Caso Diego Becerra: se conocerá el fallo por alteración de la escena del crimen

Diego Felipe Becerra fue asesinado por el patrullero de la Policía Wilmer Alarcón el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá.

Luego de tres intentos fallidos, se espera que este 19 de octubre el Juzgado 19 Penal de Bogotá lleve a cabo la audiencia de sentido del fallo contra los coroneles José Javier Vivas, John Harvey Peña y Nelson de Jesús Arévalo, el teniente Rosemberg Madrid y el intendente Juan Carlos Leal, acusados de desviar la investigación del homicidio del grafitero de 17 años Diego Felipe Becerra.

La Fiscalía General de la Nación señaló a los uniformados de la modificación de la escena del crimen del adolescente ocurrida el 19 de agosto de 2011 en el barrio Pontevedra, al norte de Bogotá.

En el caso del coronel John Harvey Peña, lo acusó por los delitos de fraude procesal en calidad de coautor y de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y ocultamiento, alteración o destrucción de materiales probatorios. Hechos que para el ente acusador intentaron inducir a error a funcionarios públicos y favorecer a los uniformados involucrados en la muerte del grafitero.

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El camino para conocer la decisión

Para los padres del joven el proceso para esclarecer el asesinato de su hijo ha estado lleno de dilaciones, pues a pesar de que el juicio oral terminó en diciembre de 2020, la audiencia para la lectura del sentido del fallo se ha postergado desde abril de este año. En esa ocasión, la agenda de los abogados impidió que pudieran asistir, por lo cual se programó para el 19 de agosto. Ese día la juez del caso estaba incapacitada y se citó para el 29 de septiembre.

Sin embargo, para esa fecha el expatrullero Wilmer Alarcón (quien había sido capturado un mes antes) se encontraba en aislamiento. Ante lo cual se reprogramó para el viernes 8 de octubre, sin que se pudiera llevar a cabo por fallas en la conexión en la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido el expolicía.

Las condenas por el homicidio de Becerra

A la fecha, dos personas han sido condenadas por el asesinato de Diego Felipe Becerra. Se trata de dos uniformados de la Policía de Bogotá, el subintendente Nelson Giovanni Tovar y el patrullero Wilmer Alarcón.

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El primero aceptó en diligencia judicial de marzo de 2015 que fue quien consiguió el arma que después fue puesta en el lugar donde murió el artista callejero para inculparlo de haber asaltado un bus de servicio público y así justificar el crimen. Tovar llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a ocho años de prisión en enero de 2017 por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración de material probatorio, favorecimiento, porte ilegal de armas de fuego y falsa denuncia, sentencia que cumple con el beneficio de casa por cárcel por colaborar con la justicia y servir de testigo contra los demás involucrados.

El segundo fue condenado en 2017 a 37 años, 6 meses y 1 día de prisión por el delito de homicidio agravado, pero desde 2016, cuando se conoció que sería condenado, huyó de la justicia y se mantuvo prófugo hasta el pasado 22 de agosto cuando fue capturado en Casanare por hombres del Guala y el CTI. Se encuentra recluido en la cárcel La Picota purgando su condena (confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en mayo de 2021) y esperando el fallo por fraude procesal.

¿Qué sentencia tendrían los otros uniformados?

Luego de que terminara el juicio contra los coroneles José Javier Vivas, John Harvey Peña y Nelson de Jesús Arévalo; el teniente Rosemberg Madrid; el intendente Juan Carlos Leal, y dos civiles, la Fiscalía pidió en sus alegatos de conclusión que se les impusiera la pena máxima de 35 años de prisión por intentar obstruir e inducir a error a la justicia por medio de la alteración de la escena del crimen y de una falsa denuncia hecha por los civiles vinculados al proceso para señalar que Becerra había robado un bus a mano armada.

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Esta hipótesis quedó sin sustento con el dictamen pericial de Medicina Legal que confirmó que esa noche la víctima no manipuló un arma de fuego, como lo señaló en un principio el patrullero Alarcón para sustentar que su vida había estado amenazada por el joven grafitero.

Mientras tanto, el país y la familia del joven esperan que, diez años después, la justicia se pronuncie y pueda haber un punto final en el caso.