Cable aéreo La Calera: solución de movilidad que enfrenta reparos por su impacto ambiental

La Calera tiene una estrecha relación con Bogotá. Su cercanía y ubicación le han otorgado un acelerado crecimiento habitacional y comercial, que se mide en los cerca de 54.000 viajes diarios que realizan sus habitantes, donde el 70 % tiene como destino la capital para trabajo o estudio, y más de la mitad lo hace en transporte público.

Ante esta demanda, el corredor Bogotá-La Calera no da abasto. No solo son escasas las vías alternas y la principal se comparte con el transporte de carga, sino que pensar en moverse de manera sostenible (bicicleta o a pie) es un riesgo. Entre 2017 y 2024 hubo casi 490 siniestros viales, de los cuales en 204 hubo víctimas fatales.

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Ante este diagnóstico, la idea de un cable aéreo ha surgido como un proyecto estratégico para mejorar el transporte público y la calidad de vida de quienes a diario viajan a la capital. Esta solución de movilidad regional responde a los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, así como al POT de Bogotá. No obstante, no deja de tener reparos de la comunidad y dudas sobre su impacto ambiental.

Así será el proyecto

Desde 2024 se realizaron 11 trazados o alternativas de cómo conectar La Calera con Bogotá, a través de un transporte público rápido, eficiente y sostenible. El año pasado, tras superar la etapa de prefactibilidad y de medir su costo-beneficio, el cable aéreo se erigió como la mejor opción, por encima de túneles o nuevas vías, “que tendrían mayor impacto sobre los cerros orientales”, según el alcalde municipal, Juan Carlos Hernández.

Con un recorrido de 6,61 kilómetros (el doble del que opera en Ciudad Bolívar), el cable iniciaría en la zona céntrica del casco urbano del municipio; subirá por los cerros orientales hasta una estación pensada con vocación ecoturística, y bajaría a la calle 153 con carrera séptima, para conectar con el futuro Corredor Verde y el Regiotram del Norte. Se estima que cada hora movilizaría 2.546 en hora pico y el recorrido que hoy dura casi 120 minutos en transporte público y 88 en particular, se haría en 20 o 30 minutos.

Actualmente, de acuerdo con Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional-EFR (entidad departamental encargada de gestionar este y otros proyectos como el Regiotram y la extensión de Transmilenio hasta Soacha), el cable se encuentra en etapa de estudios de factibilidad, que avanzan gracias a un convenio interadministrativo, por COP 9.300 millones, que firmaron la EFR, el IDU de Bogotá (aportes de casi 90 %) y la Secretaría de Movilidad del Departamento (quien entregó los estudios de prefactibilidad).

Dicho estudio lo realiza la Financiera de Desarrollo Nacional S. A. —que estuvo detrás de los estudios de factibilidad de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro de Bogotá— y su misión será entregar los diseños detallados de arquitectura, y el análisis socioambiental, así como los costos, la demanda y el presupuesto. De acuerdo con la EFR, al 31 de julio, iba en un 62 % y lo debe entregar el 19 de enero de 2027.

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Con esto, la EFR podrá buscar en 2027 los convenios de cofinanciación. “La Gobernación de Cundinamarca será la primera en aportar recursos, pero no puede financiar sola el proyecto. Por eso, hemos tenido conversaciones con el Gobierno Nacional, que en su línea de trabajo contempla este tipo de proyectos. Si Bogotá nos da aportes, también bienvenidos. Así como también la Alcaldía de La Calera”, mencionó Cely.

Sin embargo, el alcalde del municipio que más se beneficiaría de la iniciativa dijo ante el Concejo que no tendrían cómo aportar, ya que los recursos están concentrados en la intervención de la vía alterna El Triunfo. Por su parte, el IDU respondió a este diario que dependerá de la disponibilidad presupuestal. Con todo lo anterior, el plan es que, luego de superar estos obstáculos, a finales de 2027, se abra el proceso de licitación pública; en 2029 comience la etapa de construcción y, si nada cambia, en 2031 el cable sea una realidad.

Las dudas medioambientales

Como lo mencionamos, la Financiera de Desarrollo Nacional S. A. adelanta, entre otros, un análisis socioambiental del proyecto, pues se localiza dentro de tres importantes áreas de reserva forestal protectora y productora: El Sapo (Represa San Rafael), Cuenca Alta del Río Bogotá, Bosque Oriental y, finalmente, la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales.

De acuerdo con un concepto de compatibilidad con los usos de suelo del Ministerio de Ambiente (8 de julio) conocido por este diario, su construcción no corresponde a una actividad prevista en los planes de manejo vigentes, ni amparada por las actividades de bajo impacto en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. En cuanto a la Cuenca Alta del Río Bogotá, MinAmbiente dijo que el proyecto tampoco se encuentra contemplado dentro de los usos o actividades reguladas e incluso su plan de manejo se encuentra en proceso de formulación.

