Fugas de centros de reclusión reabren debate del hacinamiento carcelario en Bogotá

La primera alerta de hacinamiento carcelario que se dio en el país fue en 1983, la segunda la dio la Contraloría en 1995 y el pico más fuerte se registró entre el 2003 y 2006.

Foto: Defensoría del Pueblo

En la mañana del pasado 9 de agosto se conoció la fuga de 26 presos de la estación de Policía Santa Fe, ubicada en el barrio La Macarena, en el centro de Bogotá. Hasta el momento, 12 presos fueron recapturados y la Policía está en la búsqueda de los otros 14.

En contexto: Policía captura a 11 de los 26 fugados de la estación de Policía de La Macarena

De acuerdo con el coronel Edwin Castiblanco, comandante operativo número 4, entre los fugados se encuentran dos personas “condenadas por los delitos de homicidio y otros sindicados por los delitos de hurto calificado y agravado”.

La fuga que se registró el martes tendría que ver con el hacinamiento que se presentaba en el lugar. Así lo dijo la Personería de Bogotá, entidad que aseguró que la capacidad máxima de detención estaba siendo superada en un 370 %. Una alerta que hizo esta entidad desde hace tres meses.

Incluso, en su momento, el comandante Eliécer Camacho confirmó que la fuga inició con la afectación y ruptura de los barrotes de la estación. Ya que, a pesar de las adecuaciones a este espacio, el lugar no está preparado para la detención permanente de presos.

Leer: Personería alertó hacinamiento del 370 % en La Macarena previo a fuga de 26 presos

“En esta estación la capacidad máxima de alojamiento para personas detenidas es de 40, y con corte al 8 de agosto de 2022, se encontraban allí 189 personas. Luego de la fuga permanecen allí 173 detenidos, pero el nivel de hacinamiento es del 370 %”, señaló Julián Pinilla Malagón, personero de Bogotá.

Hacinamiento carcelario en Colombia:

En El Espectador conversamos con Andrés Nieto, experto en seguridad, quien compartió el panorama de la capital en cuanto al hacinamiento carcelario. Para él, la crisis carcelaria se está viviendo en todo el país.

“Colombia tiene un cupo de 23,343 espacios para personas que son capturadas. Y la Corte ha dicho que no deberían pasar más de 72 horas en las estaciones o en Unidades de Reacción Inmediata (URI), ya que en ese tiempo se debería definir si se judicializa o si se cierra el proceso de cada una”, señaló Nieto.

Podría interesarle: Caso Saray Sofía: ¿qué enfrenta el hospital La Misericordia con la muerte de la menor?

Es decir, hay sobrepoblación en las cárceles de más del 150 por ciento, porque estos espacios deberían albergar a 8.000 personas, pero hay más de 20 mil. Lo más grave que señala el experto es que “estamos hablando de personas condenadas, donde ya hay una condena sobre ciudadanos que deberían estar privados de la libertad”.

Ausencia del Gobierno nacional en la crisis carcelaria:

Para Nieto, la Policía termina siendo la institución que responde por todo esto, ya que al intentar cumplir con sus labores de capturar, “terminan cuidando personas privadas de la libertad y en las URI a condenados”.

Puede que en el ingreso a las estaciones haya fallos en el control, por lo que se ha registrado armas y otros elementos, sin embargo, “la Policía no debería responder, debería ser el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Gobierno nacional”.

Un ejemplo de esto para el experto es la Cárcel Distrital en el anexo de mujeres, “este no es centro penitenciario, allí no se graban condenas de alta gravedad, es el Gobierno el que tiene ponerle lupa urgente a la crisis carcelaria”.

Lea también: Villa Esperanza: la búsqueda por legalizar un barrio de Soacha

Nieto indica que la primera alerta de hacinamiento carcelario que se dio en el país fue en 1983, la segunda la dio la Contraloría en 1995 y el pico más fuerte se registró entre el 2003 y 2006, en este último comenzó también un problema de salud pública.

“Hoy el Estado no tienen un control de las cárceles, por eso tenemos colchones, comida a la carta, venta de celulares, entre otras cosas, que son ofrecidas por redes ilegales dentro de estas”, agregó Andrés Nieto.

Consecuencias del hacinamiento carcelario en Bogotá:

En cuanto a lo que puede pasar si no se soluciona ya el hacinamiento, es que “estas fugas no solo van a ocurrir en la estación de Policía de Santa Fe de Bogotá, también pasará en las de las localidades de Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Usaquén, Suba y Teusaquillo, las cuales están en las mismas condiciones”, compartió el experto.

Otra de las consecuencias es que la Policía seguirá capturando delincuentes, pero no tendrá en dónde meterlos, y eso es algo que afectará el día a día de la seguridad ciudadana

Lea: Cortes de agua y luz para este jueves 11 de agosto en Bogotá

Por lo tanto, las autoridades tendrán que responder disciplinariamente por este tema. “De seguro iniciarán investigaciones en contra de los policías que estaban el día de la fuga en Santa Fe, pero no es justo que ellos respondan por esta crisis. Se conoce de casos que policías que son destituidos por esto”.

¿Qué pasa con la seguridad cuándo hay fugas?

Cuando huyen los presos no significa que “directamente salgan a delinquir, ellos escapan para evitar cumplir una condena. Y si pasan 72 horas después de la fuga, disminuye la posibilidad de que sean recapturarlos en los próximos 10 días porque cambian en su aspecto físico o se van a otras partes del país, esto ocurre con personas con cargos de homicidio, feminicidio o narcotráfico”.

Sin embargo, en cuanto a las personas acusadas de delitos de menor cuantía, como hurto, “van a salir a hacer de las suyas, ya que el ladrón de a pie se da cuenta de que es fácil escapar de las URI y estaciones, y eso es lo peor que le puede pasar al sistema de justicia: perder la legitimidad”.

Podría interesarle: ¡Campesinos! Abierta convocatoria de $ 4.000 millones para entrega de maquinaria

El hacinamiento y en general la crisis carcelaria no es responsabilidad de la Policía o incluso de las alcaldías, “ya que estas pueden ofrecer recompensas, pero no es una solución de fondo. Quienes deben estar al frente es el Gobierno nacional y el Inpec, un instituto que debe liquidarse, reestructurarse o eliminarse, porque no funciona, y la evidencia de esto no es solo la corrupción al interior de las cárceles, sino del sistema en general”, concluyó Nieto.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.