Bogotá: ¿de dónde saldrán los recursos para el rescate social?

Parte de los reclamos del paro serían atendidos con este proyecto.

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En Bogotá se juntaron el hambre y las ganas de comer. Es el resumen que coloquialmente se le puede dar al panorama que muchos expertos económicos manejan sobre la situación de la ciudad, pues la afectación económica del COVID-19 se potenció con el paro nacional, que el viernes cumplió un mes. Para entender mejor este escenario, hay que considerar varios indicadores. El desempleo es uno de ellos, pues alcanzó una tasa del 20,1 % en el trimestre enero-marzo, lo que se traduce en más de 937.000 personas desempleadas en la capital, siendo las mujeres y los jóvenes la población más afectada. El producto interno bruto (PIB) es otro que, aunque registró un rebote en el tercer trimestre de 2020 (cuando pasó del -16,9 % al -7,9 %), cerró el año en terreno negativo, al ubicarse en el -3,7 %.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) comunicó que esta crisis también llevó a que Bogotá terminara 2020 con el 40,1 % de sus habitantes en condición de pobreza (es decir, 3,3 millones de personas en cuyas familias los ingresos per cápita apenas alcanzan para satisfacer necesidades de alimentación y vivienda), y que el 13,3 % estuviera en la subcategoría de pobreza extrema (o, lo que es lo mismo, 1,1 millones de personas cuyos ingresos son insuficientes para tener un acceso pleno a vivienda y costear una dieta de 2.100 calorías diarias).

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El tejido empresarial también se ha visto gravemente afectado, pues la capital pasó de tener 326.415 empresas activas en 2019, a registrar 288.278 en diciembre de 2020. Poniendo este panorama en una balanza, hay que decir que en 2021 se han registrado mejoras en varios aspectos (aunque muchos de estos todavía no han calculado el impacto económico del paro). Ejemplo de lo anterior es que la más reciente medición de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) muestra un repunte del 5,1 % en el número de empresas activas para este año, pues actualmente hay 303.145. De igual forma, en lo corrido de 2021 se han consolidado 26.591 empresas creadas, lo que casi iguala los número registrados en el mismo período de 2019, cuando se alcanzaron las 27.774.

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No obstante, los principales indicadores aún no igualan a los registrados en tiempos prepandemia y cifras como el crecimiento de la pobreza son una fiebre que los gobiernos nacional y distrital tienen el reto de bajar. Esa precisamente fue la apuesta que comunicó esta semana la alcaldesa Claudia López, al referirse a un “plan de cambio y de rescate social para Bogotá”, el cual necesita la aprobación del Concejo para que sea financiado con $1,7 billones, los cuales se sumarían a los $6,8 billones que el cabildo ya había aprobado al Distrito para ser usados en inversión social y reactivación económica.

El origen de los recursos

La alcaldesa López fue enfática al decir que estos dineros no surgirían como consecuencia de un aumento en los impuestos de los bogotanos, “al contrario, por la difícil situación económica, no estamos recibiendo los recaudos que esperamos”, dijo. El origen de ese $1,7 billones sería una repriorización del gasto, en la que se sacrificarían recursos que anteriormente estaban destinados a obras civiles.

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En entrevista con El Espectador, el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, explicó que entre las obras que se verían sacrificadas está la Circunvalar de Oriente, la cual tiene un costo de $700.000 millones. “Se cambia la prioridad de esta obra, porque sus recursos no podrían ser ejecutados rápidamente, porque detrás hay un proceso de predios y una serie de trámites que hacen complejo el hecho de que puedan ser ejecutados este año, o incluso en la primera mitad del otro”, explicó.

Otro de los proyectos que pasarían a un segundo plano es la nueva sede del Centro Administrativo Distrital (CAD), la cual cuesta cerca de $40.000 millones. Ramírez detalló que no se sacrificará ninguna troncal de Transmilenio, pues estas son alimentadores del metro de Bogotá. Del mismo modo, tampoco se tocarán los recursos destinados para la segunda línea del metro.

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Pero el secretario dio un dato adicional, y es que para la obtención de estos cerca de $2 billones también se echará mano de otras fuentes de ingreso. Una será el pago de dividendos del Grupo de Energía de Bogotá (que resultó ser mayor a lo que se tenía presupuestado); otra son los dineros que no ejecutaron algunas entidades del Distrito en 2020 (por lo que esos excedentes serían aprovechado para el proyecto de rescate social de Claudia López), las cuales también son castigadas con una reducción en su presupuesto (dineros que también irían para este fin). Se estima que todos estos recursos suman $667.999 millones que, agregados a los valores anteriores, representan $1,4 billones. Los cerca de $300.000 restantes vendrían de otras obras sacrificadas.

