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Durante la jornada del lunes 25 de mayo, en el Concejo de Bogotá se expuso la radiografía actual de la persistencia de las violencias basadas en género durante el transcurso de 2026. Los reportes oficiales consolidados por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer revelan que la ciudad ya registra cinco feminicidios confirmados en cinco meses.
En contexto: Cuando la justicia falla, el riesgo persiste: un sistema que no protege a las mujeres
La dimensión de la crisis se refleja con mayor claridad en los escenarios de riesgo inminente. El balance oficial, expuesto por la concejala María Clara Name (Alianza Verde), documenta un total de 895 alertas tempranas y valoraciones técnicas por alto riesgo de feminicidio; cientos de mujeres en la ciudad se encuentran bajo situaciones de peligro extremo dentro de sus hogares y entornos cercanos, requiriendo de forma inmediata un acompañamiento policial y judicial oportuno, articulado y efectivo que garantice sus vidas.
El debate ocurre en un contexto que, si bien podría parecer alentador, revela una contradicción. Datos de la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer hablan de 20 feminicidios en Bogotá durante 2025, dos menos que en 2024 (9 % menos). Sin embargo, las valoraciones por riesgo de feminicidio crecieron 8 %, al pasar de 2.868 a 3.110 casos. Este contraste revela que la violencia no desaparece, sino que se manifiesta antes del crimen.
Investigaciones recientes muestran que el feminicidio rara vez ocurre de forma repentina: en casi la mitad de los casos las víctimas sufrieron violencias previas y cuatro de cada 10 habían buscado ayuda institucional. Las cifras sugieren que, aunque las alertas existen, el Estado no siempre logra intervenir de manera oportuna y efectiva.
La crisis de la violencia intrafamiliar en los hogares
El panorama en el ámbito doméstico que se expuso en el Concejo muestra un deterioro marcado en las condiciones de seguridad para las mujeres. De acuerdo con las denuncias formales interpuestas en lo que va de 2026, Bogotá acumula 9.150 procesos por violencia intrafamiliar, lo que se traduce estadísticamente en que cada hora tres mujeres sufren de maltrato físico, psicológico o económico en el entorno de sus propios hogares.
Frente a la gravedad de este escenario, las alertas señalan la necesidad crítica de no normalizar estos comportamientos ni guardar silencio ante las señales de riesgo dentro de los barrios. Advierte Name que el principio fundamental que debe primar en el manejo de estas conductas es que “la indiferencia también cobra vidas”, por lo que cada llamado de auxilio tiene que recibir respuesta inmediata para frenar agresiones mayores. Para ello se planteó, una vez más, la imperante necesidad de fortalecer las rutas de atención judicial, expandir la capacidad física y técnica de las entidades encargadas del cuidado e impulsar campañas masivas y permanentes orientadas tanto a la prevención como a la denuncia ciudadana.
Las fallas institucionales que persisten y agravan el panorama
La Corporación Sisma Mujer Sisma ha identificado al menos cinco nudos críticos en la administración de justicia de casos de Violencias Basadas en Género. El primero es la inadecuada tipificación de los casos: muchas muertes violentas de mujeres se investigan primero como homicidios y no desde la hipótesis de feminicidio, pese a que los protocolos establecen que esta debería ser la premisa inicial. Esto debilita desde el inicio la investigación.
El segundo es la altísima impunidad. Cifras recopiladas por organizaciones de mujeres y el Ministerio Público indican que casi el 90 % de los casos de violencias contra las mujeres no termina en sanción. Incluso en aquellos que logran superar las barreras iniciales de la denuncia y la judicialización, los procesos suelen dilatarse años sin respuesta efectiva.
Un tercer nudo tiene que ver con la exclusión o limitación de la participación de las víctimas en los procesos. Aunque muchas cuentan con acompañamiento especializado, sus representantes no siempre tienen garantías para aportar pruebas o controvertir decisiones. A esto se suma la reproducción de estereotipos sexistas en fiscales y jueces, que se traduce en exigencias probatorias desproporcionadas, revictimización y cuestionamientos sobre la vida personal de las víctimas.
Finalmente, Sisma advierte una forma persistente de violencia institucional, expresada en dilaciones injustificadas, falta de preparación de los juicios y desestimación de alertas previas de las mujeres ante comisarías u otras autoridades.
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Por Redacción Bogotá
