El plan de la Uaesp de mantener el servicio de recolección de basuras y de aseo en Bogotá bajo el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), donde la ciudad se dividía en zonas y se designaba un único operador para cada una de ellas, quedó en veremos. La Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento (CRA) rechazó la solicitud y lo argumentó en una extensa resolución, en la que argumentó el porqué de la negativa.
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Pero ¿por qué rechazó la petición del Distrito?
Para empezar, según deja entrever la autoridad, la propuesta que radicó la administración estaba mal estructurada técnica y jurídicamente, y representaba riesgos económicos, sociales y tarifarios para la ciudad.
¿Qué quería hacer la Uaesp?
En resumen, la Uaesp esperaba autorización para poder dividir la ciudad, ya no en cinco zonas, sino en seis, para asignar en cada una un operador de aseo, sin competencia directa. Las empresas adjudicatarias de la concesión quedaban con la tarea de mantener todo su territorio limpio de residuos y, en esta oportunidad, incluían actividades que en el actual esquema no lo estaban.
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¿Qué cuestionó la CRA frente a la solicitud de la Uaesp?
- No probó que la exclusividad fuera indispensable: Según el documento, el Distrito no probó con suficiencia que fuera una necesidad indispensable mantener el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), pues si bien dijo que era útil, no lo comparó con otros esquemas para conocer los pro y contra de la medida.
- Áreas mal delimitadas: Otro punto fue el de posibles inconsistencias en la delimitación de las zonas, en las que se incluían sectores donde no se tenía claridad de cuántos usuarios de escasos recursos había, ni cómo se prestaría el servicio, lo que afectaría la ejecución del contrato.
- Usó una estructura tarifaria vieja: Quería licitar con el esquema tarifario anterior a 2024, sin esperar la nueva fórmula que reduce los costos para los ciudadanos. Esto habría hecho que los bogotanos pagaran más de lo necesario.
- Afectaba a recicladores: En lugar de ampliar su rol, el esquema les limitaba ingresos y no incluía mecanismos contractuales sólidos para su integración. Irónicamente, la nueva estructura tarifaria CRA 999/2024 les da más participación, pero esta se perdería con el modelo propuesto por la UAESP.
- Respuestas fuera de tiempo y sin rigor técnico: La CRA decretó pruebas para aclarar dudas, pero la UAESP contestó mal, tarde o con documentos imprecisos, según consta en el expediente.
¿Qué habría pasado si la CRA aprobaba la solicitud?
Según analizan expertos en esquemas de aseo, de haber autorizado a Bogotá continuar con el esquema ASE, como se planteó en la solicitud, se habrían generado los siguientes riesgos:
- Mayor tarifa para los usuarios: La licitación se haría con una estructura tarifaria anterior, sin el ajuste que reduce costos al usuario final. En otras palabras: Bogotá pagaría más por el mismo servicio.
- Recicladores perjudicados: La vieja estructura tarifaria les daba menos margen económico. Con el nuevo esquema que la UAESP ignoró, ellos tendrían más ingresos. La ASE les habría quitado esa oportunidad.
- Contratos sobre zonas mal definidas: Al incluir áreas donde no se sabe cuántos usuarios hay ni cómo operará el servicio, el contrato habría sido financieramente riesgoso, incluso demandable.
- Pérdida de competencia y transparencia: El modelo cerraba el mercado por años, limitando la entrada de nuevos operadores y dificultando la innovación o la reducción de costos.
Conclusión
- La negativa de la CRA evitó que Bogotá pagara más por un servicio mal planificado.
- La UAESP no preparó con suficiencia técnica su solicitud y omitió elementos clave de inclusión social, cobertura y sostenibilidad financiera.
- Hoy, Bogotá tiene la oportunidad de diseñar un modelo más abierto, más justo con los recicladores y más económico para sus ciudadanos.
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