registra la ciudad en estos centros de reclusión es de máximo 1.006 personas. Sin embargo, hoy en día las cifras indican que se encuentran 3.073 detenidos.
Las estaciones de Policía de Bosa, Teusaquillo, Usaquén y Chapinero son las que registran un mayor número de sobre ocupación, pues todas presentan un porcentaje de hacinamiento mayor al 500 %. En el caso de la de Bosa, esta registra un total de 227 detenidos, de los cuales 29 han sido condenados y 198 se encuentran imputados. Además, si la estación cuenta con una capacidad máxima para 30 personas, eso traduce que existe un 656,67 % de hacinamiento.
Situación en las URI
El panorama en la URI aumenta la preocupación de las autoridades, pues los últimos datos registrados por la Defensoría del Pueblo señalan que en algunas URI, como la de Puente Aranda, existe un hacinamiento del 776 % y la de Engativá alcanza el 442 %. Asimismo, indicó que estos lugares, pese a tener una capacidad para aproximadamente 30 personas, albergan hasta 780 detenidos.
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La capacidad máxima es de 40 personas y a la fecha hay 108 hombres privados de la libertad, evidenciando completo hacinamiento y una grave violación a los derechos fundamentales. #GuardianesDeTusDerechos pic.twitter.com/rBHKRLZexw
— Personería de Bogotá (@personeriabta) February 18, 2022
Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció las carencias al interior de estos centros, pues “la vulneración de derechos es evidente en estos sitios, en los que los detenidos deberían estar máximo 36 horas, pero en ocasiones permanecen hasta dos años. No se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación, principalmente”.
Según Camargo, esta situación trae como resultado que las personas recluidas, bajo estas condiciones extremas de hacinamiento en los centros de detención temporal, sean aún más precarias que las de la población privada de la libertad en los centros de reclusión.
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