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La Plaza de Bolívar de Bogotá es de nuevo un campamento de manifestantes. En esta oportunidad se trata de comunidades campesinas de los departamentos del Guaviare, Cauca y Huila, entre otras zonas del país, quienes llegaron la madrugada de este lunes para exigir al Gobierno Nacional garantías de seguridad en sus territorios.
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Ante la situación, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, señaló que, “desde primeras horas de la mañana, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo han tomado contacto con los líderes y lideresas de estas comunidades”.
Por el momento, “estamos trabajando en una hoja de ruta que nos permita avanzar en temas muy puntuales, para enfrentar la problemática que tenemos de derechos humanos en esta zona”, añadió Rondón.
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Así mismo, señaló que se vienen trabajando articulaciones con diferentes entidades para darles respuestas efectivas a las comunidades.
En el espacio, gobierno se encuentra con 17 líderes y lideresas de estas organizaciones.
¿Qué piden?
Las comunidades, que llegaron al centro de la capital, protestan por las graves situaciones de violencia, que se presentan en sus comunidades, las cuales están directamente relacionadas con el escalamiento del conflicto armado, hecho que deriva en la presencia continua de grupos ilegales, que se disputan el control territorial a sangre y fuego, casos de desplazamiento forzado, de homicidios selectivos e incluso casos de minas antipersona, en territorios de tradición campesina e indígena.
“Campesinos provenientes del Guaviare acampan en la plaza de Bolívar en rechazo a la violencia de sus territorios desde las 4:00 AM. Se prevé el arribo de más campesinos de los departamentos del Cauca y Huila en horas de la mañana, quienes apoyarían de esta actividad”, confirmó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.
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Ante el cruento panorama, líderes de las comunidades afectadas por la violencia, señalaron que su presencia en la Plaza de Bolívar se extenderá hasta que puedan tener un diálogo directo con el Gobierno Nacional, que redunde en garantías reales de seguridad, que les permita regresar a sus territorios y en una lucha más decidida contra los grupos que se disputan el control criminal de estas zonas.
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Por Redacción Bogotá
