Opiniones encontradas se han compartido en las diferentes redes sociales, luego de conocer el caso de un hombre que intimidó con un revólver a personas en una zona verde de un conjunto residencial en Suba Compartir, en el occidente de Bogotá.
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Al parecer, su desproporcionada reacción se ocasionó debido a la queja del propietario de una mascota que minutos antes el agresor golpeó pegándole una patada en el rostro. No conforme con lastimar al animal, y frente al descontento de quien estaba paseando al perro, insultó y desenfundó un arma de fuego alegando que no se metieran con él porque “era un exgeneral”.
“El señor le pegó a ‘Lilith’ (el animal de su propiedad) una patada en la cara, a lo que yo reaccione tratándolo mal. Después de eso me responde: “¿Usted no sabe quién soy yo? Soy un exgeneral” y se fue del parque diciendo en un tono amenazador “Ya verá””, narra Dylan González, el afectado.
“A los 5 minutos de este suceso, vuelve al parque diciéndome “¿Entonces como es la vuelta?”. Al darse cuenta de que lo estamos grabando, saca una 38 (revólver) de su pantalón amenazándome y amenazando a las personas que hay alrededor. Nos dice: “No se hagan los hpts conmigo porque les doy plomo””, comenta la víctima.
#BOGOTÁ. Jóvenes le reclamaron a un sujeto por maltratar a un perrito y este los amenazó de muerte con un arma de fuego. El hecho ocurrió la mañana de este martes 24 de may. en cerca al Humedal La Conejera, en Suba Compartir. pic.twitter.com/0Vk5946OfE
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 25, 2022
Esta situación ha vuelto a suscitar el debate de si se debería legalizar o no el porte de armas en el país. Conversación que se ha auspiciado tras la masacre ocurrida el pasado 24 de mayo en Texas, Estados Unidos, que acabó con la vida de 19 niños y 2 maestras.
Cabe mencionar que desde el 2016, en Colombia se prohibió el porte de armas, salvo las excepciones contempladas por la ley (servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de seguridad).
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Sin embargo, en 2021 el representante Christian Garcés y la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, radicaron un proyecto en el Congreso que buscaría inhabilitar la prohibición y permitir nuevamente el porte de armas, lo que implicaría reformar el artículo 41 del decreto 2535 de 1993, que establece los criterios con los que las autoridades pueden suspender el porte de armas.
Aspecto que, según expertos, no garantiza la reducción de delitos; por el contrario, aumenta las probabilidades de que los actos de intolerancia (como el de Suba Compartir) terminen en lesiones personales o asesinatos.
“A nivel internacional se han realizado estudios que demuestran que tener más armas en la calle no genera más seguridad; por el contrario, aumenta el indicador de delitos, de lesiones personales y homicidios. En el caso colombiano hemos tenido más muertes por temas de intolerancia que por el conflicto armado interno. En un país tan violento como el nuestro y con una institucionalidad y una justicia tan débil, el porte masivo de armas aumentaría la violencia y la inseguridad”, afirma Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
En la actualidad en el país existen tres tipos de permisos: el de tenencia, que permite mantener un arma en un inmueble declarado con una vigencia máxima de 10 años; el permiso para porte, que autoriza al titular a llevar consigo un arma y, finalmente, el permiso especial expedido para la protección de misiones diplomáticas o funcionarios extranjeros legalmente acreditados.
En el caso puntual registrado en el occidente de la capital, Rosanía afirma que a pesar de que el hombre se identifique como un exgeneral, sigue sometido a la justicia ordinaria y por ende puede y debe ser sancionado por el flagrante hecho de intolerancia que pudo terminar en tragedia.
Esto de acuerdo con el artículo 365 del Código Penal que establece que: “todo aquel que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus artes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve a doce años”.
No está de más mencionar que, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en lo corrido del 2022 se han reportado 37.093 hurtos a personas, de los cuales 5,890 fueron realizados con armas de fuego.
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