Caso Donovan Balanta: ¿qué sigue en el proceso contra los cuatro policías implicados?

La nueva cita judicial llega tras dos extensas jornadas que se desarrollaron la semana pasada. La primera, celebrada el jueves 22 de octubre, comenzó a las 8:30 de la mañana y se prolongó hasta las 7:00 de la noche. Al finalizar, el juez de control de garantías suspendió la diligencia y anunció que continuaría de manera reservada el viernes 23 de octubre, a las 9:00 a. m.

Sin embargo, la audiencia del viernes también se extendió durante varias horas y terminó hacia las 8:00 de la noche sin una decisión sobre la medida de aseguramiento. Por esta razón, el juez dispuso una nueva suspensión y programó la continuación para el lunes 26 de octubre.

Será entonces cuando el despacho judicial determine si acoge la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los cuatro procesados. Esta decisión tendrá carácter preventivo y no establecerá su culpabilidad o inocencia.

Los cuatro policías que enfrentan el proceso judicial

Los investigados son los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, el subintendente Henar Tapiero y el mayor Roque Correa Yáñez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como comandante de la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía les atribuyó los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, aunque con diferentes modalidades de participación según las actuaciones que cada uno habría tenido durante el procedimiento policial del pasado 20 de septiembre.

En el caso del patrullero Giraldo y del mayor Correa, el ente acusador también imputó el delito de falsedad ideológica en documento público, debido a presuntas inconsistencias entre lo consignado en los registros oficiales de la estación y las pruebas recopiladas por los investigadores. Ninguno de los cuatro policías aceptó los cargos.

Según la Fiscalía, Giraldo, de 27 años, habría accionado en repetidas ocasiones una pistola Taser contra Balanta, incluso cuando ya se encontraba esposado y bajo custodia policial.

Por su parte, a Vargas y Tapiero se les atribuyen presuntas agresiones y omisiones frente a su deber de impedir que continuaran los ataques. En cuanto al mayor Correa, la investigación señala que habría permitido que se prolongaran las agresiones dentro de la estación y no habría garantizado el traslado oportuno de Balanta a un centro médico.

¿Qué ocurrió el día de la muerte de Donovan Balanta?

Los hechos se remontan al 20 de septiembre, cuando una discusión entre varias personas en el barrio Caracolí, en los límites de Ciudad Bolívar y Soacha, terminó en un procedimiento policial tras el cual murió el líder comunitario afrodescendiente de 34 años.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la intervención comenzó cuando dos uniformados llegaron al sector tras una discusión entre vecinos. Durante ese primer contacto, uno de los policías habría pronunciado expresiones racistas y amenazantes contra las personas que se encontraban en el lugar.

Minutos después llegaron otras patrullas, luego de que uno de los agentes solicitara apoyo por una presunta riña. En medio de la confrontación apareció Donovan Balanta, quien, según las versiones recopiladas, habría lanzado una botella hacia los uniformados antes de intentar huir.

Los policías lo persiguieron, alcanzaron y esposaron. Sin embargo, la investigación sostiene que, pese a encontrarse reducido y sin oponer resistencia, recibió golpes, patadas y varias descargas eléctricas.

Posteriormente, fue trasladado en un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) hasta la Estación de Policía de Cazucá, donde, según el material probatorio presentado por el ente acusador, las agresiones habrían continuado.

La Fiscalía sostiene que el patrullero Giraldo accionó nuevamente el dispositivo Taser en tres oportunidades contra Balanta, quien permanecía en el suelo, esposado y parcialmente desnudo. Durante la tercera descarga, el mayor Correa habría intervenido para apartar al patrullero.

Los 20 minutos que también investiga la Fiscalía

Otro de los aspectos centrales del expediente es el tiempo que Balanta permaneció en la estación sin recibir atención médica.

Según el ente acusador, el hombre estuvo al menos 20 minutos bajo custodia policial mientras manifestaba dolor en el pecho, dificultades para respirar y pedía que lo trasladaran a un hospital.

Pese a esas solicitudes, el traslado se habría realizado únicamente cuando ya se encontraba inconsciente. Sobre las 3:55 de la tarde, Balanta ingresó al Hospital Cardiovascular de Soacha sin signos vitales, donde se confirmó su fallecimiento.

Precisamente, este episodio también dio lugar a los señalamientos por presunta falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la Fiscalía, el mayor Correa habría registrado en el libro de población de la estación que ordenó el traslado inmediato del detenido a un centro asistencial. No obstante, los investigadores sostienen que las pruebas muestran que la víctima permaneció durante varios minutos en el lugar sin recibir la atención requerida.

El patrullero Giraldo, por su parte, habría consignado en ese mismo registro que durante el procedimiento no se presentaron maltratos y que se respetaron los derechos humanos de Balanta, una versión que el ente acusador considera contraria a las evidencias recopiladas.

En cuanto a la causa de muerte, Medicina Legal consignó una arritmia cardíaca asociada al uso de un dispositivo de conducción eléctrica y clasificó el fallecimiento como violento. Sin embargo, el estudio forense también advirtió que sus hallazgos deben analizarse junto con los demás elementos de la investigación para establecer la relación causal entre las descargas y la muerte.

La decisión que se espera este lunes

Mientras avanza el proceso contra los cuatro uniformados, las autoridades también mantienen pendiente la captura de otro policía señalado de haber participado en los hechos.

Se trata de Naúm Hernando Vergel Lozano, mencionado por la Fiscalía durante la reconstrucción de las presuntas agresiones contra Balanta y sobre quien existe una orden de captura.

Por su parte, la familia del líder comunitario continúa exigiendo justicia y el esclarecimiento de las circunstancias en las que murió mientras permanecía bajo custodia policial.

Con la nueva reprogramación, la atención se concentra ahora en la mañana de este lunes 26 de octubre. Allí se espera que el juez determine si los cuatro policías deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso o si podrán enfrentarlo sin una medida de aseguramiento carcelaria.

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