Casa por cárcel para implicados en posible caso de corrupción en el IDU de Bogotá
Un exfuncionario, un contratista y dos interventores habrían concertado prórrogas y adiciones presupuestales a contratos públicos, celebrados en 2016. La maniobra habría generado sobrecostos al Distrito, de por lo menos $5.000 millones. Dos de los cuatro vinculados aceptaron cargos.
-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento, consistente en casa por cárcel, a un exfuncionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), un contratista y dos interventores, investigados por presuntas irregularidades en la contratación de obras de espacio público en Bogotá. El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación (FGN) daría cuenta de las desviaciones de dineros en procesos de adecuación de andenes y puentes en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero.
De acuerdo con las investigaciones, los cuatro procesados habrían concertado realizar prórrogas y adiciones presupuestales al contrato de obra 933 de 2016, por un valor inicial de $12.875 millones, y al contrato de interventoría 934 de 2016, con un valor de $1.880 millones. Según la evidencia recopilada, los presuntos responsables, en común acuerdo, habrían aumentado los tiempos de ejecución y las cantidades de obras sin control ni vigilancia, por parte de la interventoría o del IDU. Las modificaciones realizadas a los documentos públicos, al parecer, representó dinero para los implicados, pero no garantizó la terminación de las obras. Esta actuación habría generado sobrecostos por $5.000 millones y una supuesta apropiación ilícita de $2.550 millones.
(Le puede interesar: Carrusel de la contratación en Bogotá suma un nuevo capítulo)
Los cuatro vinculados a la investigación son:
•Germán Corredor Aguilera: exasesor en calidad de la subdirección de Infraestructuras del IDU. Fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado agravado y cohecho propio. Corredor aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
•Marcos Mafioly Cantillo: director de interventoría. Imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calidicado, prevaricado por acción, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Mafioly no aceptó cargos.
•Julio César Montaño Forero: coordinador de interventoría. Imputado por los mismos delitos de Mafioly Cnantillo. Montaño tampoco aceptó los cargos.
•Tomás Pachón Sánchez: fue el contratista de la obra. Imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza y coche or dar y ofrecer. Pachón aceptó únicamente el delito de cohecho.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados se comprometieron a reparar a las víctimas y devolver los dineros que habrían sido apropiados ilegalmente.
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento, consistente en casa por cárcel, a un exfuncionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), un contratista y dos interventores, investigados por presuntas irregularidades en la contratación de obras de espacio público en Bogotá. El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación (FGN) daría cuenta de las desviaciones de dineros en procesos de adecuación de andenes y puentes en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero.
De acuerdo con las investigaciones, los cuatro procesados habrían concertado realizar prórrogas y adiciones presupuestales al contrato de obra 933 de 2016, por un valor inicial de $12.875 millones, y al contrato de interventoría 934 de 2016, con un valor de $1.880 millones. Según la evidencia recopilada, los presuntos responsables, en común acuerdo, habrían aumentado los tiempos de ejecución y las cantidades de obras sin control ni vigilancia, por parte de la interventoría o del IDU. Las modificaciones realizadas a los documentos públicos, al parecer, representó dinero para los implicados, pero no garantizó la terminación de las obras. Esta actuación habría generado sobrecostos por $5.000 millones y una supuesta apropiación ilícita de $2.550 millones.
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Los cuatro vinculados a la investigación son:
•Germán Corredor Aguilera: exasesor en calidad de la subdirección de Infraestructuras del IDU. Fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado agravado y cohecho propio. Corredor aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
•Marcos Mafioly Cantillo: director de interventoría. Imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calidicado, prevaricado por acción, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Mafioly no aceptó cargos.
•Julio César Montaño Forero: coordinador de interventoría. Imputado por los mismos delitos de Mafioly Cnantillo. Montaño tampoco aceptó los cargos.
•Tomás Pachón Sánchez: fue el contratista de la obra. Imputado por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza y coche or dar y ofrecer. Pachón aceptó únicamente el delito de cohecho.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados se comprometieron a reparar a las víctimas y devolver los dineros que habrían sido apropiados ilegalmente.
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