Bogotá, un año después del estallido social

Tras un año del estallido social, que sacudió las principales ciudades del país y sorprendió al establecimiento, por su fuerza y apoyo popular, se podría decir que Bogotá ha sido testigo de cambios políticos, sociales y hasta urbanísticos a raíz del paro nacional. También de una estela de procesos judiciales contra algunos manifestantes, por delitos que van desde terrorismo y violencia contra servidor público hasta daño en bien ajeno y hurto.

La mayor fuerza detrás de estas transformaciones se vivió entre el 28 de abril y junio de 2021, tiempo en el que grupos de ciudadanos o puntos como el Portal Américas (nombrado Portal de la Resistencia), el antiguo Monumento a los Héroes (luego demolido) y el Puente de la Dignidad se volvieron íconos para los manifestantes, pero también en escenarios de confrontación, indignación e inseguridad.

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Primera Línea

Desde 2019, tras la muerte de Dilan Cruz por un proyectil oficial, surgió un grupo denominado Escudos Azules, que luego dio paso en 2021 a la llamada Primera Línea, integrado en su mayoría por jóvenes, según ellos, dedicados a defender las marchas de la represión de la Fuerza Pública. El año pasado su presencia fue notoria en las marchas y, mucho más, en los choques con la Policía, algo que tiene a varios en líos con la justicia.

En lo corrido de 2021, la Fiscalía ha abierto tres procesos penales en Bogotá y uno en Soacha contra supuestos integrantes del grupo, por delitos como daño en bien ajeno, empleo de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público, obstrucción de vías públicas, terrorismo y hurto, entre otros. Mientras las autoridades señalan tener las evidencias para lograr su condena, varios de los capturados -con medida de aseguramiento intramural y domiciliaria- y sus defensas técnicas ante los estrados judiciales aseguran que son falsos positivos judiciales para criminalizar la protesta, algo que dicen demostrarán en juicio.

A la par, otro grupo que fue protagonista fue el de las Mamás de la Primera Línea, mujeres que se organizaron “luego de ver las injusticias policiales”, para defender a los jóvenes que salían a protestar. Su nombre sonó tras los primeros meses de enfrentamientos (principalmente en el Portal Américas), porque algunas fueron agredidas en los choques con la Fuerza Pública.

Hoy ese propósito con el que se unieron se ajustó al contexto actual, pues al no haber protestas orientaron su labor al trabajo comunitario. Es así como realizan jornadas culturales para revitalizar espacios en Bosa y Kennedy, y hasta respaldan denuncias de la comunidad, que ha visto en ellas un medio para que su voz tenga eco.

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Sitios que se volvieron referentes

El Portal Américas fue escenario de concentraciones masivas, batallas campales e inconformidad, sin olvidar el escándalo por la retención ilegal de manifestantes en las instalaciones del Portal de Transmilenio, así como las capturas de personas vinculadas a acciones vandálicas. Ese podría ser el resumen de lo que ocurrió en los meses de paro, en una zona que estuvo mediada por la estigmatización y la inseguridad, donde los más afectados fueron los ciudadanos.

Así lo confirmaron varios vecinos, quienes aseguran que la protesta social trajo consigo una oleada de acciones represivas que se tradujo en miedo y zozobra. Fabián, quien vive en el sector hace una década, asegura que el sitio se volvió referente al ser la frontera entre Kennedy y Bosa.

“Y ambas localidades tienen fuertes problemáticas sociales, pues siempre ha existido inseguridades. El paro lo aprovecharon y lo permearon las bandas de microtráfico que, aunque ya operaban, se hicieron más visibles. Muchos residentes fuimos estigmatizados, señalados y perseguidos. Parece ser que es pecado ayudar a un herido, pasarle agua a un manifestante, rescatar niños y ancianos afectados por los gases”, manifiesta.

La estigmatización a la que hace referencia Fabián tiene que ver con las declaraciones de las autoridades, que a principio de año dijeron que residentes de la zona hacían parte de grupos terroristas que “aportaron a la acción delictiva” en el paro nacional. Dicha cooperación, dicen los vecinos, solo fue querer evitar que algunas personas fueran afectadas por los desmanes.

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“El Gobierno y los medios se encargaron de calumniar a muchos residentes, llegando al extremo de tildarnos de guerrilleros. Muchos de los que ayudamos ni siquiera lanzamos una piedra. Vivimos personas honestas y trabajadoras, que solo ayudamos a que no hubiera una tragedia peor”, concluye.

Una mujer, vecina del Portal y quien pidió no ser identificada, cuenta que si bien la presencia de la Policía ha incrementado tras las manifestaciones, esta se ha enfocado en buscar a quienes protestan y no a garantizar seguridad. “La inseguridad no ha cambiado. La Policía solo se dedica a cuidar el Parque Mundo (donde se reunían manifestantes), mientras que el microtráfico se trasladó a la avenida Ciudad de Cali. Allí expenden y la Policía nada hace”, agrega.

Ambos vecinos, a pesar de que no se conocen, coinciden en que lo que quedó tras el estallido social fueron señalamientos que han puesto en riesgo sus vidas, por “brindar un vaso de agua o ayudar a nuestros mismos vecinos, víctimas de gases lacrimógenos o de los golpes de las autoridades, al confundirlos con manifestantes”, dicen.

Otro sitio que tomó valor simbólico, esta vez al sur de Bogotá, fue el llamado Puente de la Dignidad, como nombraron un puente del barrio Santa Librada, en Usme. Allí se concentraban colectivos y grupos sociales. Si bien en su momento fueron tomas de vías y ollas comunitarias, con el paso de los meses los enfrentamientos con la Fuerza Pública transformaron las dinámicas del sector.

Los más afectados, dicen, fueron los comerciantes que, contrario a lo que pasó en Kennedy, no fueron señalados de “ayudar a los vándalos”, pero tuvieron pérdidas millonarias al verse obligados a cerrar sus locales. Debido a las constantes protestas, muchos decidieron vender sus predios, dejar de pagar arriendo y trasladarse a otros sectores, porque “primero está la seguridad”.

Hoy el panorama es de completa calma, o por lo menos hasta las primeras horas de este jueves, pues se espera que en el día el sitio sea escenario de concentraciones. La ciudadanía sigue inconforme porque “la Policía solo aparece cuando hay protestas, pero no cuando se necesita garantizar la seguridad de la gente”, reclaman los vecinos.

El Monumento a los Héroes -lugar donde estaba erigida una estatua del libertador Simón Bolívar en un caballo- fue el referente del estallido social en el norte de Bogotá. Aunque en años anteriores había sido punto de concentración de migrantes venezolanos residentes en Bogotá, para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro, en 2021 se volvió punto de acopio diario de manifestantes nacionales.

Esto trajo consecuencias para el sistema Transmilenio y constantes disturbios en la zona. Sin embargo, en septiembre de 2021 el Distrito anunció que este sitio, que después del paro terminó con varios grafitis en su estructura, sería demolido. A pesar de que algunos sectores políticos adversos al paro señalaron que la demolición del monumento era una victoria que la Alcaldía de Bogotá le daba a la Primera Línea y al Eln, esta demolición era una decisión anunciada desde 2018, como parte de la construcción de la primera línea, pero del metro de Bogotá.

Lo concreto es que la capital de la República vivió en carne propia el paro y un año después siguió viviendo la sacudida social y política que trajo consigo, así como lo muestran los procesos judiciales que enfrentan varios jóvenes por hechos de vandalismo, la transformación del Portal Américas y de Los Héroes y, 11 meses después, de cómo en las urnas se reflejó ese descontento contra el Gobierno Nacional y la administración distrital.