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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez los resultados de una gruesa investigación contra el homicidio en el departamento de Cundinamarca. Se trata del esclarecimiento de seis casos y la judicialización de una mujer y cinco hombres señalados de homicidio. Los casos investigados ocurrieron en Soacha, Facatativá, Venecia, Fusagasugá y Girardot.
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Los hechos, que se registraron entre febrero y marzo de este año, corresponden a casos aislados pero con patrones comunes como riñas, intolerancia y ataques con armas blancas y de fuego.
Uno de los casos ocurrió el 15 de febrero en el barrio Ciudad Latina de Soacha, donde Rosa Emperatriz Páez Vallejo habría asesinado con arma cortopunzante a otra mujer en medio de una reunión en un establecimiento comercial.
En Facatativá, el 26 de febrero, Luis Saúl Uribe Porras fue judicializado por su presunta participación en el asesinato de un hombre a quien, según la investigación, le disparó en repetidas ocasiones desde una motocicleta mientras se encontraba en vía pública.
Otro hecho se registró el 14 de marzo en la vereda Las Mercedes, en Venecia, donde Raúl Roldad Mora habría atacado con arma blanca a un hombre dentro de un establecimiento comercial, causándole la muerte en un acto de intolerancia.
Ese mismo día, en Fusagasugá, Jeison Esteven Sánchez Velásquez y Esneyder Camilo Valero Méndez estarían implicados en el homicidio de un hombre durante una riña en el barrio Gaitán.
En Girardot, el 19 de marzo, Armando Jiménez Aramendiz fue capturado en flagrancia tras presuntamente herir con un cuchillo a otro hombre en medio de una pelea en vía pública. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció.
Finalmente, el 21 de marzo, en el barrio La Arboleda de Facatativá, Robinson Andrey Maldonado Ciro habría causado la muerte de un hombre tras herirlo con arma blanca en el pecho.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio y homicidio agravado, según su grado de participación. Solo dos de los implicados aceptaron cargos.
En cuanto a las medidas de aseguramiento, cuatro de los judicializados deberán cumplirlas en centro carcelario, mientras que dos recibieron detención domiciliaria.
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Por Redacción Bogotá