El destino de los recursos

Son varios los sectores a los que apunta este proyecto. Uno de ellos es la atención para que más niños, entre los cero y los cinco años, tengan una nutrición completa y acceso a educación de primera infancia. La meta es pasar de los 70.000 a 100.000 infantes, para lo cual se destinarían $41.400 millones. La educación superior será otra prioridad. Con esta repriorización de recursos el Distrito espera ampliar 30.000 nuevos cupos para jóvenes menores de 28 años, para así llegar a un total de 134.000. En este caso serían necesarios alrededor de $100.000 millones adicionales.

La vivienda se suma a esta lista de prioridades. Se estima que en 2020 y en lo corrido de 2021, la Secretaría del Hábitat ha invertido $15.000 millones en 1.730 subsidios (de arrendamiento y de compra de vivienda) a hogares con jefatura femenina. López busca lograr 6.000 adicionales, para lo que se necesitará una inversión de $91.000 millones. “Con Camacol tenemos la meta de duplicar el número de mujeres que trabajan en la construcción, así que esta plata es para sacar a mujeres de pagadiarios, de casas refugio y también para que encuentren una plaza de trabajo”, afirmó la mandataria.

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En la misma línea, se invertirían $19.000 millones adicionales para pasar de 1.000 mujeres sembradoras (que son empleos de emergencia) a 5.000. Además, con el programa RETO se espera crear 15.000 empleos adicionales para jóvenes, lo cual demandará la destinación de más de $36.000 millones.

Hay otro programa relacionado con el empleo, pero que se busca hacer en asociación con el sector privado. Es un subsidio equivalente al 60 % de un salario, que se les daría por tres meses a las empresas por cada joven que empleen y que formen en sus respectivas competencias laborales. Si sale adelante una iniciativa similar que tiene el Gobierno Nacional, esta se sumaría a la del Distrito y las compañías recibirán un subsidio del 85 %. Para esto se requiere una inversión de $205.000 millones, los cuales permitirían la generación de unos 60.000 empleos adicionales a los 100.000 que se tenían previstos para este año.

Finalmente, la iniciativa de López incluye la destinación de $503.000 millones para impulsar más de 350 obras de malla vial, 35 parques vecinales, ocho parques de bolsillo, tres parques zonales, siete parques vecinales, un centro de desarrollo comunitario y ocho equipamientos culturales. Esto se considera importante por ser un componente de reactivación económica.

El eventual espaldarazo del Concejo

Para hacer su plan una realidad, López necesita la aprobación del Concejo. El Espectador consultó a varios cabildantes sobre las opiniones que tienen alrededor del mismo. El panorama general es de aprobación, aunque con cuestionamientos. Para la concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana), es acertado que se quiera priorizar la gente y “no el cemento y los grandes negocios privados. Hay que aclarar que en Bogotá no existe una renta básica, sino un subsidio simbólico que sirve para combatir la pobreza”, dijo.

El concejal Jorge Colmenares (Centro Democrático) asegura que estudiará y dará un voto positivo a esta propuesta, pues considera que avanzar en esta vía es apropiado. “Haré vigilancia para que se cumplan la alimentación a los niños, las becas estudiantiles y una total y plena reactivación económica que apoye al microempresariado”, aseguró.

La concejal Sara Castellanos (Partido Liberal) también aplaude que se quiera rescatar la economía y apoyar a los más vulnerables. Sin embargo, cuestiona la interrupción de algunas obras, ya que esos son empleos que dejarían de generarse. También asegura que no es claro si la renta básica es indefinida o por un tiempo, así como la forma en la que se van a reasignar los recursos. Del mismo modo, le preocupa qué pasará con la Circunvalar del Oriente, pues la administración de Peñalosa ya había invertido $9.000 en esa obra, así como el CAD, que al pasar a un segundo plano, significa que el Distrito siga pagando más de $43.000 millones por el arriendo de las instalaciones de 14 de sus entidades.

El concejal Diego Laserna (Alianza Verde) prevé una reacción positiva del Concejo, amén de que considera que este plan se concentra en lo que ha pedido la gente: avanzar en un ingreso mínimo garantizado, además de la empleabilidad para jóvenes y mujeres.

El cabildante Humberto Amín (Centro Democrático) considera acertado apostarle al rescate social, pues si bien ya se habían aprobado recursos para este fin, es consciente de que la situación en la capital se ha agudizado. “Sin embargo, después de tantas promesas fallidas e incumplidas de la alcaldesa, en medio del manejo que le ha dado la pandemia (...) no auguramos que desarrolle a cabalidad las metas fijadas. Desde el Concejo haremos un riguroso control y fiscalización para evitar más engaños a la ciudadanía”, concluyó.

Así las cosas, la administración de López parece tener todo a su favor para que, una vez más, el Concejo de Bogotá la apoye en su visión de ciudad. Se espera que este proyecto sea presentado el 8 de junio, mismo día en el que comenzará la denominada apertura total a la economía de Bogotá, otro aspecto que beneficiará las finanzas del Distrito y de los bogotanos, pero que podría significar un costo en materia de salud.