Sobre la reserva regional El Sapo, la CAR Cundinamarca, responsable del área, determinó una afectación parcial de 9,36 hectáreas, lo cual equivale al 6,87 % de la longitud total del trazado en las categorías de zonificación de preservación, restauración y uso público. “El proyecto no se encuentra expresamente contemplado dentro de las actividades permitidas ni condicionadas definidas para la reserva”, advirtieron. Un impacto físico que, sobre todo, es alarmante en la zona de preservación -donde el manejo está dirigido a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana- pues se vería afectado en un 87,48 % (8.18 ha) del total de la reserva.

En entrevista con El Espectador, el gerente de la Empresa Férrea Regional, Orlando Cely, respondió que el actual trazado fue el que generaba menores afectaciones ambientales. Aun así, reconoció que sí hay “impactos puntuales en cuanto a la localización de las pilonas (o apoyos estructurales), por ejemplo. Algo en lo que ya estamos buscando minimizarlas con diferentes tecnologías”.

Ahora, para tramitar formalmente la sustracción de áreas de la reserva (como es obligatorio ante este contexto) y entregar las medidas de compensación y mitigación que realizarán, dijo que están a la espera de los resultados del estudio de factibilidad. “La CAR nos dijo que debía trabajarse directamente con la ANLA. Con ellos ya hicimos un acercamiento no oficial en función de conocer la documentación que requieren y (confiamos) en que con todos los soportes no encontraremos una desaprobación”, agregó ante la pregunta sobre qué pasaría con los recursos invertidos en caso de no obtener los permisos ambientales.

También hay reparos de la comunidad

Como parte de su deber de socializar con las comunidades involucradas, la Empresa Férrea Regional realizó el sábado 22 de agosto el primer acercamiento con algunos habitantes de la localidad de Usaquén. Orlando Amorocho, abogado y residente de la zona, asistió al encuentro. Como él, Luis Villamil, un líder comunitario de la UPZ San Cristóbal Norte, reclaman que barrios populares como Cerro Norte, Santa Cecilia, El Codito, Buenavista, Soratama y La Mariposa no se ven beneficiados. La futura estación en Bogotá se encuentra a más de media hora y no sería, agregan, una solución para su transporte cotidiano.

Sobre esto, el gerente Orlando Cely respondió que efectivamente se evaluaron trazados entre las calles 200 y 85, pero en los criterios de medioambiente, social y financiero, “siempre pesó más el actual trazado. El más directo y con beneficio de menos tiempo”, explicó.

Ante esto, Villamil pidió que el gobierno distrital entrante priorice los estudios de factibilidad del cable aéreo en la Séptima con 165 (en el sector de La Mariposa) contemplado en el POT de la ciudad. “En lugar de priorizar un cable eminentemente turístico hacia La Calera, se deberían gestionar los recursos fiscales para ejecutar este cable aéreo que beneficie directamente a decenas de barrios populares de la localidad”, reclama el líder comunal.

Dentro de las dudas, destaca también la edilesa de Usaquén, Sandra Cantillo (Alianza Verde), el temor entre los residentes de que la llegada del cable aéreo desate un proceso de especulación inmobiliaria. Temen que, bajo la excusa del megaproyecto, se otorguen licencias para construir grandes edificios residenciales y centros comerciales similares a las torres de North Point en la calle 153, desplazando finalmente a las familias fundadoras de sus propios barrios.

“Lo que tenemos previsto es una estación en unos predios que no generen una gran afectación a lo que hoy hay en esa zona. Ya sabemos cuál es el lugar. Pero en ningún caso este tipo de proyectos ha generado un deterioro urbanístico”, respondió Cely a este cuestionamiento.

Desde el Concejo de La Calera también hubo críticas. Los cabildantes Javier Cifuentes (Pacto Histórico) y José Lucio Guio (Nueva Fuerza Democrática) coinciden en hacer un llamado a la administración para que los futuros comercios alrededor de las estaciones, así como el sendero ecológico, sean administrados por los propios habitantes del municipio o, al menos, se les priorice frente a otras personas que llegarían con mayor oferta económica.

“Debemos revisar muy bien si tenemos las condiciones, como municipio, para soportar la demanda socioambiental cuando se comienza a densificar las zonas cercanas a los cerros”, así cuestionó también Cifuentes.

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Reducir un trayecto de más de dos horas a tan solo 30 minutos entre Bogotá y La Calera es la promesa del proyecto de cable aéreo regional que avanza. Sin embargo, el trazado de 6,6 kilómetros no es ajeno a los cuestionamientos de las comunidades y los impactos medioambientales que deberá evaluar con suma precisión el Gobierno Nacional, para equilibrar esa discutida necesidad entre la movilidad y la preservación de reservas forestales.

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