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Bogotá defiende utilidad de las fotomultas mientras Gobierno ordena revisión nacional

El Ministerio de Transporte verificará la autorización, señalización y sustento técnico de las cámaras. Bogotá sostiene que su sistema cumple la ley y reduce las muertes.

Redacción Bogotá

24 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
La Secretaría de Movilidad señaló que los mayores infractores serían motocicletas y automóviles, con un 38 % cada uno.
Foto: Jose Vargas Esguerra
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La instalación de nuevas cámaras de fotodetección en las avenidas Las Américas, NQS y calle 26 abrió un pulso entre Bogotá y el Gobierno Nacional. Mientras el Ministerio de Transporte anunció una revisión integral de estos sistemas en todo el país ante posibles abusos, el Distrito sostiene que sus dispositivos cumplen la ley y reducen las muertes en las vías.

La controversia también tiene un componente económico. Congresistas y concejales aseguran que Bogotá ha recaudado cerca de $552.000 millones mediante sanciones electrónicas y cuestionan que el 60 % de los comparendos por velocidad corresponda a vehículos detectados entre 56 y 60 kilómetros por hora.

La Secretaría Distrital de Movilidad respondió que la finalidad de las cámaras es controlar conductas de riesgo. Según sus análisis, entre 2022 y 2024 los tramos equipados con estos dispositivos registraron una reducción promedio del 30 % en las muertes frente a corredores comparables sin fotodetección.

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Gobierno revisará autorización y ubicación de las fotomultas

El presidente Abelardo de la Espriella le ordenó al Ministerio de Transporte revisar el funcionamiento y la legalidad de las cámaras instaladas en Colombia. La decisión no elimina ni suspende automáticamente las fotomultas vigentes: abre una verificación administrativa y técnica sobre su operación.

El Ministerio adelantará la revisión junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y las autoridades correspondientes. El proceso comprobará que los sistemas cuenten con autorización, señalización y sustento técnico asociado con la siniestralidad, los límites de velocidad y las condiciones de cada corredor.

“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos”, aseguró la ministra de Transporte, Elsa Noguera. La funcionaria anunció actuaciones en los lugares donde se identifiquen abusos, irregularidades o incumplimientos.

El pronunciamiento oficial del Ministerio de Transporte también anticipó una revisión de la regulación para imponer requisitos más exigentes a las cámaras nuevas. La evaluación tendrá en cuenta medidas complementarias de ingeniería, señalización, pedagogía y control, pues el Gobierno considera que la seguridad vial no puede descansar únicamente en la instalación de dispositivos sancionatorios.

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Bogotá asegura que sus cámaras han salvado vidas

La administración distrital aceptó la revisión nacional y defendió el modelo implementado en la capital. El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva, sostuvo que Bogotá ha construido un sistema ajustado a las normas y que su aplicación ha permitido reducir la mortalidad vial.

“En Bogotá estamos convencidos de que lo hemos hecho apegados a la norma. Hemos salvado vidas respetando la ley”, señaló Silva. Según el funcionario, durante 2025 las muertes y las personas lesionadas disminuyeron cerca de una cuarta parte en algunos corredores priorizados.

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La Secretaría de Movilidad calcula que las cámaras evitan anualmente 42 muertes y cerca de 1.700 personas lesionadas. La entidad también sostiene que los tramos con fotodetección presentaron entre 2022 y 2024 una reducción promedio del 30 % en fallecimientos frente a corredores semejantes sin estos equipos.

La comparación presentada por el Distrito requiere mantener una distinción: se refiere a los tramos evaluados y no demuestra que todas las cámaras tengan el mismo impacto. La revisión anunciada por el Gobierno deberá examinar el sustento técnico y los resultados de cada punto.

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Nuevas cámaras para Las Américas, NQS y calle 26

Cuatro días antes del anuncio nacional, la Alcaldía informó que había comenzado a instalar gradualmente nuevas cámaras en tres corredores:

  • Avenida de Las Américas.
  • Avenida NQS o carrera 30.
  • Avenida El Dorado o calle 26.

