El proceso por la desaparición y muerte de la menor Valeria Afanador, de 10 años, ocurrida en agosto de 2025 en Cajicá, entró en en una nueva etapa tras abrirse un doble frente sancionatorio contra el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Al avance de la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación, se sumó una drástica determinación administrativa: la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento de la institución educativa.
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A través de la Resolución 004627 de junio de 2026, la administración departamental declaró administrativamente responsable al plantel y a su rectora, Sonia Ochoa Daza, por una “infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo”. Aunque la decisión aún no está en firme y la defensa podrá interponer recursos, el fallo ordena que el cese de operaciones se haga efectivo al finalizar el calendario escolar de este año, obligando a las directivas a presentar un plan de reubicación de estudiantes antes del 31 de octubre de 2026.
Señalamientos de omisión siguen bajo la lupa
Esta decisión administrativa se cruza de forma directa con el expediente que coordina la fiscal asignada al caso. Como reveló este diario el pasado 2 de junio, el ente acusador ya tiene listos los elementos para imputar cargos a dos docentes de la institución, al considerar que existen indicios suficientes sobre una presunta responsabilidad penal por el descuido de sus deberes de custodia y vigilancia el día en que la menor desapareció de las instalaciones.
El debate jurídico en los juzgados se concentrará en la figura de la “comisión por omisión”. Dado que Medicina Legal dictaminó que Valeria falleció por ahogamiento en el río Frío y no halló signos de violencia física, la tesis del representante civil de la familia, Julián Quintana, apunta a que el personal del colegio rompió su posición de garante al permitir que la niña abandonara el perímetro escolar sin activar ninguna alerta interna oportuna.
Así las cosas, con la nueva resolución de la Gobernación, el escenario penal contra la directiva del plantel podría endurecerse, ya que el departamento ordenó compulsar copias de todo lo actuado a la Fiscalía para que se evalúe la conducta de la rectora Ochoa.
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Un colegio pegado al río
El otro punto de convergencia entre ambas decisiones es la infraestructura y la ubicación del Gimnasio Campestre Los Laureles. La defensa de la familia ha insistido en que el colegio se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad, edificado a menos de 50 metros de la ronda del río Frío, un afluente que carecía de perímetros de seguridad efectivos para los estudiantes.
Esta cercanía geográfica no solo motivó la sanción de la Gobernación por fallar en los deberes de protección, sino que provocó que la Fiscalía abriera una línea de investigación paralela por un presunto delito ambiental atribuible a las directivas del centro educativo.
Por su parte, la defensa técnica del colegio, liderada por el abogado Francisco Bernate, ha cuestionado la solidez de la imputación penal de la Fiscalía, argumentando fallas en la vinculación temporal de los docentes implicados. Sin embargo, con el cierre administrativo del plantel ya ordenado y el expediente en manos del búnker de la Fiscalía, la institución educativa de Cajicá enfrenta un nuevo frente jurídico en un caso que promete sentar bases sobre los alcances de la seguridad escolar en el país.
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Por Redacción Bogotá
