En un hecho que ha generado amplia atención en redes sociales y medios locales, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre de 27 años tras agredir físicamente a un uniformado en la localidad de Suba, al norte de la capital. El episodio fue grabado en video y ha circulado en plataformas digitales, lo que aceleró la repercusión pública del caso.
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¿Qué pasó?
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero cuando, según la versión oficial, el hombre protagonizó un acto de intolerancia y agresividad contra un agente de la Policía y un vehículo oficial. En las imágenes difundidas se ve cómo el detenido se aproxima al móvil institucional, rompe el espejo lateral y, posteriormente, confronta a un policía que intenta mediar la situación.
Incluso, tras romper el espejo retrovisor de la patrulla, el detenido sufrió cortaduras en su mano que, sin embargo, no le impidieron continuar con su comportamiento violento.
El patrullero sufrió varias heridas en su rostro tras recibir los golpes del agresor, que finalmente fue reducido gracias a la intervención de otros compañeros del uniformado atacado.
¿Qué delitos le imputarán?
Tras su detención, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación.
Tras su detención, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación.
Autoridades han destacado la importancia de este tipo de acciones para preservar la convivencia ciudadana y el respeto por los servidores públicos.
También recalcaron que hechos de intolerancia de este tipo deben ser reportados de inmediato, ya sea a través de los diferentes canales oficiales de denuncia o directamente en el CAI más cercano.
¿A qué pena se enfrenta?
De acuerdo con el Código Penal colombiano, el hombre capturado podría enfrentar una condena de cinco a 10 años de prisión, ya que el delito de violencia contra servidor público —uno de los principales en este caso— contempla penas que pueden rondar entre cuatro y ocho años, especialmente cuando la agresión ocurre contra un uniformado en ejercicio de sus funciones.
A esto se suman los cargos por daño a bienes del Estado y amenazas, que podrían incrementar la sanción final. Además, se trata de un delito que no es conciliable, pues protege la autoridad pública, por lo que el proceso debe continuar en manos de la Fiscalía, aunque el acusado podría acceder a eventuales rebajas de pena mediante preacuerdos o aceptación de cargos.
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Por Redacción Bogotá