La Secretaría explicó que seleccionó los puntos mediante análisis de siniestralidad, exceso de velocidad y otras conductas de riesgo. También tuvo en cuenta la presencia de colegios, hospitales y lugares con alta afluencia de peatones.

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Los sitios escogidos cuentan, según el Distrito, con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y deberán estar señalizados antes de entrar en funcionamiento. La Alcaldía no publicó en su anuncio del 20 de agosto las intersecciones exactas ni la fecha de activación de cada dispositivo.

Las cámaras podrán detectar exceso de velocidad, tránsito por lugares restringidos y falta de revisión técnico-mecánica, entre otras posibles infracciones. Los equipos funcionarán las 24 horas, aunque el registro de una imagen no genera automáticamente una sanción: un agente de tránsito debe revisar y validar la evidencia.

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La Secretaría informará cuándo comenzarán las etapas pedagógica y sancionatoria. Sus proyecciones indican que, si los conductores respetan el límite máximo de 50 kilómetros por hora, los nuevos puntos podrían evitar cerca de 50 muertes y 900 lesiones durante los próximos cuatro años. La estimación coincide con un momento crítico: con corte al 31 de julio de 2026, las fatalidades viales en Bogotá habían aumentado cerca de 33 % frente al mismo periodo de 2025, según el reporte de la Alcaldía.

El recaudo de las fotomultas, centro de la discusión

El representante a la Cámara Daniel Briceño señaló que Bogotá recaudó alrededor de $552.000 millones mediante cámaras de fotodetección. El congresista agregó que el 60 % de las sanciones por exceso de velocidad se originó en registros de vehículos que circulaban entre 56 y 60 kilómetros por hora, cuando el límite general en la ciudad es de 50.

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La cifra de $552.000 millones ha sido presentada con periodos distintos en las publicaciones que recogen la denuncia. Algunos reportes la describen como un acumulado de cinco años, mientras Caracol Radio la atribuye al periodo comprendido entre 2024 y abril de 2026. Sin el consolidado oficial desagregado por vigencias no resulta correcto tratar ambos cortes como equivalentes.

La información disponible señala que el recaudo por sanciones electrónicas fue de $6.698 millones en 2020 y llegó a $282.053 millones en 2024. Entre enero y abril de 2026 sumó aproximadamente $57.000 millones, de acuerdo con datos atribuidos a la Secretaría de Movilidad y recopilados por Infobae.

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Durante los primeros cuatro meses de 2026, los corredores con mayor recaudo fueron la Autopista Norte, con $13.081 millones; la avenida Boyacá, con $12.212 millones; y la NQS, con $9.275 millones. Les siguieron la calle 80, con $4.851 millones, y la avenida de Las Américas, con $4.233 millones.

Cuestionamientos por el uso de los recursos

La concejal Diana Diago también cuestionó el destino del dinero proveniente de las multas. Una respuesta obtenida mediante derecho de petición señaló que hasta marzo de 2026 la Secretaría había comprometido $151.850 millones de esos recursos.

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De esa suma, $23.787 millones se dirigieron al fortalecimiento de la gestión jurídica; $18.371 millones, a procesos contravencionales; $6.370 millones, al mejoramiento de servicios de la entidad, y $704 millones, a infraestructura tecnológica. En conjunto, esos conceptos suman $49.232 millones, equivalentes a cerca del 32,4 % del monto comprometido.

La distribución alimentó los cuestionamientos de quienes consideran que una parte elevada del recaudo sostiene la operación administrativa del sistema. El Distrito, por su parte, concentra su defensa en los indicadores de reducción de fallecidos y lesionados. La auditoría nacional deberá establecer si cada cámara cumple los requisitos legales, cuenta con una justificación verificable de seguridad vial y opera con la señalización exigida.

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Por Redacción Bogotá

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